Desacralizado
Ramón Zurita Sahagún martes 2, Sep 2014De frente y de perfil
Ramón Zurita Sahagún
Fueron muchas décadas en que el Informe Presidencial era esperado por la serie de noticias que contenía el documento que exponía el Presidente de la República en su presentación ante el Congreso de la Unión.
Sorpresas contenidas en el discurso hubo muchas, aunque era mayor la expectación que lo que en realidad se anunciaba.
Es cierto que fue toda una bomba el anuncio de la nacionalización de la banca (estatización), ocurrida el 1 de septiembre de 1982, aunque el rumor de que eso sucedería era muy fuerte.
Se adujo que la nacionalización (estatización) se daba para evitar la fuga de capitales, aunque ésta ya había ocurrido desde febrero de ese año en que se había procedido a una nueva devaluación.
Hay quienes aseguran que políticos y empresarios habían contado con información privilegiada que les permitió sacar una mayor cantidad de recursos económicos del país y que eso contribuyó a la debacle económica y a que el país se presentara casi en bancarrota al cambio de administración.
Aquel informe presidencial de 1982 fue precedido de rumores, filtraciones y chismes que corrían como reguero de pólvora y que hacen mayor la tensión a la espera de que se produjera la llegada del presidente José López Portillo a la sede de San Lázaro. Era la primera ocasión en que un Ejecutivo hacía uso de dicho recinto construido, precisamente en esa administración.
Tradicionalmente, el informe presidencial era entregado a los reporteros que cubrían la fuente de la Secretaría de Gobernación a las doce de la noche, luego de una guardia de varias horas en la sede de Bucareli, en la que se entretenía a los periodistas con una o dos películas sin estreno comercial, para hacer menos tediosa la espera.
Una vez entregado ese documento, los periodistas se trasladaban a sus redacciones, para revisarlo y constatar las sorpresas que pudiera contener.
Esporádicamente, el informe contenía el anuncio de aumento en los impuestos y en el quinto año de gobierno se buscaba que arrojara luz sobre la sucesión presidencial.
Dentro del documento, las cifras sobre crecimiento, recaudación y generación de empleo, eran las más atractivas, aunque el mensaje político, contenido al final del documento era el más esperado, ya que en él se destacaban las rutas a seguir y se lanzaban críticas a quienes, a consideración del Ejecutivo, entorpecían el desarrollo del país.
José López Portillo fue quien principalmente usó esa tribuna para anuncios espectaculares o fuertes condenas.
Con todo y ello, la mañana del 1 de septiembre de 1982, cerca de las diez de la mañana se repartió el documento en la Cámara de Diputados, por lo que los reporteros lo revisamos rápidamente y encontramos el extracto que hablaba de la nacionalización de la banca.
De manera veloz corrimos a la entrada principal del recinto para entrevistar a los banqueros que iniciaban su llegada.
El principal personaje acosado por la prensa fue el entonces presidente de los banqueros Carlos Abedrop Dávila, quien se negó a comentar el hecho, ante la insistencia de los reporteros.
Adujo que no conocía el documento y que tendría que esperar para escucharlo de viva voz y entonces sería cuando daría a conocer un posicionamiento.
Cuando tocó el tema el Ejecutivo federal, la reacción de Abedrop Dávila no se hizo esperar y abandonó sumamente molesto el recinto legislativo, sin esperar siquiera a que terminara la ceremonia.
Lo hizo de inmediato, luego de escuchar las, para él, sacrílegas palabras mencionadas por el Presidente de la República.
Como es ampliamente conocido, dos sexenios más tarde, la medida fue revertida por el gobierno también priísta, Carlos Salinas de Gortari.
Otro suceso reconocido como uno de los más importantes mencionados en un informe de gobierno fue el del 1 de septiembre de 1969, cuando el entonces presidente Gustavo Díaz Ordaz compareció ante el Congreso de la Unión. Fue entonces cuando Díaz Ordaz asumió la responsabilidad de la masacre del 2 de octubre, exonerando de culpas a los entonces secretarios de la Defensa, Marcelino García Barragán; de Gobernación, Luis Echeverría Álvarez y demás autoridades, algunos de ellos encontrados culpables, según una comisión de la verdad, creada años después.
Díaz Ordaz dijo ante los asistentes: “asumo íntegramente la responsabilidad personal, ética, social, jurídica e histórica por las decisiones del gobierno en relación con los sucesos del año pasado”. Se supo entonces que el candidato presidencial del PRI sería Luis Echeverría Álvarez, entonces secretario de Gobernación.
Otro momento recordado durante la lectura de un informe de gobierno fue el sucedido el 1 de septiembre de 1994, en ocasión del sexto informe de Carlos Salinas de Gortari. En ese informe, un momento rescatable es cuando el Ejecutivo federal se refirió a los aspectos económicos y dijo: “Consolidamos diversas fuentes permanentes de ahorro interno, para apoyar el financiamiento de la inversión productiva. El saldo del ahorro financiero en 1988 representaba 29% del PIB, mientras que en 1993 fue de 49%; este año continúa en ascenso”.
La eliminación del déficit público y el fortalecimiento del ahorro financiero permitieron ampliar el financiamiento a los sectores privado y social, que pasó de representar 14% del producto en 1988 a 39% en 1993”.
“La política cambiaria otorgó certidumbre a las decisiones de inversión, contribuyó a disminuir la inflación y mantuvo la competitividad de la economía. En el marco del Pacto para el Bienestar, la Estabilidad y el Crecimiento concertamos un mecanismo de deslizamiento gradual. En noviembre de 1991 eliminamos el control de cambios que se encontraba vigente desde 1982 y de manera simultánea establecimos una banda de flotación del peso frente al dólar”. Con esos datos, nadie se esperaba lo que sucedería menos de cuatro meses después, con la mayor crisis económica que ha vivido el país.