Galería de sinvergüenzas
Freddy Sánchez martes 25, Abr 2017Precios y desprecios
Freddy Sánchez
Los casos de Yarrington y Duarte como figuras relevantes de la corrupción en México, ex gobernadores ambos, sujetos a proceso penal, nos ofrecen plena constancia de dos cuestiones dignas de mención.
La primera, que ante la consumación de ilícitos en el ejercicio público, así se trate de conductas deshonestas de un viejo pasado o reciente, la justicia tiene a la mano el poder para actuar, inexorablemente, contra los responsables.
La segunda, obviamente, que en la lista de rufianes con estafeta gubernamental, no son todos los que están ni están todos los que son.
Porque quienes aparecen bajo la mira de la sociedad como personas que en diversos cargos oficiales cometieron o pudieron cometer toda clase de abusos de poder, obviamente no son los únicos que deberían estar bajo investigación policiaca y quedar expuestos al escrutinio social.
Claro que tal es la cantidad de supuestos pillos sujetos a indagatorias para proceder a su aprehensión como lo están Duarte y Yarrington, que bien podría pensarse que la impunidad ha llegado a su fin en territorio nacional.
Sólo que ésta hipótesis para convertirse en realidad y no mero supuesto, ameritaría que en torno a cada investigación se procediera a dar con cada peso de las fortunas mal habidas de los sospechosos de corrupción, a efecto de su inmediato decomiso y restitución al erario público.
Y es que acumular expedientes sobre indagatorias que involucren a personajes de la vida pública nacional, sean del partido político que sean, (aparte de que en muchos casos jamás se llega a ponerlos tras las rejas, sino que por el contrario siguen metidos en la política orquestando negocios de la corrupción), no basta para proclamar oficialmente que la impunidad se ha terminado en nuestra nación.
Mucho habría que hacer en ese sentido, en particular para desmantelar a cada grupo político y empresarial que se benefició e incluso continúa beneficiándose de una y otra forma de corrupción en el ejercicio de la administración pública.
Así que mientras Yarrington y Duarte, junto con todos los demás ex gobernadores a los que la autoridad judicial está investigando y aquellos que supuestamente fueron investigados y han sido hallados inocentes de delito, sigan teniendo bajo su dominio grandes riquezas y no se demuestre a cabalidad que su enriquecimiento es legítimo y jamás obtuvieron dinero de la corrupción, en el ánimo social persistirá una suspicacia.
La de que las investigaciones se han quedado cortas, fueron hechas para exhibir a unos con el deliberado propósito de encubrir a otros corruptos (unos alejados del amparo del poder y otros bajo su cobijo) o simple y llanamente como algunos lo piensan y declaran se trata de un descarado afán de hacer campaña electoral.
De modo pues que para darle absoluta credibilidad entre la gente a las acciones institucionales contra la corrupción de ex gobernadores, ex legisladores y ex funcionarios de alto nivel, es menester incluir en la indagatorias a los que están en funciones actualmente en puestos oficiales.
Las pesquisas deben abarcar los ejercicios administrativos de todos los que tengan un cargo de alto nivel, sin importar del partido que sean, porque lo que hicieron en el pasado no pocos funcionarios y políticos corruptos con fuero y poder, lo más seguro es que lo estén haciendo impunemente infinidad de pillos en plenas funciones públicas, en el gobierno central, los estatales y las áreas legislativas.
O acaso otra cosa podría pensarse de la conocida y perturbadora galería de sinvergüenzas.