65% de responsables de agresiones a periodistas son funcionarios públicos
Nacional jueves 11, Feb 2010Organizaciones civiles presentan Informe 2009 sobre ataques a la libertad de expresión
En 2009 se registraron 244 agresiones a la libertad de expresión contra periodistas y medios de comunicación en México; 11 periodistas fueron asesinados y uno más permanece desaparecido.
El Informe 2009 de agresiones contra la libertad de expresión en México, presentado por organizaciones civiles como Article 19 y el Centro Nacional de Comunicación Social, revela que ocho de los periodistas asesinados cubrían información policiaca o política local.
De acuerdo con el reporte, 65 por ciento de los presuntos responsables de las agresiones son funcionarios públicos y siete por ciento integrantes o simpatizantes de partidos políticos; aunque en 14 por ciento de los casos no se logró determinar al agresor.
Además, en seis por ciento de las agresiones los grupos del crimen organizado aparecen como supuestos actores responsables, que corresponden a las agresiones más violentas.
De los ataques vinculados a funcionarios públicos casi 60 por ciento fueron presuntamente cometidos por fuerzas de seguridad, donde se incluye a militares y a diversas corporaciones de policía, tanto ministeriales como de seguridad pública.
Por niveles de gobierno, 72 por ciento de los supuestos responsables fueron funcionarios estatales y municipales, detalló Brisa Solís, directora ejecutiva del Centro Nacional de Comunicación Social, quien dio lectura al informe referido. Indicó que los estados con mayor número de agresiones son Oaxaca y Veracruz, donde el patrón que se reproduce es en agresiones hacia medios de cobertura local. Mientras que en el caso de Chihuahua, casi la mitad de las agresiones corresponden a efectivos militares.
Sin embargo, teniendo en cuenta como parámetro la densidad de población y gravedad de las agresiones, sobresalen Durango, con tres asesinatos; Michoacán, un asesinato y una desaparición; Guerrero, dos asesinatos, y Sinaloa, un asesinato y agresiones por parte de militares.
Ante ese panorama, Darío Ramírez, director de Article 19, y Brisa Solís, propusieron crear un comité de protección de periodistas, con la participación del gremio, instancias no gubernamentales y organismos nacionales e internacionales de derechos humanos. Los representantes de las organizaciones mencionadas, también propusieron la reforma y el fortalecimiento de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos cometidos contra Periodistas y federalizar las agresiones a la libertad de expresión.
Crean agencia del MP para delitos contra comunicadores
Luego de que le procurador capitalino firmara el acuerdo para la creación de una fiscalía especializada en delitos contra periodistas, explicó que ésta estará adscrita a la Fiscalía Central de Investigación para la Atención de Asuntos Especiales y Electorales.
En efecto, la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal anunció la creación de la Agencia Especializada para la Atención de Delitos Cometidos en Agravio de los Profesionales de la Comunicación.
La Subprocuraduría Jurídica y de Derechos Humanos de la PGJDF precisó que la nueva instancia estará al servicio de los periodistas, reporteros, fotógrafos, corresponsales y en general a los comunicadores nacionales y extranjeros que ejerzan las actividades inherentes a la comunicación dentro del Distrito Federal.
El Acuerdo prevé que el agente del Ministerio Público, al recibir la denuncia, practique de inmediato las diligencias para recabar la declaración del denunciante, ofendido o víctima y testigo de los hechos.
Se informó que el documento fue enviado a la Consejería Jurídica del Gobierno del Distrito Federal para su aprobación. Posteriormente el organismo estará encargado de publicar el documento en la Gaceta Oficial y será vigente el día posterior a su publicación.
También deberá allegarse de todos los elementos de prueba necesarios para conocer y, en su caso, relacionar la indagatoria de que se trate con otras que tengan similitud en cuanto a la víctima, modus operandi, imputados, o cualquier otra que permita esclarecer los hechos.
Asimismo, se establece la implementación de medidas de protección a favor del profesional de la comunicación agraviado, según el delito de que se trate. Estipula, de igual manera, el brindarle atención psicológica, médica y/o asistencial.
Se explicó que el Instituto de Formación Profesional de la PGJDF comenzará en breve cursos en materia de prevención de los delitos en agravio de los profesionales de la comunicación.