Dolor
Augusto Corro lunes 18, Abr 2011Punto por Punto
Augusto Corro
- Ausencia de autoridad
- Maletas abandonadas
- Sin resultados positivos
La pesadilla continúa y el dolor humano aumenta en los sectores sociales más desprotegidos. Los secuestros en sus diferentes formas, las extorsiones y la muerte son el pan de cada día de miles de mexicanos abandonados a su suerte. Ante la ausencia de autoridades, el crimen organizado se apropia de los territorios. Así, las carreteras y las ciudades, los estados norteños, en primer lugar son fortalezas inexpugnables para policías y soldados. La realidad supera la ficción y México es ahora el país de las fosas comunes, donde son depositados cientos de cuerpos sin vida de personas que osaron transitar por esos caminos sin ley; de migrantes nacionales o extranjeros que pretendían llegar a Estados Unidos.
Hace tiempo, la sociedad mexicana empezó a inquietarse por el número excesivo de personas desaparecidas. Las organizaciones defensoras de los derechos humanos seguían, con atención, las privaciones de la libertad ilegales. Empezaron a exigirles a las autoridades las investigaciones de hechos a todas luces criminales, pero no encontraron respuesta alguna. Los representantes de la ley sólo intervenían cuando se trataba de masacres de decenas de muertos. Un ejemplo: los 72 migrantes plagiados y asesinados en el municipio de San Fernando, Tamaulipas, en agosto del año pasado.
Esa tragedia provocó protestas airadas de países centroamericanos porque la mayoría de los sacrificados eran migrantes originarios de aquellas latitudes. Se evidenciaron las irregularidades de la justicia mexicana y salieron a relucir las injusticias contra aquellos que se arriesgaban a transitar en tierras salvajes. Coludidos narcotraficantes y autoridades optaron por secuestrar, extorsionar y asesinar a los indocumentados extranjeros. Esa historia se repite, interminable, ante el clamor de propios y extraños por la vigencia de leyes migratorias protectoras de los derechos humanos.
Ante la indiferencia de quienes tienen la obligación de brindar seguridad a la población, se empezó a conocer la información, aterradora, de las fosas clandestinas y sus decenas de cadáveres de gente que viajaba en autobuses de la muerte en carreteras cercanas a San Fernando, ese lugar donde fueron asesinados los migrantes citados. “Los Zetas” fueron señalados como los responsables de esta acción criminal. No fue suficiente la fuerza de las autoridades federales, estatales y municipales para combatir a la delincuencia en aquella zona. Los asaltos a los camiones de pasajeros se multiplicaron. Nadie denunciaba y nadie investigaba hasta que por fin, alguien se percató de que la barbarie se encontraba en su pleno apogeo en esa zona de Tamaulipas.
Y se empezaron a conocer las historias de las decenas pasajeros y la suerte que corrieron cuando “Los Zetas” interceptaban los autobuses de la muerte. Los delincuentes se convertían en jueces y verdugos y seleccionaban a las víctimas. Algunas eran violadas, vejadas y extorsionadas, pero ninguna se escapaba de morir. Ya muertas eran trasladadas a la fosa común. Mientras, miles de personas buscaban por todo México a sus esposos, parientes y amigos. No se imaginaban que los desaparecidos se encontraban en tumbas clandestinas.
Ahora, las autoridades tienen su turno para explicar por qué se dejó crecer la inseguridad en esa zona de Tamaulipas, donde todo mundo sabía de la existencia de los asaltantes de carreteras, que actuaban, sin lugar a dudas, en contubernio con las policías. A nadie le interesó el tema de la inseguridad y la delincuencia actuó con impunidad total.
¿Cómo es posible que 400 maletas de pasajeros se encuentren en las bodegas de la terminal de autobuses? ¿Nadie se dio cuenta, a tiempo, de esa acumulación de equipaje sin que alguien lo reclamara? Es posible que durante la presente semana se conozca el origen de esas maletas y si cada una de estas corresponde a un pasajero, se supone que es necesario conocer el paradero del propietario. ¿Son 400 las víctimas de los asaltantes? En tanto, crece el calvario de los familiares de los desaparecidos, quienes van de un lado a otro para lograr su identificación. Es tal el número de cuerpos sin vida que las morgues son insuficientes y fue necesario enviar 72 cadáveres al Distrito Federal.
Ante lo señalado, queda una pregunta: ¿Qué idea tiene el gobierno federal sobre la seguridad? ¿La seguridad debe ser exclusiva de los funcionarios públicos que andan sobrados de guaruras? ¿Los millones de mexicanos no tienen derecho a viajar sin sobresaltos por las carreteras? Las masacres de San Fernando nos dicen que la ingobernabilidad, por lo menos en Tamaulipas, se encuentra en su apogeo, con un individuo que se dice gobernador, Egidio Torre Cantú, quien suplió a su hermano Rodolfo, asesinado por el crimen organizado. La entidad mencionada se convirtió en tierra sin ley y hasta donde se ve, la lucha contra la delincuencia organizada se perdió.
Por cierto, llama la atención los datos proporcionados por el secretario de Hacienda, Ernesto Cordero, sobre el monto de recursos públicos que consume anualmente el gasto de seguridad y que consiste en 200 mil millones de pesos. Dinero que, según vemos, no sirve para contener la ola de violencia que azota al país. La estrategia planteada por el gobierno federal en su lucha contra el crimen organizado no funciona, pero no se quiere reconocer el error. Los recursos económicos son exorbitantes y el número de víctimas crece sin límite alguno. Se habla de que al terminar el presente sexenio, el número de muertos llegue a los 50 mil.
En fin, se destinan más recursos económicos a la guerra contra la delincuencia que a la lucha para erradicar la pobreza extrema de millones de mexicanos. En los dos temas, el gobierno panista federal tiene pruebas contundentes de su fracaso: no hay tranquilidad y sí mucha miseria.