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La \u201ccacer\u00eda de brujas\u201d desatada por el procurador Federal de Protecci\u00f3n al Ambiente, Guillermo Haro B\u00e9lch\u00e9z, sobre funcionarios federales, estatales y municipales que participaron en la emisi\u00f3n de permisos y autorizaciones para el defenestrado megaproyecto Real Estate Dragon Mart Canc\u00fan, se topar\u00e1 moment\u00e1neamente con pared por las resoluciones a favor de los inversionistas promoventes emitidas por el\u00a0Tribunal Superior de Justicia del Estado de Quintana Roo.<\/p>\n
Bajo el t\u00edtulo \u00bfIncinerar\u00e1 el Drag\u00f3n a funcionarios corruptos? esta columna abord\u00f3 el tema el pasado 28 de enero, cuando se\u00f1al\u00e9: \u201ccon la clausura definitiva del proyecto Dragon Mart por parte de la Procuradur\u00eda Federal de Protecci\u00f3n al Ambiente (Profepa) donde la dependencia encabezada por Guillermo Haro B\u00e9lchez tuvo que rehacer expedientes hechos con los dedos torcidos de la ley, hoy est\u00e1n en el banquillo de los acusados funcionarios de pasadas administraciones, como Gabriela Lima Laurents qui\u00e9n era delegada en Quintana Roo de la Secretar\u00eda de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), y tambi\u00e9n Adri\u00e1n Guy Pi\u00f1a Herrera, quien fung\u00eda como delegado de Profepa\u201d.<\/p>\n
A los anteriores funcionarios indiciados en este caso sume usted \u00a0tambi\u00e9n a Juan Pablo Ortega Ceballos, quien autoriz\u00f3 la Manifestaci\u00f3n de Impacto Ambiental (MIA) al megaproyecto de Real Estate Dragon Mart Canc\u00fan cuando era \u00a0titular del Instituto de Impacto y Riesgo Ambiental (INIRA), organismo dependiente de la Secretar\u00eda estatal de Ecolog\u00eda y Medio Ambiente que encabezaba Omar Ra\u00fal Gonz\u00e1lez Castilla, aunque \u201cindependiente\u201d en sus resoluciones.<\/p>\n
En la mira de Profepa que cubre la ruta de irregularidades est\u00e1 el magistrado de la Sala Constitucional y Administrativa del Tribunal Superior de Justicia del estado de Quintana Roo, Jos\u00e9 Manuel \u00c1vila Fern\u00e1ndez y el presidente del mismo tribunal, Fidel Villanueva Rivero.<\/p>\n
Tambi\u00e9n peligra la permanencia de Gonz\u00e1lez Castilla en la Secretar\u00eda de Medio Ambiente y Recursos Naturales, toda vez que actualmente es el delegado de la dependencia \u00a0en Quintana Roo, sobre todo porque la \u00a0Procuradur\u00eda Federal de Protecci\u00f3n al Ambiente (Profepa) solicit\u00f3 al \u00d3rgano Interno de Control de la Semarnat, que investigue y suspenda temporalmente a servidores p\u00fablicos de su delegaci\u00f3n federal en la entidad, que participaron en las resoluciones administrativas en materia de impacto ambiental y forestal a favor del proyecto Dragon Mart Canc\u00fan.<\/p>\n
Por separado, adem\u00e1s, Haro B\u00e9lchez\u00a0pidi\u00f3 al gobierno de Quintana Roo y al ayuntamiento de Benito Ju\u00e1rez que revisen de manera exhaustiva todas y cada una de las autorizaciones otorgadas al proyecto Dragon Mart Canc\u00fan, a fin de constatar su legalidad y deslindar en funci\u00f3n de sus atribuciones, las responsabilidades legales correspondientes.<\/p>\n
La solicitud extendida al presidente municipal de Benito Ju\u00e1rez, Paul Carrillo de C\u00e1ceres, para tal deslinde, enfrentar\u00e1 la sentencia de car\u00e1cter definitivo que emiti\u00f3 la Sala Constitucional y Administrativa del TSJ de\u00a0agosto del 2013, misma que oblig\u00f3 a las autoridades del Ayuntamiento de Benito Ju\u00e1rez a otorgarle licencia de construcci\u00f3n al proyecto chino-mexicano, so pena de desacato, conforme la resoluci\u00f3n SCA\/A\/109\/2013.<\/p>\n
La Sala Constitucional y Administrativa determin\u00f3 declarar la resoluci\u00f3n Afirmativa Ficta, al considerar que \u201cla negativa resoluci\u00f3n\u201d dictada por la Secretar\u00eda\u00a0municipal de Ecolog\u00eda y Desarrollo Urbano no fue legalmente notificada dentro del plazo previsto en la reglamentaci\u00f3n municipal aplicable. En junio de 2013, la Secretar\u00eda de Ecolog\u00eda y Desarrollo Urbano hab\u00eda rechazado aprobar la licencia de construcci\u00f3n para el proyecto Dragon Mart, luego de una consulta p\u00fablica en la que participaron colegios de profesionistas, universidades, intelectuales, grupos de la sociedad civil y agrupaciones ambientalistas.<\/p>\n
Ante la negativa, los promotores del Dragon Mart presentaron un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Quintana Roo, en la que pidieron un fallo con Afirmativa Ficta, mismo que obtuvieron alegando que el ayuntamiento excedi\u00f3 plazos marcados por\u00a0 ley para dar respuesta a la solicitud.<\/p>\n
Meses antes, en diciembre de 2012, Dragon Mart hab\u00eda obtenido\u00a0la aprobaci\u00f3n de la Manifestaci\u00f3n de Impacto Ambiental (MIA) que autoriz\u00f3 el Instituto de Impacto y Riesgo Ambiental (Inira) de la Secretar\u00eda de Medio Ambiente en el estado.<\/p>\n
Esto gener\u00f3 airadas reacciones de agrupaciones ambientalistas. El Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda) promovi\u00f3 un amparo contra el proyecto y pidi\u00f3 a la Secretar\u00eda local de Medio Ambiente no intervenir en un tema ajeno la competencia estatal.<\/p>\n
\u201cDragon Mart debe ser analizado por la Secretar\u00eda de Medio Ambiente y Recursos Naturales del gobierno federal\u201d, expres\u00f3 en su momento el Cemda y ya ven lo que pas\u00f3, la Profepa\u00a0 tuvo que llevarse el expediente a la capital del pa\u00eds para lograr la clausura definitiva de este megaproyecto.<\/p>\n
Ahora, toca el turno del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (TFJFA), donde la Profepa interpuso dos juicios de lesividad para obtener la nulidad de las respectivas actuaciones, porque resultan cuestionables desde el punto de vista jur\u00eddico.<\/p>\n
Para Guillermo Haro es inobjetable que un grupo de funcionarios en activo y ex funcionarios de la delegaci\u00f3n federal de la Profepa en Quintana Roo, eximieron indebidamente al Proyecto Dragon Mart de responsabilidad en materia de impacto ambiental y forestal.<\/p>\n
As\u00ed, las resoluciones de la delegaci\u00f3n federal de la Profepa en Quintana Roo en noviembre de 2012 fueron emitidas sin exhaustividad ni rigor t\u00e9cnico-jur\u00eddico, para determinar que la legislaci\u00f3n ambiental federal resultaba aplicable al predio \u201cEl Tuc\u00e1n\u201d por su calidad de terreno forestal.<\/p>\n
Por eso, en los comunicados dirigidos al gobernador Roberto Borge Angulo y el adil Paul Michel Carrillo, el Procurador Haro B\u00e9lchez solicita que ambas autoridades inicien, en facultad de sus atribuciones, los procedimientos administrativos para la revocaci\u00f3n, modificaci\u00f3n, suspensi\u00f3n o cancelaci\u00f3n de las autorizaciones, permisos o licencias otorgadas al citado proyecto.<\/p>\n
En ese contexto, Haro B\u00e9lchez solicit\u00f3 al gobernador y al mun\u00edcipe\u00a0que en caso de comprobar la existencia de inconsistencias en la emisi\u00f3n de dichas autorizaciones, realicen las acciones pertinentes conforme a derecho y se deslinden las responsabilidades legales correspondientes, pero esto ser\u00e1 motivo de an\u00e1lisis en otra entrega en punto de la Hora 14<\/em><\/strong>.<\/p>\n