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Interesante informaci\u00f3n da a conocer Integralia, cuyo director general es Luis Carlos Ugalde, sobre el trabajo de la LXII Legislatura que concluy\u00f3 el d\u00eda \u00faltimo de agosto.<\/p>\n
Se\u00f1ala que durante el periodo septiembre 2013-abril 2014, el trabajo legislativo estuvo marcado por la aprobaci\u00f3n de varias reformas constitucionales y legales incluidas en el Pacto por M\u00e9xico, destacando la Pol\u00edtico-Electoral, la de Competencia Econ\u00f3mica, la de Telecomunicaciones y la Energ\u00e9tica. Algunas de ellas son un gran logro del Congreso y es probable que tengan un impacto significativo en el desarrollo democr\u00e1tico, social y econ\u00f3mico del pa\u00eds en las siguientes d\u00e9cadas.<\/p>\n
No obstante, se\u00f1ala el documento, los logros arriba mencionados no eximen al Poder Legislativo de enfrentar y atender sus deficiencias institucionales: (1) Mejorar el trabajo de las comisiones; (2) crear mecanismos eficientes de fiscalizaci\u00f3n y control de los recursos econ\u00f3micos ejercidos, y (3) fortalecer los mecanismos de transparencia y rendici\u00f3n de cuentas.<\/p>\n
Por supuesto, es importante considerar que el \u00faltimo a\u00f1o de la LXII Legislatura ofrece una oportunidad para aprobar importantes pendientes en la agenda legislativa, como lo son la creaci\u00f3n de la Comisi\u00f3n Nacional Anticorrupci\u00f3n y la elaboraci\u00f3n y aprobaci\u00f3n de las leyes secundarias derivadas de la reforma constitucional en materia de transparencia.<\/p>\n
Es de resaltar que existen \u00e1reas de opacidad importantes en la ejecuci\u00f3n de los recursos econ\u00f3micos por parte de los poderes legislativos por cuatro causas principales: (1) inexistencia de la informaci\u00f3n; (2) falta de fuentes homog\u00e9neas de consulta; (3) falta de mecanismos y protocolos homog\u00e9neos en las unidades de enlace para la atenci\u00f3n de solicitudes de informaci\u00f3n, y (4) en algunos casos la informaci\u00f3n no se proporciona de manera expedita.<\/p>\n
En cuanto al sistema de comisiones, sigue incumpliendo con las reglas b\u00e1sicas para su funcionamiento:<\/p>\n
Entre las conclusiones que ofrece el reporte, destaca que existe un grave problema de transparencia y acceso a la informaci\u00f3n p\u00fablica de los poderes legislativos en el \u00e1mbito local, particularmente en t\u00e9rminos de los presupuestos que aprueban y ejercen para s\u00ed mismos.<\/p>\n
De cuatro posibles formas de acceder a esta informaci\u00f3n, s\u00f3lo dos demostraron un nivel aceptable de orden y sistematizaci\u00f3n: los informes de la cuenta p\u00fablica estatal y los diarios oficiales que contienen los presupuestos anuales de egresos. En este primer estudio descriptivo se pudo cuantificar el costo de la actividad legislativa en el \u00e1mbito nacional de 2002 a 2014: 141,913.4 millones de pesos en el \u00e1mbito local y 135,886.44 millones de pesos en el federal. De dicho monto, la ALDF y el Congreso del Estado de M\u00e9xico han concentrado 23.3% del total de los recursos (33 mil 133.4 millones de pesos). Quintana Roo es el estado que ha predominado a trav\u00e9s de los a\u00f1os como el que mayor presupuesto asigna a su Congreso respecto a cada 100 mil habitantes. Por otro lado Puebla es el estado que, en proporci\u00f3n respecto a sus habitantes, asigna el menor presupuesto a su Congreso. Cabe destacar que el Congreso del Estado de M\u00e9xico, a pesar de ser el segundo de mayor volumen presupuestal en el pa\u00eds, al convertir sus datos por cada 100 mil habitantes, es de los que menos presupuesto asigna, contrario a lo que sucede con la ALDF. No existe informaci\u00f3n suficiente para determinar si el presupuesto aprobado por cada Congreso representa o no la cifra \u00f3ptima para su funcionamiento, operaci\u00f3n y gesti\u00f3n. Sin embargo, se pudo observar que el presupuesto de los congresos locales no es afectado por el tama\u00f1o de la poblaci\u00f3n.<\/p>\n