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Las concesiones mineras otorgadas a empresas tanto nacionales como internacionales se empalman con al menos 42% de los n\u00facleos agrarios forestales que hay en nuestro pa\u00eds.<\/p>\n
Este es uno de los hallazgos encontrados por el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible, que con apoyo de Cartocr\u00edtica, hizo un an\u00e1lisis espacial de las concesiones y asignaciones mineras (de ahora en adelante concesiones) vigentes a diciembre de 2015.<\/p>\n
Esta revisi\u00f3n evidencia la creciente amenaza que la actividad minera representa para las comunidades y ejidos forestales, sus medios de vida y sus territorios.<\/p>\n
\u201cLas concesiones mineras han crecido considerablemente sobre \u00e1reas forestales de uso com\u00fan, \u00e1reas de aprovechamiento maderable, \u00e1reas naturales protegidas y \u00e1reas que reciben pago por servicios ambientales, lo que coloca a las comunidades en una posici\u00f3n de vulnerabilidad.<\/p>\n
Si de por s\u00ed, la intervenci\u00f3n gubernamental en las regiones forestales ha debilitado las iniciativas comunitarias de manejo sostenible de los recursos naturales, la miner\u00eda como actividad preferente desestima y complica las estrategias de vida en las regiones\u201d, afirm\u00f3 Sergio Madrid, director del consejo referido.<\/p>\n
En M\u00e9xico hay 64.5 millones de hect\u00e1reas de bosques y selvas, de las cuales el 22.56% se encuentra concesionado o asignado para el desarrollo de actividades mineras.<\/p>\n
Si bien las concesiones mineras no necesariamente implican un proyecto minero en producci\u00f3n, el acto de autoridad de otorgar una concesi\u00f3n sobre un territorio atenta en s\u00ed mismo contra los derechos de los leg\u00edtimos propietarios de la tierra y genera una enorme incertidumbre, impactando las estrategias de manejo y uso por parte de la poblaci\u00f3n local.<\/p>\n
Los estados con mayor superficie forestal concesionada son Jalisco, Chihuahua, Durango, Sonora y Sinaloa, alcanzando en conjunto 8.4 millones de hect\u00e1reas. En los casos de Jalisco, Sonora y Sinaloa la superficie concesionada representa m\u00e1s de 40% de la superficie forestal de cada estado.<\/p>\n
Los medios de vida de cientos de comunidades se ver\u00edan afectados si las concesiones otorgadas pasaran a una fase de producci\u00f3n. De los 11,843 n\u00facleos agrarios forestales que tiene nuestro pa\u00eds, 4,997, (42%), tienen una fracci\u00f3n de su territorio concesionado, situaci\u00f3n que afecta a cerca de 8 millones de hect\u00e1reas de los bosques y selvas de propiedad social.<\/p>\n
En estados como Sinaloa y Jalisco m\u00e1s del 50% de los territorios de propiedad social cubiertos por bosques est\u00e1n concesionados a empresas mineras.<\/p>\n
Los derechos que tienen las comunidades y ejidos sobre la tierra est\u00e1n establecidos en diferentes instrumentos legales nacionales e internacionales, entre ellos: a) la Ley Agraria, que reconoce la propiedad que tienen los ejidos y comunidades sobre su territorio; b) el art\u00edculo 2\u00b0 Constitucional, que establece la libre determinaci\u00f3n de los pueblos ind\u00edgenas; y c) el art\u00edculo 6\u00b0 del Convenio de la OIT, que establece la necesidad de consultar a los pueblos ind\u00edgenas ante medidas administrativas o legislativas que pudieran afectarles directamente.<\/p>\n
No obstante, en las regiones forestales los derechos de las comunidades est\u00e1n siendo violentados pues los proyectos extractivos avanzan y se les niega el derecho a otorgar (o no) su consentimiento libre, previo e informado sobre los mismos.<\/p>\n
Existen m\u00faltiples ejemplos de lo anterior: la disputa entre el pueblo Wix\u00e1rika y la empresa First Majestic Silver Corp por una mina que afecta un sitio sagrado de su territorio; la disputa entre las comunidades de la Sierra Norte de Puebla y la minera Almaden Minerals, entre muchos m\u00e1s.<\/p>\n
En M\u00e9xico contamos con un marco legal que obliga a las autoridades a respetar los derechos de los pueblos ind\u00edgenas y comunidades equiparables.<\/p>\n
Sin embargo, mineras y gobierno impulsan proyectos mineros sin importar que se vulneren los derechos de las comunidades locales.<\/p>\n
El an\u00e1lisis de capas de informaci\u00f3n evidencia que el gobierno contin\u00faa impulsando pol\u00edticas p\u00fablicas desarticuladas sin un planteamiento de desarrollo regional, sectorizadas, en la que cada instituci\u00f3n avanza en sus propias metas sin una estrategia integral que permita avanzar hacia la sustentabilidad.<\/p>\n
Las concesiones mineras se traslapan con las \u00c1reas Naturales Protegidas (ANP), con predios que reciben un Pago por Servicios Ambientales (PSA) y con predios que tienen aprovechamiento forestal maderable (AFM).<\/p>\n
En el caso de las pol\u00edticas de conservaci\u00f3n y protecci\u00f3n forestal, resulta que 434,483 hect\u00e1reas de bosques inscritos en el programa de Pago por Servicios Ambientales (PSA) tambi\u00e9n est\u00e1n concesionadas a la miner\u00eda. Jalisco y Sinaloa tienen concesiones en m\u00e1s del 40% de la superficie que est\u00e1 en el PSA.<\/p>\n
Mientras tanto, en las ANP hay cerca de 4 millones de hect\u00e1reas que se traslapan con concesiones mineras y se tienen registrados al menos 42 proyectos extractivos en las ANP.<\/p>\n
Las concesiones mineras sobre territorios forestales son un tema de enorme relevancia tanto por los riesgos de afectaci\u00f3n de derechos a los propietarios como por sus posibles impactos sobre las actividades econ\u00f3micas de las comunidades.<\/p>\n
En M\u00e9xico hay 12.6 millones de hect\u00e1reas bajo aprovechamiento forestal; sin embargo, cerca de 3 millones de hect\u00e1reas, es decir, 23% se empalman con concesiones mineras. Los estados con mayor afectaci\u00f3n son: Baja California, Coahuila, Baja California Sur, Jalisco y Chihuahua. Existen 72 proyectos mineros que ya est\u00e1n en fase de exploraci\u00f3n, desarrollo o explotaci\u00f3n en \u00e1reas de aprovechamiento forestal maderable.<\/p>\n
En Chihuahua y Durango, estados que ocupan los primeros lugares por su producci\u00f3n forestal maderable con actividades productivas administradas por empresas ejidales, existe una fuerte sobreposici\u00f3n entre la superficie bajo \u201cprograma de aprovechamiento forestal\u201d y la superficie concesionada a mineras.<\/p>\n
En Chihuahua esa sobreposici\u00f3n representa 22% y en Durango, 24%. La presi\u00f3n de la miner\u00eda en estas entidades es muy fuerte, por sus importantes yacimientos de metales preciosos como oro, plata y cobre.<\/p>\n
Muchos de los ejidos forestales afectados llevan m\u00e1s de 25 a\u00f1os aprovechando de manera sustentable sus bosques. Incluso, algunos de los ejidos afectados tienen un manejo forestal sobresaliente por el que lograron obtener la certificaci\u00f3n FSC.<\/p>\n
Esta certificaci\u00f3n se otorga a empresas, ejidos o comunidades que realizan un manejo forestal bajo est\u00e1ndares internacionales, tomando en consideraci\u00f3n aspectos ambientales, sociales y econ\u00f3micos.<\/p>\n
M\u00e1s cifras confirman la falta de alineaci\u00f3n de las pol\u00edticas p\u00fablicas: en una misma \u00e1rea, unas instituciones promueven la conservaci\u00f3n y el uso sustentable y otras promueven actividades extractivistas. Los datos hablan por s\u00ed solos: se traslapan 3,742 concesiones en \u00e1reas de aprovechamiento forestal maderable; 2,521 en ANP federales y 1,243 en \u00e1reas con PSA.<\/p>\n
Llama la atenci\u00f3n la poca o nula informaci\u00f3n que el gobierno da sobre estos temas. Los bosques y selvas de M\u00e9xico son mayoritariamente propiedad de ejidos y comunidades.<\/p>\n
Sus territorios han sido titulados y respaldados por m\u00faltiples decretos presidenciales, son sus leg\u00edtimos due\u00f1os y, sin embargo, m\u00e1s de 8 millones de hect\u00e1reas de sus tierras fueron concesionados a la miner\u00eda. La mayor\u00eda de estos ejidos y comunidades desconocen su situaci\u00f3n o encuentran trabas para acceder a informaci\u00f3n sobre las concesiones otorgadas en su territorio.<\/p>\n
Si bien los datos generales de una concesi\u00f3n pueden ser consultados, para acceder a m\u00e1s informaci\u00f3n se cobran derechos. Esto genera una relaci\u00f3n asim\u00e9trica, al poner la informaci\u00f3n al servicio de quien puede pagarla.<\/p>\n
De acuerdo con un diagn\u00f3stico de transparencia elaborado en 2015 por Fundar y otras organizaciones, entre las causas de la opacidad sobre las concesiones mineras est\u00e1n: la confidencialidad, la inexistencia de datos econ\u00f3micos de los concesionarios, la dispersi\u00f3n de la informaci\u00f3n y la asimetr\u00eda en el acceso a la informaci\u00f3n.<\/p>\n
La miner\u00eda es una actividad de alto impacto que representa un enorme riesgo para las comunidades y ejidos forestales de M\u00e9xico. Aunque no todas las concesiones tienen un proyecto de explotaci\u00f3n inmediato, s\u00ed abren la posibilidad de coartar en el mediano o largo plazo los derechos y medios de vida de los campesinos que habitan esos territorios. Los bosques y selvas se conservan gracias al esfuerzo y el trabajo de estos ejidos y comunidades. Es necesario que los logros alcanzados en los pasados 30 a\u00f1os no sufran un retroceso ante la presi\u00f3n de la miner\u00eda.<\/p>\n
Actualmente existen m\u00faltiples conflictos socioambientales en M\u00e9xico por proyectos mineros, de infraestructura y de hidrocarburos, entre otros.<\/p>\n
Es evidente que el trabajo y los derechos de las comunidades y ejidos son poco valorados, lo cual est\u00e1 generando un clima de enfrentamiento, adem\u00e1s de procesos de degradaci\u00f3n de los ecosistemas forestales.<\/p>\n
El Consejo Civil Mexicano hace un llamado a las organizaciones sociales a impulsar una estrategia de defensa de los territorios forestales comunitarios poniendo especial atenci\u00f3n a:<\/p>\n
El Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible es una asociaci\u00f3n civil no lucrativa formada por personas y organizaciones; lleva 24 a\u00f1os trabajando directamente en campo con comunidades de diversos estados del pa\u00eds para impulsar el manejo forestal comunitario. Su misi\u00f3n es contribuir a mejorar las condiciones de vida y de participaci\u00f3n de las comunidades rurales que viven en regiones forestales; pero lo anterior ser\u00e1 motivo de posterior an\u00e1lisis en otra entrega de Hora 14<\/em><\/strong>.<\/p>\n