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De la delincuencia no nos sorprende nada, o casi nada, pero s\u00ed de la facilidad con la que son capaces de realizar unas \u00a13.7 millones! de llamadas al a\u00f1o desde las c\u00e1rceles, seguramente con la tolerancia de las autoridades penitenciarias.<\/p>\n
De acuerdo con el diputado panista Jorge Luis Preciado Rodr\u00edguez, la delincuencia organizada realiza ese elevado n\u00famero de llamadas desde tel\u00e9fonos celulares y casetas fijas en penales federales y estatales, las cuales en su mayor\u00eda son para extorsionar, con base en un informe del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).<\/p>\n
Ante esta situaci\u00f3n, plate\u00f3 sancionar hasta con 4% de sus ingresos a concesionarias que incumplan con obligaci\u00f3n de bloquear las se\u00f1ales de telefon\u00eda celular.<\/p>\n
La Comisi\u00f3n de Comunicaciones y Transportes analiza reformas a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusi\u00f3n, a fin de establecer con claridad las sanciones para las concesionarias telef\u00f3nicas que incumplan con la obligaci\u00f3n de bloquear las llamadas provenientes de los centros penitenciarios.<\/p>\n
La iniciativa impulsada por el diputado Preciado Rodr\u00edguez, plantea crear un cap\u00edtulo denominado \u201cSanciones en materia de Seguridad y Justicia\u201d, a fin de considerar una multa equivalente de 1.1 a 4% de los ingresos del concesionario o autorizado que no cumpla con dicha obligaci\u00f3n, y en caso de reincidencia revocarle la concesi\u00f3n.<\/p>\n
El legislador destaca que el Comit\u00e9 Especializado de Estudios de Investigaci\u00f3n en Telecomunicaciones expone que cada semana, en un solo penal, se realizan hasta 219 mil 700 llamadas y en algunos centros penitenciarios estatales se hacen en siete d\u00edas m\u00e1s de 43 mil llamadas, usando solamente 90 equipos, y en federales m\u00e1s de 19 mil, con igual n\u00famero de equipos.<\/p>\n
Este panorama, \u201crevela la notoria falta de cumplimiento con la obligaci\u00f3n contenida en la fracci\u00f3n VIII del art\u00edculo 190 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusi\u00f3n\u201d.<\/p>\n
Dicho ordenamiento precisa que los concesionarios de telecomunicaciones deber\u00e1n colaborar con las autoridades competentes, para que, en el \u00e1mbito t\u00e9cnico-operativo, se cancelen o anulen, de manera permanente, las se\u00f1ales de telefon\u00eda celular, de radiocomunicaci\u00f3n o de transmisi\u00f3n de datos o imagen, dentro del per\u00edmetro de los centros de readaptaci\u00f3n social, establecimientos penitenciarios o de internamiento para menores, ya sean federales o de las entidades federativas, cualquiera que sea su denominaci\u00f3n.<\/p>\n
Preciado Rodr\u00edguez argumenta que las concesionarias tienen el deber de bloquear las llamadas que salgan de los centros de readaptaci\u00f3n social y penitenciarios, pero no se satisface a cabalidad y el IFT tiene la responsabilidad de exigirles la observancia de este compromiso o, en caso contrario, \u201ctomar la medidas necesarias para que se d\u00e9 cumplimiento a lo mandatado por la ley, lo que traer\u00eda consigo la disminuci\u00f3n considerable, a medio plazo, de la extorsi\u00f3n por medio de llamadas telef\u00f3nicas\u201d.<\/p>\n
Actualmente no pasa nada con las empresas de telefon\u00eda que incumplen la ley\u2026<\/p>\n
Segob y el caso de refugiados <\/strong>\u2028<\/strong><\/p>\n Todas las solicitudes para obtener la condici\u00f3n de refugiado en el pa\u00eds deben tener respuesta eficaz por parte de la Secretar\u00eda de Gobernaci\u00f3n, se\u00f1al\u00f3 el diputado\u00a0Ulises Garc\u00eda Soto, de Morena, secretario de la Comisi\u00f3n de Asuntos Migratorios, qui\u00e9n plante\u00f3 que la dependencia debe implementar mecanismos que respondan a dichas solicitudes que presenten migrantes centroamericanos en la Comisi\u00f3n Mexicana de Ayuda a Refugiados.<\/p>\n Pidi\u00f3, adem\u00e1s que la Segob realice y fortalezca programas para la integraci\u00f3n y el pleno reconocimiento del Estado mexicano de los migrantes que decidan quedarse en nuestro pa\u00eds, a trav\u00e9s de su petici\u00f3n de refugio, a fin de garantizar sus derechos humanos y laborales y el acceso a todos los servicios de bienestar social.<\/p>\n En un punto de acuerdo turnado a la Comisi\u00f3n de Asuntos Migratorios, para dictamen, se\u00f1al\u00f3 la necesidad de una estrecha coordinaci\u00f3n entre los tres \u00f3rdenes de gobierno, en particular con las entidades que presentan mayor incidencia de flujos migratorios, para asegurarles la protecci\u00f3n y respeto de sus derechos, conforme a la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica y los tratados internacionales firmados por M\u00e9xico.<\/p>\n