<\/p>\n
Un estudio realizado sobre el estado de Derecho en el pa\u00eds, revela que \u201cninguna de las 32 entidades tiene una calificaci\u00f3n perfecta y que en una escala entre el 0 y 1, el promedio nacional es de apenas 0.39\u201d.<\/p>\n
El estado de Derecho, seg\u00fan la Organizaci\u00f3n de Naciones Unidas, puede definirse como \u201cun principio de gobernanza en el que todas las personas, instituciones y entidades, p\u00fablicas y privadas, incluido el propio Estado, est\u00e1n sometidas a leyes que se promulgan p\u00fablicamente, se hacen cumplir por igual y se aplican con independencia, adem\u00e1s de ser compatibles con las normas y principios internacionales de derechos humanos\u201d.<\/p>\n
A\u00fan m\u00e1s, \u201cexige que se adopten medidas para garantizar el respeto de los principios de primac\u00eda de la ley, igualdad ante la ley, separaci\u00f3n de poderes, participaci\u00f3n en la adopci\u00f3n de decisiones, legalidad, no arbitrariedad, y transparencia procesal y legal\u201d.<\/p>\n
Dicho lo anterior, el \u00cdndice Estado de Derecho en M\u00e9xico. Perspectivas y Experiencias, en este su primer estudio subnacional realizado por World Justice Project (Proyecto de Justicia Mundial), utiliz\u00f3 informaci\u00f3n de primera mano al escuchar las voces de miles de personas en zonas urbanas y rurales de las 32 entidades del territorio nacional.<\/p>\n
En una encuesta aplicada a 25 mil 600 ciudadanos (800 en cada estado), de encuestas aplicadas a m\u00e1s de mil 500 abogados y expertos en derecho penal, derecho civil, derecho laboral y salud p\u00fablica, y de informaci\u00f3n generada por otras instituciones.<\/p>\n
De acuerdo con el estudio, el \u00edndice mide el estado de Derecho en M\u00e9xico mediante ocho factores: L\u00edmites al poder gubernamental, Ausencia de corrupci\u00f3n, Gobierno abierto, Derechos fundamentales, Orden y seguridad, Cumplimiento regulatorio, Justicia civil y la Justicia penal. Estos son algunos de los hallazgos m\u00e1s relevantes del \u00edndice:<\/p>\n
Ninguna entidad de la Rep\u00fablica tiene una puntuaci\u00f3n perfecta en estado de Derecho, la mayor puntuaci\u00f3n alcanza apenas el 0.45.<\/p>\n
Los tres estados mejor calificados en estado de Derecho son Yucat\u00e1n (0.45), Aguascalientes (0.44) y Zacatecas (0.44). En contraste, las tres entidades con peor puntuaci\u00f3n son Guerrero (0.29), Baja California Sur (0.35) y el Estado de M\u00e9xico (0.36).<\/p>\n
Por factores, el promedio nacional del \u00edndice es:<\/p>\n
L\u00edmites al poder gubernamental: 0.41.<\/p>\n
Ausencia de corrupci\u00f3n: 0.35.<\/p>\n
Gobierno abierto: 0.38.<\/p>\n
Derechos fundamentales: 0.50.<\/p>\n
Orden y seguridad: 0.40.<\/p>\n
Cumplimiento regulatorio: 0.36.<\/p>\n
Justicia Justicia penal: 0.38.<\/p>\n
Asimismo, las entidades con mayor cumplimiento en cada uno de los ocho factores del \u00cdndice de Estado de Derecho en M\u00e9xico 2018 son:<\/p>\n
L\u00edmites al poder gubernamental: Nuevo Le\u00f3n (0.48), Campeche (0.47), Aguascalientes (0.46).<\/p>\n
Ausencia de corrupci\u00f3n: Quer\u00e9taro, Zacatecas, Guanajuato, todos con una puntuaci\u00f3n de 0.42.<\/p>\n
Gobierno abierto: Ciudad de M\u00e9xico (0.51), Guanajuato (0.48), Jalisco (0.45).<\/p>\n
Derechos fundamentales: Aguascalientes (0.56), Nuevo Le\u00f3n (0.54), Quer\u00e9taro (0.53).<\/p>\n
Orden y seguridad: Yucat\u00e1n (0.77), Coahuila (0.61), Durango (0.59).<\/p>\n
Cumplimiento regulatorio: Baja California (0.49), Quer\u00e9taro (0.43), Zacatecas (0.42).<\/p>\n
Justicia civil: Baja California, Zacatecas, Coahuila, con puntajes de 0.46, 0.46 y 0.44, respectivamente.<\/p>\n
Justicia penal: Quer\u00e9taro (0.46), Zacatecas (0.44), Aguascalientes (0.43).<\/p>\n
Coordinaci\u00f3n entre poderes<\/strong><\/p>\n Las audiencias p\u00fablicas sobre la reforma laboral siguen arrojando informaci\u00f3n valiosa. Por ejemplo, el diputado Jes\u00fas Baldenebro consider\u00f3 indispensable coordinar el trabajo de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, a fin de no vulnerar los derechos de las y los trabajadores del pa\u00eds.<\/p>\n Y es que, seg\u00fan dijo, han observado que las Juntas de Conciliaci\u00f3n \u201cest\u00e1n repletas de demandas\u201d, por lo que es necesario conjuntar esfuerzos para que ya no suceda.<\/p>\n Durante su participaci\u00f3n, en su calidad de presidente de la Comisi\u00f3n de Trabajo, destac\u00f3 que quien est\u00e9 a cargo de los \u00f3rganos conciliadores no debe ser ciego ante las necesidades de los empleados y sobre todo los sindicatos\u2026<\/p>\n A\u00f1adi\u00f3 que \u201ctoda ley es perfectible, pero estar aqu\u00ed obedece a la decisi\u00f3n de que M\u00e9xico requiere un cambio en materia laboral y los legisladores tenemos la tarea de escuchar a los trabajadores, pero tambi\u00e9n a los patrones, para nutrir las iniciativas y votar de manera responsable\u201d.<\/p>\n La diputada Margarita Garc\u00eda Garc\u00eda (del PT) sostuvo que \u201cviv\u00edamos en un M\u00e9xico corrupto que inclu\u00eda a la C\u00e1mara de Diputados y los congresos locales aprobaban reformas a espaldas de los trabajadores, pero ha quedado demostrado que el pueblo estaba harto de la impunidad\u201d.<\/p>\n Como contraparte, Jorge Domingo Viveros, representante de la Asociaci\u00f3n Nacional de Abogados Democr\u00e1ticos, estim\u00f3 que la iniciativa es lesiva para los trabajadores y tiene que revisarse en su totalidad, no por art\u00edculo. \u201cLa propuesta, como est\u00e1, enfatiz\u00f3, deja a los trabajadores en aras del derecho privado\u201d.<\/p>\n Otra de las voces fue la del secretario de la Confederaci\u00f3n de C\u00e1maras Nacionales de Comercio Servicios y Turismo, Enrique Octavio Garc\u00eda M\u00e9ndez, quien se\u00f1al\u00f3 que \u201clos empresarios requieren de la protecci\u00f3n y acceso a la justicia pronta y expedita que ahora se hace realidad con la participaci\u00f3n de las audiencias p\u00fablicas. Explic\u00f3 que gran parte del organismo representa a los micro, peque\u00f1o y mediano empresarios que son 55 por ciento del PIB y el 60 por ciento del empleo formal de nuestro pa\u00eds.<\/p>\n