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Todo un problema se ha vuelto el despojo de sus viviendas a trabajadores por parte del Infonavit.<\/p>\n
Por esta raz\u00f3n, el diputado Evaristo Lenin P\u00e9rez Rivera, de Acci\u00f3n Nacional, en su calidad de secretario de la Comisi\u00f3n del Trabajo y Previsi\u00f3n Social, plante\u00f3 exhortar al Ejecutivo federal a intervenir ante la queja de miles de trabajadores que han sido despojados injustamente de su patrimonio.<\/p>\n
El legislador present\u00f3 un punto de acuerdo, que fue turnado a la Comisi\u00f3n de Vivienda, mediante el cual exhorta a la Fiscal\u00eda General de la Rep\u00fablica a investigar el fraude por el cual les fueron despojadas sus viviendas a 300 mil trabajadores, a trav\u00e9s de juicios irregulares.<\/p>\n
Se busca, se\u00f1al\u00f3, anular las adjudicaciones que se hicieron de manera irregular en favor del Instituto y que \u201clas viviendas regresen a los trabajadores, a quienes les fueron arrebatadas\u201d.<\/p>\n
Tambi\u00e9n a tomar las medidas necesarias para dar soluci\u00f3n a los trabajadores a los que les fueron vendidas en remate las viviendas y emprender las acciones correspondientes, con el objetivo de evitar actos de corrupci\u00f3n dentro del Instituto.<\/p>\n
El legislador argument\u00f3 que \u201cdichos juicios fueron posibles gracias a una red de corrupci\u00f3n en la que se ven involucrados funcionarios del poder judicial, trabajadores del Infonavit y despachos de abogados\u201d.<\/p>\n
Explic\u00f3 que la forma de operar consiste en detectar a los derechohabientes que dejan de pagar sus casas, iniciar un juicio expr\u00e9s del que no tienen conocimiento los propietarios, para posteriormente adjudicar nuevamente la propiedad al Infonavit y finalmente volverla a vender. \u2028 Los trabajadores v\u00edctimas nunca tienen conocimiento de la controversia, no son notificados y, por tanto, no tienen la posibilidad de defenderse.<\/p>\n
Refiri\u00f3 que, de acuerdo con el subdirector general de Administraci\u00f3n de Cartera del Infonavit, Bernardo Altamirano Rodr\u00edguez, de 2014 a 2018, 259 mil 906 cr\u00e9ditos en cartera vencida fueron llevados a juicios masivos, de los cuales 38% de ellos fue procesado desde juzgados en Coahuila y otro gran n\u00famero en Nayarit.<\/p>\n
Dijo que entre 2013 y 2018, en Nayarit, se llevaron a cabo 60 mil juicios falsos de manera expr\u00e9s para adjudicar nuevamente al Instituto viviendas de manera irregular.<\/p>\n
El Fiscal del estado, Petronilo D\u00edaz Ponce, considera que es \u201cla mayor simulaci\u00f3n jur\u00eddica en la historia del Estado\u201d, pues para notificar a los demandados de diferentes partes del pa\u00eds, se utilizaba un domicilio falso en la ciudad donde estaba el juez que llev\u00f3 los casos, pero esos domicilios correspond\u00edan a empleados del poder judicial de Nayarit.<\/p>\n
Educaci\u00f3n a privados de su libertad<\/strong><\/p>\n \u00a0<\/strong>La diputada de Morena, Leticia D\u00edaz Aguilar, propuso exhortar a la Secretar\u00eda de Seguridad P\u00fablica y a la Comisi\u00f3n Nacional de Seguridad, a garantizar, respetar, promover y proteger el derecho a la educaci\u00f3n de adolescentes privados de su libertad en centros de internamiento.<\/p>\n D\u00edaz Aguilar, integrante de la Comisi\u00f3n de Derechos de la Ni\u00f1ez y Adolescencia de la C\u00e1mara baja, resalt\u00f3 la importancia de que el derecho a la educaci\u00f3n sea garantizado y respetado por el Estado\u00a0 para los adolescentes privados de su libertad y as\u00ed lograr su reinserci\u00f3n a la sociedad y procurar que no vuelvan a delinquir.<\/p>\n Dijo que de acuerdo con el \u201cestudio de factores de riesgo y victimizaci\u00f3n en adolescentes que cometieron delitos de alto impacto en M\u00e9xico\u201d (elaborado por Reinserta, A.C.), hasta septiembre de 2017 en M\u00e9xico hab\u00edan seis mil 144 adolescentes en conflicto con la ley, de los cuales mil 512 cumplen una medida privativa de libertad.<\/p>\n Indica que, 36.8% est\u00e1n privados de la libertad por homicidio, 27% por robo y 18.2% por actos contra la libertad.<\/p>\n Sin embargo, aclara que dicho estudio s\u00f3lo recolect\u00f3 datos de 502 adolescentes de 10 entidades federativas: estado de M\u00e9xico, Ciudad de M\u00e9xico, Yucat\u00e1n, Michoac\u00e1n, Puebla, Tabasco, Guerrero, Veracruz, Nuevo Le\u00f3n y Sinaloa.<\/p>\n En cuanto al nivel educativo, se\u00f1al\u00f3 la legisladora que antes de ingresar al centro de internamiento, el 27.9% concluy\u00f3 la primaria; 21.3% dijo tener la secundaria incompleta y 20.4% report\u00f3 haberla concluido.<\/p>\n Subray\u00f3 que lo anterior permite concluir que s\u00f3lo 26.3% de los adolescentes privados de su libertad hab\u00edan terminado su educaci\u00f3n b\u00e1sica, mientras que 73.7% no hab\u00eda concluido este nivel educativo.<\/p>\n El an\u00e1lisis tambi\u00e9n se\u00f1ala que el 92.3% de estos j\u00f3venes estudia mientras cumple su medida de sanci\u00f3n; por el contrario, el 7.8% se\u00f1al\u00f3 no hacerlo.<\/p>\n Mediante un punto de acuerdo, remitido a la Comisi\u00f3n de Derechos de la Ni\u00f1ez y Adolescencia, la diputada manifest\u00f3 que de acuerdo con el art\u00edculo 51 de la Ley del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, establece el derecho a la educaci\u00f3n de los adolescentes a cursar el nivel educativo que les corresponda.<\/p>\n En este contexto reiter\u00f3 la importancia de que el derecho a la educaci\u00f3n de los adolescentes privados de su libertad en los centros de internamiento sea garantizado y respetado por el Estado.<\/p>\n