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La propuesta del diputado Eleazar Rubio Aldar\u00e1n, de sancionar a los hospitales privados que incrementan de manera abusiva sus precios ante la emergencia sanitaria, parece una buena idea, pero\u2026<\/p>\n
El problema est\u00e1 en que a la Procuradur\u00eda Federal del Consumidor no le van a alcanzar sus inspectores para verificar qu\u00e9 no est\u00e9n abusando de quienes tienen necesidad de ser atendidos en esos lugares.<\/p>\n
Muchos consideran que la atenci\u00f3n a los contagiados por Covid-19 o cualquier otra enfermedad es mejor que en los del sector p\u00fablico.<\/p>\n
El diputado Rubio Aldar\u00e1n dice que la emergencia sanitaria por la pandemia de coronavirus ha sido utilizada por algunos hospitales privados para cobrar precios exorbitantes en sus servicios.<\/p>\n
Aqu\u00ed el problema no es para quienes pueden pagar ese tipo de servicio m\u00e9dico sino para aquellos cuyos recursos son limitados.<\/p>\n
Ante esta situaci\u00f3n, Rubio Aldar\u00e1n considera que la Profeco debe intensificar las verificaciones a los establecimientos de salud privados que incurran en irregularidades en la atenci\u00f3n a pacientes con Covid-19 y en caso de detectar abusos en sus precios se inicie el procedimiento para sancionarlos\u201d.<\/p>\n
Si bien es cierto que se trata de hospitales privados, tambi\u00e9n lo es que en emergencias sanitarias se deben establecer pol\u00edticas p\u00fablicas que protejan a la ciudadan\u00eda.<\/p>\n
Agrega que es necesario prevenir este tipo de conductas cada vez m\u00e1s recurrentes, con la creaci\u00f3n de un tipo penal que atienda esta problem\u00e1tica que vive la sociedad en esta ciudad.<\/p>\n
Para ello, se propone sancionar hasta con 10 a\u00f1os de prisi\u00f3n a los directores, encargados o administradores de cualquier hospital -p\u00fablico o privado-, donde se preste atenci\u00f3n m\u00e9dica con precios abusivos.<\/p>\n
Deben frenar fiestas en la CDMX, \u00a1ya!<\/strong>\u2028<\/strong><\/p>\n Es urgente evitar que contin\u00faen los contagios de Covid-19 en la capital del pa\u00eds, pero todo queda en un desesperado llamado al que las autoridades no han querido hacer caso.<\/p>\n Este martes se solicit\u00f3 al Invea (Instituto de Verificaci\u00f3n Administrativa)<\/p>\n intensificar inspecciones a los establecimientos mercantiles con giro de restaurantes ubicados en las alcald\u00edas Coyoac\u00e1n y Benito Ju\u00e1rez y, en caso de incumplir con las medidas de sanidad establecidas, se emitan las sanciones correspondientes.<\/p>\n El objetivo es evitar al m\u00e1ximo la propagaci\u00f3n del coronavirus, como se\u00f1al\u00f3 la diputada Leticia Varela, quien present\u00f3 un punto de acuerdo para exhortar a los titulares de esas demarcaciones, Manuel Negrete y Santiago Taboada, respectivamente, a que implementen las acciones necesarias para impedir que se sigan llevando a cabo reuniones en casas particulares y en algunos restaurantes que se encuentran en las demarcaciones territoriales y que no respetan el l\u00edmite de asistencia permitido por las autoridades.<\/p>\n En la propuesta turnada a la Comisi\u00f3n de Alcald\u00edas y L\u00edmites Territoriales para su an\u00e1lisis y dictaminaci\u00f3n, la legisladora denunci\u00f3 que pese a la implementaci\u00f3n de las medidas establecidas por el gobierno central para el resguardo de los habitantes de cada alcald\u00eda, \u201cse han recibido varias denuncias de vecinos que refieren que se organizan fiestas tanto en domicilios particulares como en algunos restaurantes, sin respetar el porcentaje de asistentes establecido, ni la sana distancia, es decir, no se est\u00e1 respetando las restricciones establecidas\u201d.<\/p>\n Licencia laboral por violencia de g\u00e9nero<\/strong>\u2028<\/strong><\/p>\n Para garantizar los derechos laborales a las mujeres v\u00edctimas de violencia de g\u00e9nero, la diputada Paula Soto Maldonado, present\u00f3 la propuesta de iniciativa ante el Congreso de la Uni\u00f3n con proyecto de decreto por el que se reforma el art\u00edculo 165 y se adiciona el art\u00edculo 168 bis, de la Ley Federal del Trabajo, en materia de licencia laboral por violencia contra las mujeres.<\/p>\n Durante la presentaci\u00f3n de la iniciativa, Soto explic\u00f3 que las mujeres v\u00edctimas de violencia que han sido acreedoras a determinadas medidas de protecci\u00f3n para salvaguardar su integridad y la de sus hijas e hijos, se ven orilladas en muchos casos a dejar sus empleos, debido al tiempo que les demanda la soluci\u00f3n de su conflicto y la atenci\u00f3n de sus circunstancias actuales.<\/p>\n Agreg\u00f3 que \u201cconciliar las labores de cuidado incluyendo el propio, con los deberes laborales y adem\u00e1s correr por sus vidas, se vuelve irrealizable en muchos de los casos, sobre todo cuando no cuentan con el apoyo y comprensi\u00f3n de su lugares de trabajo\u201d.<\/p>\n De acuerdo al Instituto Nacional de Estad\u00edstica y Geograf\u00eda (Inegi), el 59.4% de las mujeres declar\u00f3 haber sufrido diferentes tipos de violencia en su \u00faltima uni\u00f3n sentimental, por lo que se estima que al a\u00f1o, cada mujer perdi\u00f3 treinta d\u00edas de trabajo remunerado y 28 d\u00edas de trabajo no remunerado a causa de la violencia, lo que representa un monto varios millones de pesos.<\/p>\n La diputada Soto, quien es presidenta de la Comisi\u00f3n de Igualdad de G\u00e9nero en el Congreso local, dijo que, por desgracia, estas faltas llegan a ser consideradas como motivo de despido por parte de las personas empleadoras, agravando a\u00fan m\u00e1s la situaci\u00f3n de las mujeres v\u00edctimas de violencia, quienes al quedarse sin ese ingreso econ\u00f3mico, alejarse de su agresor o su ambiente violento, es m\u00e1s dif\u00edcil.<\/p>\n