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La reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusi\u00f3n para recrear el Registro de Usuarios de Telefon\u00eda M\u00f3vil, aprobada este martes en la C\u00e1mara de Senadores es, para los integrantes de la Coparmex\u00a0 de la CDMX, \u201cuna se\u00f1al de riesgo que enfrentan los valores democr\u00e1ticos del pa\u00eds; representa una amenaza a los datos personales de la ciudadan\u00eda y viola diversos preceptos constitucionales\u201d.<\/p>\n
El proyecto, que se aprob\u00f3 con 54 votos a favor, 49 en contra y 10 abstenciones, busca frenar los delitos como la extorsi\u00f3n y secuestros que, en muchos casos, se cometen con la utilizaci\u00f3n de tel\u00e9fonos celulares, argument\u00f3 el Senado de la Rep\u00fablica.<\/p>\n
Empero, para el presidente de la Coparmex, Armando Z\u00fa\u00f1iga Salinas, preocupa porque el Registro de Usuarios aprobado repite los errores cometidos en regulaciones previas con las mismas caracter\u00edsticas las cuales, lejos de combatir la inseguridad y la extorsi\u00f3n telef\u00f3nica, generaron m\u00e1s riesgos para la ciudadan\u00eda y derivaron en el aumento de esos y otros delitos nuevos derivados de las disposiciones del Registro.<\/p>\n
Recordemos lo que sucedi\u00f3 con el famoso Renave, un instrumento a cargo del gobierno de M\u00e9xico, creado bajo la presidencia de Ernesto Zedillo mediante la llamada \u201cLey del Registro Nacional de Veh\u00edculos\u201d.\u200b<\/p>\n
El Renave tendr\u00eda una base de datos (propiedad del gobierno federal) que contuviera las caracter\u00edsticas f\u00edsicas y legales de cada veh\u00edculo que fuera fabricado, importado o en circulaci\u00f3n dentro del territorio mexicano a fin de contener la desmedida importaci\u00f3n de autom\u00f3viles y\/o el robo de los mismos.<\/p>\n
Adem\u00e1s, las autoridades fiscales deber\u00edan exigir la inscripci\u00f3n de cada veh\u00edculo al momento del pago de los impuestos federales relacionados con este.<\/p>\n
Al final termin\u00f3 en fracaso debido a los riesgos que implicaba.<\/p>\n
Por la misma raz\u00f3n, porque supone un riesgo, en la Coparmex capitalina lamentaron que la mayor\u00eda de las y los senadores desatendieron las razones t\u00e9cnicas, jur\u00eddicas y econ\u00f3micas expuestas por los especialistas y sus compa\u00f1eros legisladores, quienes han se\u00f1alado reiteradamente que el Registro de Usuarios de Telefon\u00eda en los t\u00e9rminos en los que fue planteado \u201cviola los derechos humanos de los usuarios\u201d.<\/p>\n
Explic\u00f3 Z\u00fa\u00f1iga Salinas:<\/p>\n
\u00ac Viola el principio de presunci\u00f3n de inocencia al asumir que la persona responsable de una l\u00ednea registrada, autom\u00e1ticamente ser\u00e1 responsable por cualquier delito asociado a un n\u00famero que podr\u00eda ser utilizado por cualquier persona.<\/p>\n
\u00ac La creaci\u00f3n de un registro cuyo manejo ser\u00e1 altamente sensible por la naturaleza de los datos biom\u00e9tricos que contendr\u00e1, cualquier filtraci\u00f3n o acceso no autorizado representar\u00eda una seria violaci\u00f3n a la privacidad de la ciudadan\u00eda de forma irreversible y que podr\u00eda poner en riesgo incluso su patrimonio por ser informaci\u00f3n que se utiliza para proteger su acceso a cuentas bancarias y sistemas financieros.<\/p>\n
\u00ac Limita el derecho a la libertad de expresi\u00f3n de los ciudadanos, al limitar su capacidad de comunicarse por tratarse de una pol\u00edtica orientada al control y vigilancia de la poblaci\u00f3n.<\/p>\n
\u00ac Incrementa la brecha digital y limita el acceso a la comunicaci\u00f3n de grupos vulnerables y marginados, al imponer nuevas barreras al acceso de l\u00edneas telef\u00f3nicas y ordenar la cancelaci\u00f3n de las l\u00edneas cuyos usuarios no se registren.<\/p>\n
\u00ac Atenta contra el mandato constitucional de que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones sin mandato escrito de una autoridad competente, y representa una violaci\u00f3n al mandato de los art\u00edculos 189 y 190 de la Ley Federal de Comunicaciones que obliga a los operadores de telecomunicaciones a colaborar con las instancias de seguridad, procuraci\u00f3n y administraci\u00f3n de justicia y proporcionar diversa informaci\u00f3n de los usuarios de telecomunicaciones, previo mandamiento por escrito, fundado y motivado de la autoridad competente.<\/p>\n
\u00ac Viola la irretroactividad de la Ley, sancionando a usuarios a acatar normas que no estaban vigentes en la fecha de la contrataci\u00f3n de su servicio bajo la pena de cancelar su l\u00ednea telef\u00f3nica.<\/p>\n
La adopci\u00f3n de este tipo de medidas, no son dignas de un gobierno democr\u00e1tico y plural, y s\u00f3lo pueden ser interpretadas como una nueva se\u00f1al del riesgo que enfrentan los valores democr\u00e1ticos en nuestro pa\u00eds.<\/p>\n
Por eso desde el Centro Empresarial de la Ciudad de M\u00e9xico hacen un llamado al Poder Ejecutivo para que revise con cuidado el proyecto y sus implicaciones antes de publicarlo en el Diario Oficial.<\/p>\n