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Mientras est\u00e1 a la espera de que las votaciones del domingo venidero le consoliden una mayor\u00eda calificada en la C\u00e1mara de Diputados para poder emprender nuevas reformas constitucionales, la llamada Cuarta Transformaci\u00f3n tiene que soportar que sus anteriores cambios queden sin efecto, precisamente porque contravienen lo establecido en nuestra llamada Carta Magna.<\/p>\n
En ese \u00ednterin, los que son exhibidos como supuestos villanos son los jueces federales que conceden amparos a particulares y empresas que se consideran afectadas por esas reformas que les cambiaron las reglas de juego sobre las cuales planearon y realizaron sus inversiones.<\/p>\n
Esto es particularmente efectivo en el caso de Petr\u00f3leos Mexicanos (Pemex) y a la Comisi\u00f3n Federal de Electricidad (CFE), las dos grandes empresas nacionales en materia de energ\u00e9ticos, que deben respetar los principios de libre mercado, aprobadas en anteriores sexenios precisamente con la finalidad de atraer inversiones privadas en la explotaci\u00f3n de hidrocarburos y en la generaci\u00f3n de electricidad para los cuales no ten\u00edan capacidad esas instituciones ni el gobierno federal.<\/p>\n
Con la suspensi\u00f3n definitiva o provisional de las reformas impulsadas por la llamada Cuarta Transformaci\u00f3n (Morena y sat\u00e9lites), por ejemplo, Pemex debe cumplir con las reformas de 2014 que le obligan a vender parte de sus productos a empresas particulares que a su vez los llevan hasta los consumidores finales, por lo cual obtiene una utilidad. CFE, por su parte, est\u00e1 obligada a comprar la energ\u00eda generada por plantas de energ\u00eda limpia propiedad de particulares, nacionales y extranjeros, proceso que en opini\u00f3n del presidente Andr\u00e9s Manuel L\u00f3pez Obrador y sus colaboradores imponen una excesiva carga financiera a la empresa nacional, que as\u00ed no tiene capacidad para reinvertir y mejorar o crear nuevas plantas generadoras.<\/p>\n
Se trata de los jueces federales Juan Pablo G\u00f3mez Fierro y Rodrigo de la Peza L\u00f3pez Figueroa \u2014titulares, respectivamente, de los juzgados segundo y primero de distrito especializados en competencia econ\u00f3mica, telecomunicaciones y radiodifusi\u00f3n\u2014 los cuales concedieron suspensiones contra la Ley de Hidrocarburos (LH) y el acuerdo de la Comisi\u00f3n Reguladora de Energ\u00eda (CRE), conocido como \u201cLey Nahle\u201d, con lo cuales el gobierno de la llamada Cuarta Transformaci\u00f3n pretend\u00eda revertir la anterior reforma energ\u00e9tica, en particular el sistema de \u201cregulaci\u00f3n asim\u00e9trica\u201d que se impuso Pemex debido a que se le atribuye un efecto monop\u00f3lico en el mercado de combustibles.<\/p>\n
Lo peor es que, al contrario de lo usual en materia de amparo, que era proteger s\u00f3lo a persona f\u00edsica o moral que interpon\u00eda la demanda, en este caso los jueces determinaron que suspensi\u00f3n de la aplicaci\u00f3n de las leyes impugnadas tuviera aplicaci\u00f3n general.<\/p>\n
Especialistas en Derecho Constitucional estiman que, cuando estos amparos sean revisados a fondo, los ministro de la Suprema Corte de Justicia dar\u00e1n la raz\u00f3n a los jueces de distrito porque las normas combatidas contradicen principios constitucionales y la \u00fanica salida que tendr\u00e1 el gobierno del presidente L\u00f3pez Obrador es ordenar a sus huestes en el Congreso de la Uni\u00f3n emprender una nueva reforma a la Carta Magna.<\/p>\n
Para ello, la llamada 4T requiere de una mayor\u00eda calificada que deber\u00e1 provenir de las votaciones del domingo venidero. En el Senado, el coordinador de la bancada de Morena, Ricardo Monreal, tendr\u00e1 que hacer efectivas las negociaciones que ya lleva adelantadas para romper el bloque de contenci\u00f3n y conquistar el respaldo de legisladores de oposici\u00f3n de que debe preservarse la posici\u00f3n dominante de Pemex y CFE.<\/p>\n
La Cofece intentar\u00e1 anular pr\u00e1cticas monop\u00f3licas<\/strong><\/p>\n El aspecto legislativo y las eventuales reformas constitucionales no constituyen el \u00fanico frente en el esfuerzo por conseguir que operen realmente los mecanismos reguladores derivados de la verdadera libre competencia. Tambi\u00e9n se debe impedir que otros agentes econ\u00f3micos aprovechen en su beneficio los controles que se han impuesto a la empresa petrolera nacional.<\/p>\n En este sentido, es de tenerse en cuenta el anuncio de la Comisi\u00f3n Federal de Competencia Econ\u00f3mica (Cofece) \u2014uno de los repudiados organismos aut\u00f3nomos por parte del presidente L\u00f3pez Obrador\u2014 de realizar una investigaci\u00f3n acerca de supuestas pr\u00e1cticas monop\u00f3licas de las empresas privadas que surten de gas LP a los hogares en gran parte de la Rep\u00fablica.<\/p>\n De acuerdo con denuncias recibidas por las autoridades, las empresas del ramo, en vez de competir con mejores precios, se han amafiado para repartirse sectores del mercado y para fijar los precios de venta al p\u00fablico, a fin de asegurarse altas utilidades.<\/p>\n \u201cEl mercado materia de la declaratoria est\u00e1 relacionado con la venta de gas LP mediante recipientes port\u00e1tiles (cilindros) y auto tanques (pipas), que surten a los domicilios y negocios que cuentan con tanques estacionarios. Por tanto, excluye la distribuci\u00f3n por medio de ductos\u201d, dice un comunicado de la Cofece en donde informa de esta verificaci\u00f3n.<\/p>\n \u201cEsta investigaci\u00f3n se inicia de oficio, derivado de la actividad de monitoreo de los precios en ese mercado, y es independiente y distinta a otros procedimientos que actualmente tramita la Comisi\u00f3n en esta industria. Por un lado, est\u00e1 en la etapa de procedimiento seguido en forma de juicio, es decir ya hay imputados que iniciaron su proceso de defensa, un expediente por la posible realizaci\u00f3n de pr\u00e1cticas monop\u00f3licas absolutas consistentes en acuerdos para manipular precios o repartirse el mercado de la distribuci\u00f3n y comercializaci\u00f3n de gas LP en el pa\u00eds. Por otro lado, se encuentra en tr\u00e1mite una investigaci\u00f3n por la posible realizaci\u00f3n de pr\u00e1cticas de abuso de poder en la importaci\u00f3n, comercializaci\u00f3n, transporte, almacenamiento, distribuci\u00f3n y expendio al p\u00fablico de dicho combustible\u201d, a\u00f1ade el comunicado.<\/p>\n \u00bfAceptar\u00e1 la Corte ampliar el periodo de su presidente?<\/p>\n Otro tema pendiente para los ministros de la Suprema Corte de Justicia tiene que ver directamente con la conducci\u00f3n interna de ese m\u00e1ximo tribunal.<\/p>\n Se trata de la llamada \u201cLey Zald\u00edvar\u201d, el art\u00edculo transitorio introducido de \u00faltima hora por \u201cmorenos y asociados\u201d al aprobarse la reforma al Poder Judicial, por el cual se conceden dos a\u00f1os adicionales al ministro Arturo Zald\u00edvar, como presidente de la SCJ, a pesar de que contraviene la Constituci\u00f3n.<\/p>\n En un foro para analizar el tema, juristas y legisladores sostuvieron que se trata de una reforma \u201cabiertamente inconstitucional\u201d y advirtieron que la llamada \u201cLey Zald\u00edvar\u201d es parte de una estrategia del Ejecutivo para cooptar al Poder Judicial y tenerlo de su lado en temas relevantes para el gobierno federal.<\/p>\n Advirtieron, adem\u00e1s, que quienes propusieron y aprobaron el art\u00edculo d\u00e9cimo tercero transitorio para ampliar dos a\u00f1os el mandato del ministro Arturo Zald\u00edvar como presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Naci\u00f3n (SCJN) pueden ser sujetos de responsabilidades.<\/p>\n El caso fue tema de un foro especial organizado por las diputadas Martha Tagle, Pilar Ortega, Ver\u00f3nica Ju\u00e1rez y Lorena Villavicencio, en donde el director del Instituto de Investigaciones Jur\u00eddicas de la UNAM, Pedro Salazar Ugarte, alert\u00f3 sobre la estrategia de confrontaci\u00f3n, presiones y amenazas del gobierno federal para socavar la autonom\u00eda del Poder Judicial.<\/p>\n \u201cTodas estas advertencias las hemos visto ret\u00f3rica, discursivamente y en los hechos desde el Poder Ejecutivo hacia la autonom\u00eda Poder Judicial (\u2026), as\u00ed que no es teor\u00eda, es una estrategia documentada en gobiernos hegem\u00f3nicos para capturar, neutralizar, cooptar a la judicatura y a quienes tienen la tarea de salvaguardar la Constituci\u00f3n\u201d, remarc\u00f3 el jurista.<\/p>\n En el seminario virtual \u201cAutonom\u00eda e independencia judiciales, divisi\u00f3n de poderes y democracia\u201d el catedr\u00e1tico Hugo Concha coincidi\u00f3 en se\u00f1alar la probable intenci\u00f3n del Ejecutivo de \u201ccapturar\u201d al Poder Judicial e inclinar las decisiones de los ministros a favor del gobierno federal.<\/p>\n Adem\u00e1s, advirti\u00f3 que legisladores y funcionarios que juraron cumplir y hacer cumplir la Constituci\u00f3n podr\u00edan ser sujetos de responsabilidad. Cuidado, porque cuando un funcionario no cumple con lo que tiene ordenado, entre otras cosas proteger a la Constituci\u00f3n, es sujeto de responsabilidad\u201d, sostuvo Concha.<\/p>\n