<\/p>\n
Las estampas de impunidad se repiten a lo largo y ancho del pa\u00eds. La toma de casetas y el bloqueo a las v\u00edas f\u00e9rreas se han convertido en un negocio redondo. En minas de oro. El gobierno ha sido rebasado y el Estado de Derecho, atropellado.<\/p>\n
Impera la ley de la selva, los canales para amortiguar el hartazgo social no funcionan; diversas organizaciones que se escudan en algunas causas fachada, como la magisterial, sindical, presos pol\u00edticos, normalistas desaparecidos y conflictos agrarios, bloquean v\u00edas de comunicaci\u00f3n, secuestran camiones o toman casetas.<\/p>\n
Estamos ante un problema de seguridad nacional para el gobierno de Andr\u00e9s Manuel L\u00f3pez Obrador<\/strong>. El tema dej\u00f3 de ser una protesta social, el crimen organizado estableci\u00f3 un Estado paralelo en las carreteras del pa\u00eds y ahora se le conoce como el \u201chuachicol carretero\u201d.<\/p>\n En octubre pasado, al comparecer ante la Comisi\u00f3n de Comunicaciones y Transportes de la C\u00e1mara de Senadores, Jorge Arganis, secretario del sector<\/strong>, reconoci\u00f3 que las casetas de peaje en las carreteras de M\u00e9xico ya no s\u00f3lo son tomadas como actos de protesta social sino por organizaciones delincuenciales para obtener recursos.<\/p>\n Arganis, inform\u00f3 que en el a\u00f1o 2020 el monto de p\u00e9rdidas por la toma de casetas ascendi\u00f3 a 4,121 millones de pesos y detall\u00f3 la forma de distribuci\u00f3n de las p\u00e9rdidas registradas: El Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin), que opera Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (Capufe), perdi\u00f3 1,526 millones de pesos; la concesionaria Ideal, 2,371; la concesionaria RCO, 62.6; la Red Propia de Capufe, 154.98 millones de pesos y el paquete Michoac\u00e1n, en el municipio Aguililla, 5.9 millones de pesos.<\/p>\n La autopista M\u00e9xico-Acapulco (Autopista del sol) es un ejemplo claro de c\u00f3mo el derecho a la \u201cprotesta social\u201d se ha transformado en delito a trav\u00e9s de la extorsi\u00f3n a los usuarios de esta v\u00eda en las casetas de Paso Morelos, Palo Blanco y La Venta.<\/p>\n En la mayor\u00eda de los casos los manifestantes cobran una \u201ccuota voluntaria\u201d de 50 pesos para dar el \u201cpaso libre\u201d a los automovilistas. Aunque a los operadores de los camiones de carga y pasajeros les piden entre 100 y 250 pesos por dar acceso a sus unidades, pero no por ello dejan de pagar la caseta, ya que el lector electr\u00f3nico o tag cobra el uso de la plaza.<\/p>\n Parece que de nada sirvieron las reformas aprobadas por diputados y senadores en 2020 y 2021 a la Ley de V\u00edas Generales de Comunicaci\u00f3n para sancionar hasta con 7 a\u00f1os de c\u00e1rcel a quienes tomen casetas y cobren ilegalmente los servicios de peaje.\u00a0 La reforma al art\u00edculo 533 de dicha ley establece que los castigos van de 3 meses a 7 a\u00f1os de prisi\u00f3n, con multas de 100 a 500 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualizaci\u00f3n.<\/p>\n La sanci\u00f3n tambi\u00e9n aplicar\u00e1 para quienes interrumpan la construcci\u00f3n de dichas v\u00edas, total o parcialmente, o deterioren los dem\u00e1s servicios que operen en las v\u00edas generales de comunicaci\u00f3n. Sin embargo, los hechos evidencian la ausencia del Estado de Derecho en la red carretera y ferroviaria del pa\u00eds.<\/p>\n Basta recordar lo sucedido el pasado viernes, cuando un grupo de vivales, intent\u00f3, de nuevo, lucrar con la memoria de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en 2014 y utilizarla como salvoconducto para cometer tropel\u00edas y extorsionar a los usuarios de la caseta de Palo Blanco, en Guerrero.<\/p>\n En esta ocasi\u00f3n, no consumaron el atraco disfrazado de protesta social porque la Guardia Nacional<\/strong>, aunque usted no lo crea, se los impidi\u00f3. No obstante, advirtieron que no dejar\u00e1n de tomar las casetas de cobro de la Autopista del Sol hasta que el gobierno federal les entregue a los 43 estudiantes desaparecidos en Iguala. \u00a1Aj\u00e1!<\/strong><\/p>\n Vaya manera tan c\u00ednica de disfrazar el \u201cmodus vivendi\u201d con el que han lucrado por a\u00f1os, los grupos delictivos que controlan la Normal Rural de Ayotzinapa, un reducto del \u201cEj\u00e9rcito Popular Revolucionario\u201d que hemos denunciado en este espacio.<\/p>\n As\u00ed las cosas, \u00bfd\u00f3nde queda el Estado de Derecho? Los grupos delincuenciales se disfrazan de causa social, extorsionan a la ciudadan\u00eda, roban a los concesionarios y viven impunemente.<\/p>\n El gobierno de la #4Transformaci\u00f3n debiera tener presente que la seguridad p\u00fablica tambi\u00e9n se eval\u00faa en las urnas.<\/p>\n VERICUENTOS<\/strong><\/p>\n Mancera, protecci\u00f3n a menores<\/strong><\/p>\n La inseguridad amenaza a la infancia del pa\u00eds, por ello el senador Miguel \u00c1ngel Mancera, coordinador parlamentario del PRD, <\/strong>propuso tipificar como delito penal el reclutamiento de ni\u00f1os o adolescentes, para la comisi\u00f3n de actividades delictivas o para formar parte de grupos criminales, y sancionar a quien cometa este il\u00edcito hasta con 30 a\u00f1os de prisi\u00f3n.\u00a0 De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad, de enero a octubre de 2021 se registraron dos mil 37 homicidios de menores de 17 a\u00f1os. El Registro Nacional de Personas Desaparecidas o No Localizadas, en tanto, report\u00f3 cuatro mil 328 menores como desaparecidos, de enero a diciembre de 2021.\u00a0 Mancera Espinosa tambi\u00e9n sugiri\u00f3 reformar la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, para establecer como agravante el reclutamiento de menores para cometer cualquiera de los delitos a que se refiere dicha ley, as\u00ed como cuando dichos menores de edad tengan alg\u00fan tipo de discapacidad.\u00a0 \u00a1Vientos!<\/strong><\/p>\n