<\/p>\n
\u201cLa idea de elegir por el voto popular a consejeros y magistrados electorales ofrece ventajas como el fortalecimiento de la democracia, una mayor legitimidad de las autoridades electorales, as\u00ed como posibilidades de mejora e innovaci\u00f3n institucional como producto de la competencia pol\u00edtica. Sin embargo, esta f\u00f3rmula democr\u00e1tica tambi\u00e9n implica costos y riesgos que no deben perderse de vista en el proceso de deliberaci\u00f3n legislativa.<\/p>\n
\u201cEn principio, la organizaci\u00f3n y celebraci\u00f3n de un nuevo proceso electoral federal tendr\u00eda un costo econ\u00f3mico superior a los 8 mil millones de pesos, que va en contra del principio de austeridad que el gobierno busca incorporar con su iniciativa de reforma electoral.<\/p>\n
\u201cPor otro lado, la elecci\u00f3n popular de las consejer\u00edas y magistraturas electorales conlleva riesgos, entre los que destacan, la preservaci\u00f3n de cuotas partidistas, la subordinaci\u00f3n de las autoridades electorales al gobierno en turno, incertidumbre institucional y condiciones de inestabilidad pol\u00edtica y social\u201d.<\/p>\n
Los anteriores son los p\u00e1rrafos introductorios del estudio titulado Ventajas, costos y riesgos de la elecci\u00f3n popular de las autoridades electorales en M\u00e9xico, <\/em><\/strong>obra del investigador C\u00e9sar Alejandro Giles Navarro para el Instituto de Belisario Dom\u00ednguez del Senado de la Rep\u00fablica.<\/p>\n El investigador tiene una s\u00f3lida formaci\u00f3n acad\u00e9mica. Giles Navarro es licenciado en sociolog\u00eda por la Universidad Nacional Aut\u00f3noma de M\u00e9xico (UNAM) y maestro en Gobierno y Pol\u00edticas P\u00fablicas por la Universidad Panamericana (UP), ambos grados obtenidos con menci\u00f3n honor\u00edfica. Adem\u00e1s, ostenta el t\u00edtulo de Especialista en Gobierno de Instituciones expedido por el Centro Universitario Villanueva, adscrito a la Universidad Complutense de Madrid (UCM). Asimismo, curs\u00f3 un diplomado en Pol\u00edtica Internacional por el Centro de Investigaci\u00f3n y Docencia Econ\u00f3mica Econ\u00f3micas (CIDE).<\/p>\n En el \u00e1mbito profesional, de 2013 a 2014 fue investigador \u201cA\u201d en la Direcci\u00f3n General de Estudios Legislativos: Gobierno y Administraci\u00f3n P\u00fablica del IBD. Previamente, se desempe\u00f1\u00f3 como asistente de investigaci\u00f3n en diversas instituciones, entre ellas: el Centro de Estudios Sociol\u00f3gicos de El Colegio de M\u00e9xico (Colmex), la Direcci\u00f3n General de Estudios Legislativos: Pol\u00edtica y Estado del IBD y en el Centro de Estudios de Opini\u00f3n P\u00fablica en la Facultad de Ciencias Pol\u00edticas y Sociales de la UNAM.<\/p>\n En el a\u00f1o 2011 fue ganador del 2do. Lugar del Concurso Nacional de Ensayo \u201cLa importancia del Canal del Congreso para la Democracia en M\u00e9xico\u201d y en 2021 obtuvo el primer lugar en el concurso de Ensayo de Investigaci\u00f3n Legislativa, convocado por el Congreso de Guanajuato, con el trabajo \u201cLecciones del Covid-19 para M\u00e9xico: hacia una nueva legislaci\u00f3n para la gesti\u00f3n de emergencias sanitarias\u201d. Es un autor prol\u00edfico, pues recientemente, tambi\u00e9n para el Instituto Belisario Dom\u00ednguez (IBD), realiz\u00f3 otro estudio acerca de las responsabilidades que adquiri\u00f3 ese \u00f3rgano legislativo como consecuencia de haber aprobado la reforma constitucional por la cual se ampli\u00f3 el periodo por el cual la Guardia Nacional queda bajo control de la Secretar\u00eda de la Defensa Nacional (Sedena), sobre todo porque los mandos militares deben rendir peri\u00f3dicos informes acerca de las tareas en materia de seguridad p\u00fablica.<\/p>\n Apunta que la labor del Senado, m\u00e1s all\u00e1 de censurar o respaldar la actuaci\u00f3n del gobierno, debe orientarse a estudiar y afinar la pol\u00edtica p\u00fablica de seguridad, representando a las entidades que integran a la Federaci\u00f3n en el reconocimiento de las acciones que est\u00e1n dando resultados y las que no.<\/p>\n Bueno, pero ese es otro asunto. Volvamos al tema inicial, la reforma electoral que pretende imponer la llamada Cuarta Transformaci\u00f3n.<\/p>\n El riesgo de que el control de las elecciones En este estudio, el investigador hace un recuento desde las primeras reformas en la d\u00e9cada de los 70 del siglo pasado, para dar paso a la pluralidad pol\u00edtica, hasta llegar al punto culminante que quit\u00f3 definitivamente al gobierno el control sobre los procesos electorales.<\/p>\n Al respecto, advierte que \u201cen un contexto de hegemon\u00eda partidista como el que se ha configurado en nuestro pa\u00eds luego de la tercera alternancia del a\u00f1o 2018, la posibilidad de que los consejeros y magistrados elegidos por la ciudadan\u00eda pertenezcan al partido en el gobierno es muy alta, lo que convertir\u00eda nuevamente a las autoridades electorales en entidades dependientes del Poder Ejecutivo federal.<\/p>\n En esta parte del estudio, el autor destaca que la propuesta del presidente L\u00f3pez Obrador de que los consejeros y magistrados electorales sean elegidos por voto popular ofrece ventajas como el fortalecimiento de la democracia, una mayor legitimidad de las autoridades electorales, as\u00ed como posibilidades de mejora e innovaci\u00f3n institucional como producto de la competencia pol\u00edtica.<\/p>\n Sin embargo, agrega, \u201cesta f\u00f3rmula democr\u00e1tica que convierte a los \u00e1rbitros en jugadores tambi\u00e9n implica costos y riesgos que no deben perderse de vista en el proceso de deliberaci\u00f3n legislativa que estamos por presenciar\u201d.<\/p>\n All\u00ed es donde advierte del alto costo de la elecci\u00f3n de los funcionarios electorales y apunta, en segundo lugar, que \u201cla elecci\u00f3n popular de las consejer\u00edas y magistraturas electorales entra\u00f1a riesgos importantes como el desempe\u00f1o parcial y sesgado de las autoridades electorales, la preservaci\u00f3n de cuotas partidistas y, especialmente, la subordinaci\u00f3n de las autoridades al gobierno en turno.<\/p>\n \u201cParticularmente, en un contexto de clara hegemon\u00eda partidista como el que se ha configurado, luego de la tercera alternancia del a\u00f1o 2018, la posibilidad de que los consejeros y magistrados elegidos por la ciudadan\u00eda pertenezcan al partido en el gobierno es muy alta, lo que convertir\u00eda nuevamente a las autoridades electorales en entidades dependientes del Poder Ejecutivo Federal.<\/p>\n \u201cDe avanzar esta propuesta, adem\u00e1s, se abrir\u00eda un camino incierto para otras instituciones del Estado, pues el mismo argumento democr\u00e1tico se podr\u00eda proponer en el futuro en \u00f3rganos t\u00e9cnicos como el Banco de M\u00e9xico, el Inegi o el Instituto Federal de Telecomunicaciones, poniendo en riesgo la estabilidad econ\u00f3mica y pol\u00edtica del pa\u00eds\u201d, advirti\u00f3 el investigador, quien apunta un aspecto hasta ahora poco comentado: El porqu\u00e9 de la urgencia de la llamada Cuarta Transformaci\u00f3n de aprobar esa eventual reforma lo antes posible.<\/p>\n Giles Navarro recuerda que, \u201cde acuerdo con el art\u00edculo 105 de la Constituci\u00f3n, las leyes electorales federal y locales tienen que promulgarse y publicarse por lo menos noventa d\u00edas antes de que inicie el proceso electoral en que vayan a aplicarse, y durante los mismos no pueden haber modificaciones legales fundamentales. En vista de esta cl\u00e1usula y, dado que el siguiente proceso electoral federal comenzar\u00e1 formalmente el 1o de septiembre de 2023, la reforma electoral tendr\u00eda que quedar aprobada, tanto a nivel constitucional como en su reglamentaci\u00f3n correspondiente, a m\u00e1s tardar a finales de mayo de 2023.<\/p>\n \u201cTomando en cuenta que la iniciativa del Ejecutivo plantea pr\u00e1cticamente un nuevo modelo de gobernanza electoral, adem\u00e1s de modificar la conformaci\u00f3n del Congreso, se tendr\u00eda que crear en muy poco tiempo, un vasto y complejo entramado legal que contemple, al menos, una nueva ley de instituciones y procedimientos electorales y reformas a la legislaci\u00f3n del sistema de medios de impugnaci\u00f3n en materia electoral, de delitos electorales, de partidos pol\u00edticos, de consulta popular y revocaci\u00f3n de mandato, entre otras modificaciones reglamentarias. Hacer todos estos cambios en menos de siete meses podr\u00eda generar errores e inconsistencias que repercutir\u00edan en la calidad y certeza de los siguientes procesos electorales.<\/p>\n En realidad, el plazo es de menos de siete meses, pues en el presente a\u00f1o s\u00f3lo se puede tomar en cuenta noviembre, ya que diciembre se va entre d\u00edas feriados y la revisi\u00f3n del presupuesto federal, al que casi todas las corrientes pol\u00edticas desean modificar y, a principios de a\u00f1o, viene el llamado receso legislativo que comprende todo el mes de enero y la actividad legislativa se reanuda hasta febrero, para un nuevo periodo ordinario de sesiones que teminar\u00e1 el \u00faltimo d\u00eda de abril.<\/p>\n
\nquede nuevamente en poder del gobierno federal<\/strong><\/p>\n