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El pasado 11 de agosto, la Oficina de la Alta Comisionada de la Organizaci\u00f3n de las Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos recomend\u00f3 al presidente Andr\u00e9s Manuel L\u00f3pez Obrador mantener la \u201cnaturaleza civil\u201d de la Guardia Nacional, pero con el respaldo de la Suprema Corte, ese organismo continuar\u00e1 militarizado.<\/p>\n
La ONU-DH, encabezada entonces por la ex presidenta socialista de Chile Michelle Bachelet \u2014a la cual el gobierno mexicano, que tambi\u00e9n se dice de izquierda la ha dedicado homenajes, pero a cuyas recomendaciones no ha atendido\u2014 ya hab\u00eda pedido con anterioridad el fortalecimiento de las instituciones civiles en M\u00e9xico y que s\u00f3lo de forma excepcional se recurriera a las fuerzas armadas en tareas de seguridad p\u00fablica.<\/p>\n
En su mensaje de agosto, la Oficina de la portavoz de la ONU-DH pidi\u00f3 que \u201cla naturaleza de la Guardia Nacional y de la seguridad p\u00fablica, consagrada constitucionalmente, sea mantenida\u201d y reiter\u00f3 su disposici\u00f3n de proporcionar asistencia t\u00e9cnica al gobierno del presidente L\u00f3pez Obrador para fortalecer las instituciones civiles, as\u00ed como la transparencia y la rendici\u00f3n de cuentas en materia de seguridad de autoridades civiles y militares.<\/p>\n
El referido mensaje se conoci\u00f3 en el marco del anuncio del jefe del Ejecutivo mexicano de que preparaba un decreto y una iniciativa de ley al Congreso para trasladar toda la estructura de la GN a la Secretar\u00eda de la Defensa Nacional (Sedena), lo cual luego se materializ\u00f3 cuando el PRI y otras partes de la oposici\u00f3n y cedieron al aprobar esa militarizaci\u00f3n de la Guardia Nacional. En esa ocasi\u00f3n, la portavoz de la Alta Comisionada de la ONU-DH, Ravina Shamdasani, record\u00f3 que diferentes mecanismos de derechos humanos han insistido en el fortalecimiento de las instituciones civiles en M\u00e9xico.<\/p>\n
\u201cEl uso de las fuerzas armadas en tareas de seguridad p\u00fablica es excepcional, un \u00faltimo recurso de car\u00e1cter temporal y fiscalizado por \u00f3rganos civiles independientes\u201d, dijo.<\/p>\n
Este antecedente viene al caso, porque nuevamente la Oficina en M\u00e9xico del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) reiter\u00f3 que es una asignaci\u00f3n \u201cindebida\u201d que las fuerzas armadas realicen tareas de seguridad.<\/p>\n
Este nuevo llamado se produjo luego de que el pasado martes la Suprema Corte de Justicia de la Naci\u00f3n (SCJN) aval\u00f3 el decreto presidencial de mayo de 2020, que permite que contin\u00fae la participaci\u00f3n del Ej\u00e9rcito y la Marina en labores de seguridad p\u00fablica.<\/p>\n
La referida dependencia de la ONU record\u00f3 que, en octubre de 2020, expertos en la materia advirtieron acerca de la posibilidad de que el acuerdo presidencial de mayo de 2020 tenga el efecto de exacerbar \u201cel ya alto nivel de violencia que existe en diferentes partes del pa\u00eds\u201d.<\/p>\n
En esa ocasi\u00f3n, los especialistas manifestaron su \u201calarma\u201d porque el Ej\u00e9rcito realice tareas \u201cque no le son propias y para las que no han sido entrenadas, lo cual podr\u00eda favorecer y mantener la comisi\u00f3n de graves violaciones de derechos humanos\u201d.<\/p>\n
Pero, lejos de atender esas advertencias internacionales, las fuerzas armadas podr\u00e1n seguir en labores de seguridad p\u00fablica, luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Naci\u00f3n (SCJN) aval\u00f3 el decreto presidencial de mayo de 2020, que permite el despliegue del Ej\u00e9rcito y la Marina \u201cde manera extraordinaria, regulada, fiscalizada subordinada y complementaria con la Guardia Nacional\u201d.<\/p>\n
La propuesta favorable a mantener vigente el acuerdo del presidente L\u00f3pez Obrador lo formul\u00f3 la ministra Margarita R\u00edos Farjat, quien lleg\u00f3 al cargo a propuesta del actual primer mandatario. En su ponencia pidi\u00f3 a los ministros no politizar el tema, ya que el nivel de criminalidad que vive el pa\u00eds es agobiante y eso es lo que tom\u00f3 en cuenta el Constituyente Permanente para permitir que las fuerzas armadas puedan intervenir en apoyo de las corporaciones policiacas civiles.<\/p>\n
Subray\u00f3 que el acuerdo presidencial tiene su base legal en el art\u00edculo quinto transitorio de la Ley de la Guardia Nacional, cuyo texto transcribe casi en su integridad el acuerdo presidencial impugnado, por lo cual no hay raz\u00f3n para que el Poder Legislativo impugne lo que ya hab\u00eda avalado.<\/p>\n
\u201cAdem\u00e1s, este instrumento normativo permite que las tareas desplegadas por los elementos castrenses en labores de seguridad p\u00fablica se desarrollen en un estado de legalidad y no de hecho, lo cual constituye un avance en la intervenci\u00f3n ordenada y efectiva de las fuerzas armadas dentro de este \u00e1mbito, de acuerdo con lo previsto en la disposici\u00f3n constitucional transitoria a la que me he referido\u201d, a\u00f1adi\u00f3 la ministra ponente, cuyo proyecto fue aprobado con ocho votos totalmente a favor, uno parcial \u2014del ministro Alberto P\u00e9rez Day\u00e1n\u2014 y dos totalmente en contra.<\/p>\n
Uno de los votos en contra del proyecto fue del ministro Luis Mar\u00eda Aguilar Morales, quien se\u00f1al\u00f3 que el decreto presidencial impugnado no justifica las razones del despliegue militar. \u201cNo se expone raz\u00f3n que de manera motivada explique el porqu\u00e9 es necesaria la participaci\u00f3n de la fuerza armada permanente en funciones de seguridad p\u00fablica (…) durante muchos a\u00f1os han sido las propias fuerzas armadas las que han solicitado que se expidan reglas claras para su actuar en dichas tareas, por lo que reviste de fundamental importancia la exigencia de que toda orden, disposici\u00f3n o norma en ese sentido sea expl\u00edcita, precisa y clara para poder cumplirse\u201d.<\/p>\n
Como fin del debate, el presidente de la Corte, Arturo Zald\u00edvar, advirti\u00f3 que \u201cel hecho de que esta Suprema Corte valide la participaci\u00f3n de las fuerzas armadas en tareas de seguridad, hasta en tanto otras instituciones de car\u00e1cter civil, como la Guardia Nacional, concluyen su integraci\u00f3n y adiestramiento, de ninguna manera significa que este tribunal est\u00e9 autorizando la militarizaci\u00f3n de la seguridad p\u00fablica; tanto la Constituci\u00f3n con posterioridad de la reforma de 2019 y el acuerdo son muy claros: la participaci\u00f3n de las fuerzas armadas en materia de seguridad ciudadana, adem\u00e1s de ser temporal, debe ser extraordinaria, suplementaria y subordinada\u201d.<\/p>\n
Grupo Elektra pierde amparo, deber\u00e1 pagar 4 mil millones de pesos<\/strong><\/p>\n Por unanimidad, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) desech\u00f3 el amparo solicitado por Grupo Elektra, propiedad de Ricardo Salinas Pliego, y confirm\u00f3 que la empresa, debe pagar al Servicio de Administraci\u00f3n Tributaria (SAT) un cr\u00e9dito fiscal por 4 mil 916 millones 792 mil pesos por omisiones en el pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR), actualizaciones, recargos y multas correspondientes al ejercicio fiscal 2011.<\/p>\n De conformidad con una decisi\u00f3n del D\u00e9cimo Tribunal Colegiado en materia Administrativa, la Sala Superior de tribunal aprob\u00f3 el proyecto de la magistrada Magda Zulema Mosri Guti\u00e9rrez, quien reiter\u00f3 el fallo que el TFJA emiti\u00f3 en enero de 2021, y ofreci\u00f3 m\u00e1s argumentos para validar el cr\u00e9dito fiscal del SAT.<\/p>\n La magistrada record\u00f3 que el 12 de mayo de 2016 la administraci\u00f3n de fiscalizaci\u00f3n a grupos de sociedades determin\u00f3 un cr\u00e9dito fiscal a cargo de la empresa por m\u00e1s de 4 mil 916 millones de pesos por concepto de ISR, actualizaci\u00f3n, recargos y multas.<\/p>\n El fallo dado a conocer este mi\u00e9rcoles no es el \u00fanico que afrontan las empresas de Grupo Salinas ante tribunales en el pa\u00eds; frente a resoluciones adversas, en innumerables ocasiones ha anunciado la intenci\u00f3n de recurrir a tribunales internacionales.<\/p>\n El pasado 10 de agosto, en su cuenta de Twitter, Salinas Pliego retom\u00f3 la informaci\u00f3n y la acompa\u00f1\u00f3 con el siguiente texto: \u201cVamos bien, empezaron con que eran 44 mil mdp… a ver qu\u00e9 tanto m\u00e1s est\u00e1n equivocados y ya al final vemos c\u00f3mo le hacemos\u201d.<\/p>\n Grupo Salinas emiti\u00f3 un comunicado en el cual dijo que los cargos se basaron en una estimaci\u00f3n ilegal e injusta. \u201cSeguiremos ejerciendo nuestro derecho a defendernos en instancias nacionales e internacionales, de lo que consideramos cobros err\u00f3neos y excesivos\u201d.<\/p>\n Por su parte, el presidente Andr\u00e9s Manuel L\u00f3pez Obrador ha hecho llamados al fundador de Grupo Salinas a que pague los impuestos que tiene pendientes con el SAT.<\/p>\n \u201cYo entiendo que todos los empresarios, incluido Ricardo Salinas Pliego, est\u00e1n de acuerdo en que se debe pagar lo justo, lo que \u00e9l alega es que estaban cobrando o le est\u00e1n cobrando m\u00e1s de lo debido, se est\u00e1 aclarando y no va a haber ning\u00fan problema\u201d, dijo el mandatario en una de sus conferencias ma\u00f1aneras.<\/p>\n