![\"\"](\"https:\/\/www.diarioimagen.net\/wp-content\/uploads\/2023\/06\/tribunal-3.jpg\")
<\/a>Respaldado por los titulares de los \u00f3rganos judiciales locales (25 presentes), se estableci\u00f3 que, en comparaci\u00f3n con la implementaci\u00f3n del sistema procesal penal acusatorio, ahora tienen la mitad del tiempo para ello, pero con un requerimiento del doble o triple de recursos.<\/p><\/div>\n
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El presidente de la Comisi\u00f3n Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos (Conatrib), magistrado Rafael Guerra \u00c1lvarez, expres\u00f3 la necesidad de que los poderes judiciales locales cuenten con recursos federales de cara a la implementaci\u00f3n del C\u00f3digo Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares (CNPCF), ya que actualmente no est\u00e1n previstas partidas presupuestales para ello. Alert\u00f3 que, de no garantizarse \u00e9stas, se incrementa la amenaza de colapso del sistema de impartici\u00f3n de justicia a nivel nacional.<\/p>\n
En reuni\u00f3n de trabajo con integrantes de la Comisi\u00f3n de Presupuesto y Cuenta P\u00fablica, diputados de todas las fracciones parlamentarias expresaron su respaldo a las necesidades presupuestarias de los tribunales, y el presidente de la comisi\u00f3n, Erasmo Gonz\u00e1lez Robledo, ofreci\u00f3 un di\u00e1logo continuo con la Conatrib para garantizar la correcta implementaci\u00f3n del CNPCF.<\/p>\n
A nombre de la Conatrib, su tesorero, Sergio Fontes Granados, entreg\u00f3 al diputado Gonz\u00e1lez Robledo una carpeta preliminar que contiene los requerimientos de cada uno de los poderes judiciales locales para la implementaci\u00f3n del CNPCF, que se estima en un monto global de 56 mil millones de pesos para las 32 entidades en los pr\u00f3ximos cuatro a\u00f1os.<\/p>\n
Veinticinco titulares de poderes judiciales estatales presentes respaldaron al magistrado Guerra en el encuentro, en el cual se puntualiz\u00f3 que, comparado con la implementaci\u00f3n del sistema penal acusatorio, para la relativa al CNPCF las judicaturas locales tienen la mitad del tiempo, cuatro a\u00f1os, con un requerimiento presupuestal que ser\u00e1 del doble o el triple del que necesitaron para aquella.<\/p>\n
En un in\u00e9dito acto en la C\u00e1mara de Diputados, el magistrado Guerra advirti\u00f3 a los legisladores que el art\u00edculo transitorio sexto del CNPCF no prev\u00e9 partidas presupuestales federales para la implementaci\u00f3n del citado ordenamiento, y, en cambio, autoriza que sean los congresos locales los que se encarguen de la asignaci\u00f3n de los recursos pertinentes.<\/p>\n
\u201cEsta disposici\u00f3n es violatoria del derecho humano de acceso a la justicia y la tutela efectiva, adem\u00e1s de atentar contra la autonom\u00eda e independencia jurisdiccional, financiera y org\u00e1nica de los poderes judiciales, lesionando la divisi\u00f3n de poderes en nuestro sistema democr\u00e1tico, en virtud de que impide generar condiciones de igualdad y calidad en todos los tribunales del pa\u00eds para alcanzar con ello un mejor Estado constitucional de derecho\u201d, subray\u00f3.<\/p>\n
La Conatrib, respetuosamente y en franco respeto a la divisi\u00f3n de poderes, expres\u00f3 Guerra \u00c1lvarez, quiere sensibilizarlos sobre la importancia de reformar los transitorios del CNPCF, as\u00ed como la autorizaci\u00f3n de recursos federales y locales suficientes para implementar la aplicaci\u00f3n del mismo.<\/p>\n
El magistrado subray\u00f3 que con el nuevo c\u00f3digo se desarrollar\u00e1 un sistema de impartici\u00f3n de justicia sustentado en audiencias, tanto para la primera como la segunda instancia, lo que precisa del aprovechamiento de tecnolog\u00edas de la informaci\u00f3n con la que se garantice mayor acceso y calidad en el tr\u00e1mite de procedimientos jurisdiccionales.<\/p>\n
Abund\u00f3 que un poder judicial s\u00f3lido y fuerte debe contar con los recursos presupuestales, financieros y operativos que garanticen la soluci\u00f3n pronta, expedita y digna del conflicto y la paz social, con el fin de establecer condiciones dignas de igualdad y de calidad para prestar sus servicios de impartici\u00f3n de justicia.<\/p>\n
En el actual esquema previsto para la implementaci\u00f3n, insisti\u00f3 Guerra \u00c1lvarez, tampoco se garantiza que los poderes judiciales locales\u00a0 cuenten con los recursos financieros, humanos, de infraestructura y de capacitaci\u00f3n, necesarios y suficientes, ya que, a\u00fan con la naturaleza nacional del sistema de impartici\u00f3n de justicia civil y familiar, deja que sea local la decisi\u00f3n de cu\u00e1ntos recursos se destinar\u00e1n para tal efecto.<\/p>\n
A\u00f1adi\u00f3 que para aplicar el citado c\u00f3digo, que da la oportunidad de romper paradigmas y viejas pr\u00e1cticas, a fin de acelerar procedimientos y mejorar la impartici\u00f3n de justicia, se requerir\u00e1 generar capacitaci\u00f3n, modificar los sistemas de gesti\u00f3n de trabajo, de salas, de casos y audiencias, as\u00ed como el desarrollo de tr\u00e1mites que aseguren mayor comunicaci\u00f3n entre juzgadores y justiciables.<\/p>\n
Durante la intervenci\u00f3n de presidentes y presidentas de poderes judiciales locales, se enfatiz\u00f3 que para la implementaci\u00f3n del sistema procesal penal acusatorio se les autorizaron partidas presupuestales especiales del 2011 al 2016.<\/p>\n
Se puntualiz\u00f3 que las materias civil y familiar ocupan el grueso del trabajo de las jurisdicciones local, como en el caso de Baja California, donde se radican anualmente en promedio 60,000 expedientes, frente a s\u00f3lo 22,000 de la rama penal; o en Campeche, donde la materia familiar ocupa el 55 por ciento del trabajo, frente al 12 por ciento de la penal.<\/p>\n
Tambi\u00e9n se mencion\u00f3 la carga de trabajo de las judicaturas locales frente a la del Poder Judicial de la Federaci\u00f3n, en proporci\u00f3n de 70 y 30 por ciento respectivamente, con un presupuesto anual para las primeras que no llega ni a la mitad de lo que se le asigna anualmente al segundo.<\/p>\n
Esta implementaci\u00f3n quedar\u00e1 en un \u201csue\u00f1o o en una ilusi\u00f3n\u201d, se advirti\u00f3, si no se etiquetan los recursos federales necesarios en los ejercicios fiscales de aqu\u00ed a la fecha de entrada en vigor del citado c\u00f3digo, cuya vacatio legis es de cuatro a\u00f1os.<\/p>\n
Durante la intervenci\u00f3n de los legisladores, se se\u00f1al\u00f3 que \u201crecursos s\u00ed hay y lo que hace falta es voluntad\u201d para canalizarlos; adem\u00e1s, los diputados abrieron la posibilidad de gestionar encuentros con la Secretar\u00eda de Gobernaci\u00f3n y la Secretar\u00eda de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico.<\/p>\n
En la reuni\u00f3n de trabajo, intervinieron los titulares de los tribunales superiores de justicia de Zacatecas, Arturo Nahle Garc\u00eda; de Baja California, Alejandro Fragozo L\u00f3pez; de Campeche, Virginia Leticia Lizama Centuri\u00f3n; de Coahuila, Felipe Mery Ayup; de Colima, Juan Carlos Montes Montes; de Durango, Yolanda de la Torre Valdez; de Guerrero, Raymundo Casarrubias V\u00e1zquez; de Hidalgo, Rebeca Aladro Echeverr\u00eda, de Jalisco, Daniel Espinosa Lic\u00f3n.<\/p>\n
Asimismo, de Michoac\u00e1n, Jorge Res\u00e9ndiz Garc\u00eda; de Nayarit, Roc\u00edo Gonz\u00e1lez Garc\u00eda; de Oaxaca, Eduardo Pinacho S\u00e1nchez; de Quer\u00e9taro, Mariela Ponce Villa; de Sinaloa, Jes\u00fas Ch\u00e1vez Rangel; de Sonora, Jos\u00e9 Luis Moreno Moreno, en representaci\u00f3n de Rafael Acu\u00f1a Griego; de Tamaulipas, David Cerda Z\u00fa\u00f1iga, y\u00a0 de Tlaxcala, Mary Cruz Cort\u00e9s Ornelas.<\/p>\n
Por los integrantes de la comisi\u00f3n intervinieron la diputada de Morena, Lidia Garc\u00eda Anaya; la diputada del PAN, Margarita Zavala G\u00f3mez; el diputado del PRI, Marco Antonio Mendoza Bustamante; el diputado del PVEM, Juan Carlos Carrillo Soberanis; el diputado del PT, Reginaldo Sandoval Flores; la diputada del Movimiento Ciudadano, Mirza Flores G\u00f3mez, y el diputado del PRD, Miguel \u00c1ngel Torres Rosales.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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