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El gobierno federal impulsa la privatizaci\u00f3n de los Servicios M\u00e9dicos Integrales \u2014SMI\u2014 con la reasignaci\u00f3n directa de contratos sin licitar a 10 empresas que fueron inhabilitadas siete a\u00f1os por la Secretar\u00eda de la Funci\u00f3n P\u00fablica en agosto de 2022 por no cumplir requisitos de infraestructura, operatividad, ni garantizar el abasto de medicinas en cl\u00ednicas y hospitales del pa\u00eds.<\/p>\n
El Centro Nacional de Equidad de G\u00e9nero y Salud Reproductiva del gobierno federal asegura que el c\u00e1ncer de mama es la mayor causa de mortalidad de la mujer con 521 mil 907 defunciones anuales.<\/p>\n
Representantes de organizaciones civiles y de derechos humanos, adem\u00e1s m\u00e9dicos internistas del sector salud consultados, afirman que los pacientes viven un viacrucis en cl\u00ednicas y hospitales por carecer de medicinas y entre los m\u00e1s afectados est\u00e1n los pobres, ya que cientos de miles no tienen ni para comprar un paracetamol. \u00bfPrimero los pobres?<\/p>\n
Explican que los SMI surgieron hace m\u00e1s de tres d\u00e9cadas con la participaci\u00f3n de la iniciativa privada para la subrogaci\u00f3n de servicios en el IMSS y el ISSSTE, quienes requieren de la contrataci\u00f3n de equipos, accesorios, instrumental m\u00e9dico, insumos, capacitaci\u00f3n de personal o consumibles, porque tienen la posibilidad de contratarlos mediante la modalidad de \u201cservicios integrales\u201d. Los que tienen dinero no padecen.<\/p>\n
Esto significa, dicen, que en vez de comprar cada producto y\/o servicio por separado o a m\u00faltiples proveedores, un s\u00f3lo proveedor (tambi\u00e9n llamado integrador) proporciona todo lo necesario para la prestaci\u00f3n del servicio m\u00e9dico.<\/p>\n
Afirman que, en la subrogaci\u00f3n de servicios, el Estado hace transferencia de recursos p\u00fablicos a agentes privados. Es decir, el gobierno paga para que se entregue un servicio a los ciudadanos y un privado da la atenci\u00f3n en cuesti\u00f3n para aumentar sus ganancias, imponiendo limitaciones en la calidad de ese derecho social.<\/p>\n
Aseguran que, de esa forma, el proveedor del SMI pacta una tarifa fija por procedimiento, pero una amenaza latente es que, en el af\u00e1n de reducir sus costos, pueden sustituir medicamentos o insumos por otros de menor calidad o que no cumplan con especificaciones t\u00e9cnicas requeridas por el Compendio Nacional de Insumos para la Salud (CNIS).<\/p>\n
Advierten que esa rigurosidad se pierde al asignarle esta responsabilidad al integrador, debido a los est\u00edmulos perversos que tiene el esquema de SMI de minimizar sus costos por procedimiento, para as\u00ed aumentar su rentabilidad.<\/p>\n
Si la subrogaci\u00f3n es cuestionable en cualquier \u00e1mbito, en cuanto supone usar el patrimonio de los mexicanos para brindar oportunidades de lucro a unos cuantos, recurrir a ella en materias como la salud p\u00fablica o los servicios de cuidados personales, implica una amenaza contra los derechos humanos y una franca invitaci\u00f3n al desastre en materia de salud, sostienen los consultados.<\/p>\n
Refieren que la Cofece mult\u00f3 en agosto de 2020 a 11 empresas y 14 personas f\u00edsicas, con 620 millones de pesos, por coludirse en licitaciones de servicios integrales de estudios de laboratorio y banco de sangre a que convocaron el IMSS e ISSSTE y la Secretar\u00eda de la Funci\u00f3n P\u00fablica las inhabilit\u00f3 por siete a\u00f1os.<\/p>\n