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Oportuna, muy oportuna, la aclaraci\u00f3n que ha hecho la senadora Olga S\u00e1nchez Cordero en torno a la iniciativa de reformas al C\u00f3digo Penal Federal para tipificar y sancionar la filtraci\u00f3n de im\u00e1genes o difusi\u00f3n de informaci\u00f3n de v\u00edctimas de feminicidios o il\u00edcitos sensibles relacionados con la violencia de g\u00e9nero, misma que se aprob\u00f3 en la C\u00e1mara alta con 86 votos a favor y fue turnada su minuta a la C\u00e1mara de Diputados para continuar con el procedimiento legislativo.<\/p>\n
Y es que la propuesta, que tiene por objeto evitar violaciones a la dignidad y derechos humanos de las v\u00edctimas, sus familiares o dependientes, en un principio fue mal interpretada entre un sector importante de la opini\u00f3n p\u00fablica y se empez\u00f3 a afirmar, de manera bastante equivocada, que dicha reforma pretend\u00eda constituirse como una ley mordaza para el trabajo period\u00edstico, siendo que el proyecto \u00fanicamente se\u00f1ala sanciones a delitos contra la administraci\u00f3n de justicia cometidos por servidores p\u00fablicos.<\/p>\n
Las reformas al c\u00f3digo penal, en caso de que sean aprobadas por la colegisladora, sancionar\u00e1n a quienes den a conocer, difundir, entregar, revelar, publicar, transmitir, exponer, remitir, distribuir, videograbar, audiograbar, fotografiar, filmar, reproducir, comercializar, ofertar, intercambiar, copiar o compartir, a quien no tenga derecho, im\u00e1genes, audios, videos, documentos, informaci\u00f3n, indicios, hallazgos, evidencias, objetos, instrumentos o constancias que obren en una carpeta de investigaci\u00f3n o en un proceso penal y que por disposici\u00f3n de la ley o resoluci\u00f3n de la autoridad judicial, sean reservados o confidenciales, pero, aqu\u00ed la aclaraci\u00f3n, \u00fanicamente se aplicar\u00edan dichas acciones a servidores p\u00fablicos y no a periodistas, como malamente se ha comentado en las redes sociodigitales.<\/p>\n
El proyecto, que modifica la fracci\u00f3n XXVIII del art\u00edculo 225 de dicho ordenamiento, establece que a quien cometa ese tipo de delitos se le impondr\u00e1 pena de prisi\u00f3n de seis a 12 a\u00f1os y multa de 500 a mil Unidades de Medida y Actualizaci\u00f3n. Y que esta sanci\u00f3n se aumentar\u00e1 hasta en una mitad m\u00e1s, cuando las v\u00edctimas u ofendidos sean ni\u00f1as, ni\u00f1os, adolescentes, mujeres o que la informaci\u00f3n corresponda a cad\u00e1veres.<\/p>\n
Adem\u00e1s, proponen adicionar al cap\u00edtulo I del c\u00f3digo penal, de los delitos cometidos por los servidores p\u00fablicos, un art\u00edculo 225 Bis para precisar que a la persona servidora p\u00fablica que difunda, entregue, revele, publique, transmita, exponga, remita, distribuya, videograbe, audiograbe, fotograf\u00ede, filme, reproduzca, comercialice, oferte, intercambie, copie o comparta, a quien no tenga derecho o facultad para ello, im\u00e1genes, audios, videos, documentos, informaci\u00f3n, indicios, hallazgos, evidencias, objetos, instrumentos, que obren o se encuentren en una carpeta de investigaci\u00f3n, en un proceso penal o est\u00e9n relacionados con las condiciones personales de la v\u00edctima o las circunstancias del hecho que la Ley se\u00f1ale como delito, se le impondr\u00e1 una pena de seis a 10 a\u00f1os de prisi\u00f3n y una multa de 500 a mil Unidades de Medida y Actualizaci\u00f3n.<\/p>\n
Entonces, c\u00f3mo se puede observar, no se trata de una ley mordaza contra el trabajo de comunicadores e informadores, sino que, por un lado, lo que se pretende es que con ese tipo de pr\u00e1cticas se eviten violaciones a la dignidad y derechos humanos de las v\u00edctimas, sus familiares o dependientes, y, por otro lado, se garantiza el debido proceso, y, lo fundamental, dichas sanciones van dirigidas \u00fanica y exclusivamente a servidores p\u00fablicos.<\/p>\n
LAS CARTAS HABLAN.\u2014<\/strong> La presidenta de la Comisi\u00f3n de Justicia en el senado, Olga S\u00e1nchez Cordero, precis\u00f3 que las reformas, conocidas como la \u201cley Ingrid\u201d, sancionan los delitos contra la administraci\u00f3n de justicia cometidos por servidores p\u00fablicos, particularmente a los funcionarios que filtren im\u00e1genes de v\u00edctimas de violencia, y aclar\u00f3 que el proyecto no representa ninguna mordaza, ni est\u00e1n dirigidas a periodistas, youtubers, ni a la poblaci\u00f3n en general, s\u00f3lo a servidores p\u00fablicos.<\/p>\n Record\u00f3 que en febrero de 2020 se difundieron im\u00e1genes del cuerpo de una v\u00edctima de feminicidio en noticieros, diarios, peri\u00f3dicos y en redes sociales, lo que se conoci\u00f3 como el caso de Ingrid Escamilla Vargas, im\u00e1genes que, se cree, llegaron a los medios de parte de alguna o alg\u00fan servidor p\u00fablico.<\/p>\n VA MI RESTO.\u2014<\/strong> Si como dicen los senadores que la \u201cley Ingrid\u201d tiene el prop\u00f3sito de garantizar una vida libre de violencia contra la mujer en todas sus formas, y que busca combatir la violencia medi\u00e1tica de g\u00e9nero y su normalizaci\u00f3n, al establecer y tipificar como delito que las personas servidoras p\u00fablicas filtren o difundan fotograf\u00edas o informaci\u00f3n relacionada con una v\u00edctima, pues entonces es un hecho que en su paso por la c\u00e1mara de diputados la minuta ser\u00e1 de mero tr\u00e1mite y, sin duda, ser\u00e1 aprobada en su t\u00e9rminos, y hasta ah\u00ed porque como veo doy.<\/p>\n