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Lo mejor en cualquier programa o proyecto es, como sostiene el sabio pensador Perogrullo, empezar por el principio.<\/p>\n
Esto viene al caso por las iniciativas del presidente Andr\u00e9s Manuel L\u00f3pez Obrador para reformar al Poder Judicial Federal.<\/p>\n
En muchos foros y mesas de debate, que no sean organizadas por los incondicionales de la llamada Cuarta Transformaci\u00f3n, se ha destacado que esa propuesta m\u00e1s que un proyecto novedoso, representa un intento de venganza: desaparecer (no con metralleta, s\u00f3lo quit\u00e1ndoles el cargo y envi\u00e1ndolos a sus casas) a los jueces, magistrados y ministros que han conservado la independencia de criterio y que se han negado a aprobar demandas o exigencias del Poder Ejecutivo Federal, en concreto, del titular del mismo, el mencionado L\u00f3pez Obrador.<\/p>\n
Efectivamente, el actual inquilino de Palacio Nacional \u2014vivienda que ocupar\u00e1 apenas dos meses m\u00e1s\u2014 ha evidenciado su disgusto con los juzgadores federales que han rechazado o detenido la aplicaci\u00f3n de normas consideradas inconstitucionales, como fue el caso de una reforma el\u00e9ctrica mal encauzada o de un equ\u00edvoco intento de entregar a las fuerzas armadas el control de una instituci\u00f3n que naci\u00f3 con el car\u00e1cter de civil, como es la Guardia Nacional. Por cierto, el mando de esa instituci\u00f3n est\u00e1 a cargo de militares, gracias a una concesi\u00f3n de las bancadas opositoras en el Congreso de la Uni\u00f3n, que aceptaron prolongar el mando militar durante casi un decenio.<\/p>\n
\u201cResulta inconstitucional el traslado administrativo, presupuestario, org\u00e1nico, funcional y de mando que el decreto impugnado, a trav\u00e9s de los art\u00edculos analizados en este apartado, realiza.<\/p>\n
\u201c\u00c9ste se opone al texto del Art\u00edculo 21 (de la Constituci\u00f3n) que, como una garant\u00eda del car\u00e1cter civil de la Guardia Nacional, incorpora expresamente que \u00e9sta deber\u00e1 quedar incorporada a la dependencia del ramo de la Seguridad P\u00fablica, quien formular\u00e1, no solamente la Estrategia Nacional de Seguridad P\u00fablica, sino que sus programas, pol\u00edticas y acciones\u201d, sostiene la ponencia que sirvi\u00f3 de base para la votaci\u00f3n por la cual la mayor\u00eda de ministros de la Suprema Corte puso alto a la militarizaci\u00f3n de la Guardia Nacional, decisi\u00f3n que concit\u00f3 la ira presidencial contra los integrantes del m\u00e1ximo tribunal, y en particular contra el autor de la ponencia, el ministro Juan Luis Gonz\u00e1lez Alc\u00e1ntara Carranc\u00e1, de quien el pol\u00edtico tabasque\u00f1o esperaba total sumisi\u00f3n por el hecho de haberlo nominado para su alto cargo.<\/p>\n
En su ponencia Gonz\u00e1lez Alc\u00e1ntara propone que \u201cel Tribunal Pleno concluye, en l\u00ednea con sus precedentes recientes y con los de la Corte Interamericana\u201d de Derechos Humanos, que el Art\u00edculo 129 de la Constituci\u00f3n federal, le\u00eddo arm\u00f3nicamente con los Art\u00edculos 1 y 21 del mismo ordenamiento y a la luz de las \u00faltimas reformas en materia de Guardia Nacional y seguridad p\u00fablica, establece la regla general, seg\u00fan la cual ninguna autoridad militar puede ejercer m\u00e1s funciones que las que tengan exacta conexi\u00f3n con la disciplina militar.<\/p>\n
La iniciativa de reforma constitucional en materia energ\u00e9tica fue rechazada en el Congreso debido a que las bancadas de Morena y sat\u00e9lites no alcanzaron la necesaria mayor\u00eda calificada, por lo que el pol\u00edtico de Macuspana intent\u00f3 darle vuelta mediante modificaciones a las leyes reglamentarias, lo cual no pudieron evitar las oposiciones al ser superadas por los incondicionales del oficialismo.<\/p>\n
Sin embargo, el subterfugio fue impedido por la Suprema Corte, que en principio no se anim\u00f3 a declarar inconstitucionales las modificaciones, pero dej\u00f3 vigente un amparo que impide la aplicaci\u00f3n de los cambios.<\/p>\n
Por lo anterior y por otras sentencias de la Suprema Corte que no le gustaron, el inquilino de Palacio Nacional decidi\u00f3 una reforma radical del Poder Judicial Federal, cuyo punto sobresaliente es la elecci\u00f3n de los miembros de ese sector que forma parte de los tres poderes de la naci\u00f3n (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), con igual categor\u00eda, cabe precisar. Ninguno es superior a los otros dos.<\/p>\n
Pero como las dos c\u00e1maras del Congreso de la Uni\u00f3n est\u00e1n sometidas a la voluntad del Ejecutivo, todo hace indicar que en cuanto se instale la pr\u00f3xima Legislatura, el 1 de septiembre, s\u00f3lo ser\u00e1 cuesti\u00f3n de tr\u00e1mite que se apruebe esa iniciativa de L\u00f3pez Obrador, que forma parte de un paquete de dos decenas de reformas con las que el Presidente que va de salida pretende consolidar su control total y dejarle esa valiosa herencia a su sucesora, a la que impuls\u00f3 desde hace tres a\u00f1os, en un muy adelantado \u201cdestape\u201d.<\/p>\n
La heredera, por supuesto, est\u00e1 totalmente de acuerdo con los cambios y los agradece de antemano.<\/p>\n
Los que no parecen estar de acuerdo son los expertos en Derecho, pues adem\u00e1s de romper el tambaleante equilibrio entre los poderes federales, la elecci\u00f3n de jueces, magistrados y ministros tiene implicaciones no previstas por L\u00f3pez Obrador ni por sus incondicionales, como la necesidad de imprimir miles de millones de boletas y el enorme plazo necesario para dar cauce a los cientos o miles de votaciones que se requieren.<\/p>\n
Todo depende de la sobrerrepresentaci\u00f3n<\/strong><\/p>\n La confianza del oficialismo de dar como regalo de despedida a su cacique la aprobaci\u00f3n de sus iniciativas pasa por una condici\u00f3n insalvable: que las bancadas afines a la llamada Cuarta Transformaci\u00f3n alcancen mayor\u00edas calificadas (dos terceras partes del total de senadores y diputados) en las dos c\u00e1maras del Congreso.<\/p>\n Esto \u00faltimo depende del Instituto Nacional Electoral (INE), al cual le corresponde asignar a los partidos pol\u00edticos sobrevivientes (el PRD perdi\u00f3 el registro) la cantidad de legisladores de representaci\u00f3n proporcional que les corresponde conforme al porcentaje de votaci\u00f3n logrado en las pasadas elecciones del 2 de junio.<\/p>\n Luego interviene el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federaci\u00f3n (TEPJF), al que corresponde calificar el trabajo realizado por los consejeros electorales y ratificar o rectificar el reparto de los plurinominales.<\/p>\n Si no se tratara de asuntos pol\u00edticos, cabr\u00eda suponer que los integrantes del Tribunal cuidar\u00edan se cumpla el mandato constitucional de que ning\u00fan partido tenga m\u00e1s de 300 diputados y de que la sobrerrepresentaci\u00f3n no sea superior a 8 puntos.<\/p>\n Tambi\u00e9n es de suponer que nadie est\u00e1 de acuerdo con la desaparici\u00f3n de su fuente de trabajo, sobre todo cuando se trata de una instituci\u00f3n indispensable para el resto de la sociedad. Ese es el caso de los magistrados del TEPJF, pues si autorizan la sobrerrepresentaci\u00f3n, a corto o mediano plazo van a desaparecer, como parte que son del amenazado Poder Judicial Federal.<\/p>\n Si no se autoriza la sobrerrepresentaci\u00f3n, el oficialismo no tendr\u00eda mayor\u00edas calificadas y no habr\u00eda cambios constitucionales, por lo menos hasta dentro de tres a\u00f1os, despu\u00e9s de las elecciones federales intermedias en que se renovar\u00e1 la C\u00e1mara de Diputados.<\/p>\n No obstante, el oficialismo est\u00e1 convencido de que sus afines del INE y del TEPJF aprobar\u00e1n la sobrerrepresentaci\u00f3n superior al ocho por ciento y que eso les dejar\u00e1 en condici\u00f3n de aprobar todas las reformas que les demanda su cacique, el presidente L\u00f3pez Obrador. Sostienen que no se les puede aplicar la cl\u00e1usula de la sobrerrepresentaci\u00f3n porque ya no son coalici\u00f3n, que cada partido va por su cuenta.<\/p>\n Contra el optimismo de los legisladores oficialistas, hay un aspecto poco explorado hasta el momento, pero recientemente fue expuesto por el ex procurador General de la Rep\u00fablica, ex ministro de la Suprema Corte y ex director del Instituto de Investigaciones Jur\u00eddicas de la Universidad Nacional Aut\u00f3noma de M\u00e9xico (UNAM), Diego Valad\u00e9s R\u00edos.<\/p>\n El reconocido jurista advirti\u00f3 que el art\u00edculo 54 constitucional establece: \u201cUn partido pol\u00edtico, para obtener el registro de sus listas regionales, deber\u00e1 acreditar que participa con candidatos a diputados por mayor\u00eda relativa en por lo menos doscientos distritos uninominales\u201d.<\/p>\n Pues resulta que ninguno de los partidos del oficialismo, Morena, PT y PVEM, present\u00f3 candidatos propios, todos fueron registrados como de la coalici\u00f3n e igual ocurri\u00f3 con la alianza opositora, PAN, PRI y PRD. El \u00fanico partido que registr\u00f3 candidatos propios fue Movimiento Ciudadano (MC).<\/p>\n En consecuencia, \u00bftodas las plurinominales ser\u00e1n para el \u00fanico partido que cumpli\u00f3 el requisito?<\/p>\n