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\u201cLa prisi\u00f3n preventiva autom\u00e1tica (oficiosa) contraviene principios esenciales de derechos humanos\u201d, dijo el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker T\u00fcrk, en una expresi\u00f3n m\u00e1s en contra de la reforma impulsada por el gobierno de la llamada Cuarta Transformaci\u00f3n para ampliar el cat\u00e1logo de los delitos en los que se puede encarcelar a una persona sin que se le haya comprobado haber cometido un il\u00edcito.<\/p>\n
En realidad, los organismos judiciales internacionales, como la Corte Internacional de Justicia (CIJ) o Tribunal Internacional de Justicia (TIJ) y el mencionado Alto Comisionado en Derechos Humanos, ambos organismos dependientes de la Organizaci\u00f3n de las Naciones Unidas (ONU), han expresado el rechazo a ese mecanismo que en opini\u00f3n de todos los especialistas viola el principio de inocencia, mientras no se compruebe que una persona cometi\u00f3 un delito.<\/p>\n
Desde enero de 2023, la Corte IDH orden\u00f3 al Estado mexicano reformar sus leyes para eliminar y modificar, respectivamente, dos formas de detenci\u00f3n: el arraigo y la prisi\u00f3n preventiva.<\/p>\n
Esa fue la d\u00e9cima segunda ocasi\u00f3n que la Corte IDH expuso la responsabilidad del Estado mexicano por violaciones de derechos humanos. Cumplir con lo ordenado por la Corte IDH es una obligaci\u00f3n legal vinculante y un paso necesario para eliminar pr\u00e1cticas que violan derechos humanos y socavan la efectividad del sistema penal mexicano. En esa ocasi\u00f3n, sobre todo, la Corte Internacional expres\u00f3 preocupaci\u00f3n porque el cumplimiento de la sentencia se enfrenta a resistencias, sobre todo en el contexto actual de estigmatizaci\u00f3n hacia el poder judicial y defensa del sobreuso de la prisi\u00f3n preventiva por parte del gobierno del presidente Andr\u00e9s Manuel L\u00f3pez Obrador.<\/p>\n
Tambi\u00e9n se considera violatoria de los derechos humanos por la detenci\u00f3n denominada arraigo, procedimiento que autoriza la detenci\u00f3n de una persona por hasta 80 d\u00edas sin que las autoridades ministeriales presenten acusaciones penales en su contra.<\/p>\n
En su defensa, los altos mandos de la llamada Cuarta Transformaci\u00f3n han alegado que tales mecanismo fueron aprobados por el Congreso desde 2008, cuando el Presidente de la Rep\u00fablica era el panista Felipe Calder\u00f3n Hinojosa y que ellos solamente han aumentado la lista de delitos graves, en los cuales se justifica la referida prisi\u00f3n preventiva oficiosa (PPO), sobre todo cuando existe el riesgo de que los presuntos delincuentes se fuguen.<\/p>\n
A pesar de tales alegatos, el Alto Comisionado para los Derechos Humanos reiter\u00f3 hace unos d\u00edas su rechazo a la reforma para ampliar el cat\u00e1logo de delitos en los que se puede aplicar la PPO.<\/p>\n
\u201cLa prisi\u00f3n preventiva autom\u00e1tica contraviene principios esenciales de derechos humanos\u201d, dijo T\u00fcrk. \u201cLa prisi\u00f3n preventiva no debe ser una pr\u00e1ctica general, sino una medida basada en una decisi\u00f3n individualizada por parte de una autoridad judicial de que las circunstancias de cada caso justifican dicha detenci\u00f3n\u201d.<\/p>\n
En seguida, record\u00f3 que \u201cmecanismos internacionales, como el Comit\u00e9 de Derechos Humanos y el Grupo de Trabajo sobre la Detenci\u00f3n Arbitraria, han recomendado reiteradamente eliminar la prisi\u00f3n preventiva oficiosa de la legislaci\u00f3n y la pr\u00e1ctica en M\u00e9xico. En 2023, la Corte Interamericana de Derechos Humanos sentenci\u00f3 que esta medida es contraria a la Convenci\u00f3n Americana sobre Derechos Humanos y orden\u00f3 a M\u00e9xico adaptar su sistema legal.<\/p>\n
\u201cM\u00e9xico enfrenta diversos desaf\u00edos en materia de seguridad y acceso a la justicia, pero ampliar el uso de la Prisi\u00f3n Preventiva Oficiosa no es la respuesta\u201d, dijo el Alto Comisionado, quien recomend\u00f3 que \u201cen su lugar, es importante enfocarse en fortalecer la capacidad de las fiscal\u00edas para reunir evidencia y demostrar la necesidad y proporcionalidad de la prisi\u00f3n preventiva ante una autoridad judicial caso por caso, considerando alternativas a la privaci\u00f3n de la libertad\u201d, agreg\u00f3.<\/p>\n
Si bien hay recientes reformas constitucionales que apuntan a fortalecer los derechos de las mujeres, la igualdad de g\u00e9nero y los derechos de los Pueblos Ind\u00edgenas y Afromexicanos, lo cual es bien recibido, otras modificaciones generan serias preocupaciones en materia de derechos humanos, se\u00f1al\u00f3 tambi\u00e9n el Alto Comisionado.<\/p>\n
Record\u00f3 en particular que una amplia reforma judicial, adoptada en septiembre, incluye la elecci\u00f3n popular de las personas juzgadoras, la terminaci\u00f3n anticipada de los mandatos judiciales existentes y la creaci\u00f3n de un Tribunal de Disciplina Judicial con amplias facultades. Al respecto, dijo que \u201cen conjunto, estas disposiciones corren el riesgo de socavar seriamente la independencia del Poder Judicial y su capacidad para defender efectivamente el Estado de Derecho\u201d, dijo T\u00fcrk, quien remat\u00f3:<\/p>\n
\u201cHago un llamado a las y los tomadores de decisiones en M\u00e9xico para detener la propuesta de reforma que ampl\u00eda el alcance de la prisi\u00f3n preventiva oficiosa y garantizar que la legislaci\u00f3n del pa\u00eds est\u00e9 plenamente acorde con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos\u201d.<\/p>\n
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Como el \u201cHijo desobediente\u201d, Morena y r\u00e9moras \u201cno entienden razones\u201d<\/strong><\/p>\n \u00a0<\/strong><\/p>\n A pesar de ese y otros muchos llamados, las bancadas del partido oficial, Morena, y sus sat\u00e9lites del PT y PVEM, contin\u00faan el proceso para ampliar la relaci\u00f3n de delitos en los que se puede aplicar la PPO.<\/p>\n Como todas las reformas que han aprobado a partir de septiembre pasado, los legisladores oficialistas han trabajado a toda prisa y as\u00ed ocurri\u00f3 ayer en la sesi\u00f3n del Senado efectuada, que se inici\u00f3 despu\u00e9s de las 16 horas, para avanzar en negociaciones y procedimientos y as\u00ed evitar eventuales protestas ante el ya muy disminuido Poder Judicial.<\/p>\n Aparte de que los senadores empezaron a trabajar por la tarde, se dispon\u00edan a sostener un largo debate, como ha ocurrido con todas las anteriores reformas constitucionales, pues le dejan a la oposici\u00f3n la posibilidad de expresar todas sus inconformidades, pues a final de cuentas los cambios ser\u00e1n aprobados por la mayor\u00eda calificada que les concedieron el Instituto (INE) y el Tribunal (TEPJF) electorales.<\/p>\n En principio, se presentaron un total de 22 votos particulares, con lo cual seg\u00fan estimaciones llevar\u00eda varias horas, antes del inicio del debate definitivo.<\/p>\n La iniciativa fue presentada por el presidente de la Comisi\u00f3n de Puntos Constitucionales, el senador por Tabasco, \u00d3scar Cant\u00f3n Zetina, quien dijo que el cambio central consiste en que al cat\u00e1logo de delitos en los que se puede aplicar la PPO ya existente se a\u00f1ade la extorsi\u00f3n, una pr\u00e1ctica que asfixia a todo mundo, a comerciantes, agricultores, empresarios, comerciantes de muy, muy bajo monto, destruye econom\u00edas locales y familiares y alimenta el crimen organizado.<\/p>\n \u201cSe adicionan tambi\u00e9n diversas conductas vinculadas con las drogas sint\u00e9ticas como el fentanilo, que devasta vidas al causar adicciones y muertes mientras financian operaciones de grupos criminales.<\/p>\n \u201cTambi\u00e9n hay otro tema que es muy importante y se agrega al cat\u00e1logo: el uso de los comprobantes fiscales falsos que constituyen una amenaza insidiosa contra nuestra econom\u00eda al fungir como herramientas para la evasi\u00f3n fiscal, lavado de dinero y corrupci\u00f3n en el sector p\u00fablico y privado\u201d.<\/p>\n En contra de las cr\u00edticas de que se violan derechos humanos, Cant\u00f3n sostuvo que \u201cno hay nada m\u00e1s contrario a los derechos humanos, que permitir que los victimarios sigan operando sin restricciones, poniendo el riesgo la seguridad de las v\u00edctimas, los testigos y la sociedad misma\u201d.<\/p>\n El primero en presentar su voto particular, en contra, fue el ex candidato presidencial del PAN Ricardo Anaya Cort\u00e9s, quien destac\u00f3 de inicio que, despu\u00e9s de la vida, la libertad es el derecho m\u00e1s importante de los humanos, por lo cual debe ser preservado y garantizado por las autoridades.<\/p>\n Enseguida, aclar\u00f3 que nadie se opone a la prisi\u00f3n preventiva, tambi\u00e9n denominada autom\u00e1tica, pero cuando es justificada. Cuando alguien cometa un delito grave, debe ir a la c\u00e1rcel, pues \u201cno queremos delincuentes en la calle\u201d.<\/p>\n Denunci\u00f3 que la PPO se ha convertido en un refugio para los fiscales y ministerios p\u00fablicos que no cumplen con su responsabilidad de investigar.<\/p>\n Por su parte, las senadoras Carolina Viggiano, del PRI, y Alejandra Barrales, de MC, se\u00f1alaron que la PPO no ha servido como recurso para contener la delincuencia.<\/p>\n