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Cuando los centros de empleo se alejan de las zonas habitacionales, la distancia deja de ser \u00fanicamente un asunto de infraestructura y empieza a determinar cu\u00e1nto tiempo queda disponible para dormir, convivir, estudiar o descansar.<\/p><\/div>\n
La pobreza de tiempo comienza a entrar en la discusi\u00f3n laboral. En agosto de 2026 se present\u00f3 en el Congreso una propuesta de Ley General para la Prevenci\u00f3n y Erradicaci\u00f3n de la Pobreza de Tiempo que incorpora los traslados urbanos al an\u00e1lisis de esta condici\u00f3n y abre una conversaci\u00f3n para las empresas: cu\u00e1nto tiempo necesita una persona para sostener su jornada de trabajo.<\/p>\n
En la Ciudad de M\u00e9xico, cerca de 57% de la poblaci\u00f3n viv\u00eda con pobreza de tiempo en 2024, de acuerdo con Eval\u00faa CDMX. El dato adquiere otra dimensi\u00f3n cuando los trayectos hacia los centros de trabajo pueden sumar una o dos horas a la jornada cotidiana.<\/p>\n
\u201cEl tiempo que gasta un colaborador en trasladarse, determina c\u00f3mo llega a trabajar, as\u00ed como cu\u00e1nto puede permanecer en un puesto y qu\u00e9 tan viable le resulta mantener ese empleo, sin afectar su calidad de vida\u201d, se\u00f1ala Rodrigo Mart\u00ednez, CEO de Kolors, empresa de tecnolog\u00eda enfocada en la movilidad que redefine el transporte de personal en M\u00e9xico.<\/p>\n
Tiempo de traslado \u00bfempuja a renunciar?<\/p>\n
Para las empresas, el traslado no necesariamente termina cuando se calcula la distancia entre la casa y el centro de trabajo. Dos colaboradores de una misma empresa pueden enfrentar recorridos muy distintos y, con ello, disponer de cantidades muy diferentes de tiempo fuera de su jornada laboral.<\/p>\n
Cuando los centros de empleo se alejan de las zonas habitacionales, la distancia deja de ser \u00fanicamente un asunto de infraestructura y empieza a determinar cu\u00e1nto tiempo queda disponible para dormir, convivir, estudiar o descansar.<\/p>\n
Para las empresas, esas diferencias pueden aparecer incluso dentro de una misma plantilla. Dos colaboradores pueden enfrentar recorridos muy distintos para llegar al mismo centro de trabajo. Por eso, evaluar una ruta requiere mirar cu\u00e1nto tiempo consume y qu\u00e9 efecto tiene sobre la plantilla.<\/p>\n
De acuerdo con Kolors, este an\u00e1lisis puede partir de cuatro variables:<\/p>\n
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- Tiempo puerta a puerta: cu\u00e1nto tarda realmente el colaborador desde que sale de casa hasta que llega.<\/li>\n
- Ubicaci\u00f3n de la plantilla: qu\u00e9 zonas concentran los recorridos m\u00e1s largos y d\u00f3nde existen brechas de cobertura.<\/li>\n
- Desempe\u00f1o de las rutas: tiempos de espera, variaciones por horario y puntos donde se acumulan retrasos.<\/li>\n
- Impacto en talento: c\u00f3mo los traslados influyen en la atracci\u00f3n y permanencia de colaboradores.<\/li>\n<\/ul>\n
\u201cSi queremos hablar de pobreza de tiempo, tenemos que empezar a medir tambi\u00e9n lo que ocurre fuera de la jornada. Para las empresas, eso significa preguntarse si sus rutas est\u00e1n devolviendo tiempo a los colaboradores o quit\u00e1ndoselo\u201d, concluye Mart\u00ednez.<\/p>\n
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\u00bfLas empresas est\u00e1n cumpliendo con la \u201cley silla\u201d<\/strong><\/p>\n
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La llamada \u201cLey Silla\u201d dej\u00f3 de ser \u00fanicamente una reforma pendiente de implementaci\u00f3n. Desde diciembre de 2025, las empresas deben cumplir las disposiciones que protegen a las personas trabajadoras que realizan actividades de pie, pero durante 2026 han surgido nuevos llamados para revisar qu\u00e9 tan efectiva ha sido su aplicaci\u00f3n.<\/p>\n
El debate volvi\u00f3 a tomar fuerza en septiembre, despu\u00e9s de que legisladores solicitaran a la Secretar\u00eda del Trabajo y Previsi\u00f3n Social (STPS) reforzar las inspecciones y verificar que las empresas no est\u00e9n evadiendo o simulando el cumplimiento de la reforma.<\/p>\n
La discusi\u00f3n pone atenci\u00f3n en la din\u00e1mica de sectores como comercio, servicios, manufactura y otras actividades donde permanecer de pie forma parte de la jornada laboral.<\/p>\n
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\u00bfQu\u00e9 obliga la \u201cley silla\u201d a las empresas<\/strong>?<\/p>\n
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La reforma a la Ley Federal del Trabajo (LFT) establece que las personas trabajadoras que desempe\u00f1an actividades de pie deben contar con sillas o asientos con respaldo que les permitan alternar entre estar de pie y sentarse durante la jornada.<\/p>\n
Cuando las caracter\u00edsticas del puesto hacen imposible colocar el asiento directamente en el lugar de trabajo, la empresa debe habilitar sillas con respaldo en un \u00e1rea cercana.<\/p>\n
Adem\u00e1s, patr\u00f3n y trabajadores deben establecer el n\u00famero y duraci\u00f3n de las pausas correspondientes.<\/p>\n
Estas condiciones deben quedar incorporadas al Reglamento Interior de Trabajo, junto con los factores de riesgo derivados de la permanencia prolongada de pie.<\/p>\n
La STPS estableci\u00f3 que la totalidad de estas obligaciones qued\u00f3 plenamente exigible desde el 15 de diciembre de 2025.<\/p>\n
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\u00bfLas empresas ya est\u00e1n cumpliendo?<\/strong><\/p>\n
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Los datos disponibles muestran que la aplicaci\u00f3n no es uniforme en todo el pa\u00eds.<\/p>\n
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Por ejemplo, en San Luis Potos\u00ed, la Secretar\u00eda del Trabajo estatal inform\u00f3 en agosto que el 100% de los centros de trabajo inspeccionados hasta ese momento hab\u00eda acreditado la aplicaci\u00f3n de la Ley Silla.<\/p>\n
La propia autoridad aclar\u00f3 que este resultado corresponde exclusivamente a los establecimientos revisados y no representa al universo total de empresas del estado<\/p>\n
En otras entidades se han encontrado situaciones diferentes.<\/p>\n
Por ejemplo en Sinaloa, autoridades laborales reportaron en septiembre la inspecci\u00f3n de 12 negocios por posibles incumplimientos, adem\u00e1s de se\u00f1alar que todav\u00eda existe desconocimiento entre algunos establecimientos sobre las obligaciones de la reforma.<\/p>\n
Asimismo, en Quintana Roo, una revisi\u00f3n realizada entre junio de 2025 y enero de 2026 encontr\u00f3 que 471 de 672 empresas que comparecieron hab\u00edan cumplido con las disposiciones revisadas, equivalente a 70%.<\/p>\n
Estos datos corresponden a procesos de inspecci\u00f3n distintos y no permiten establecer una tasa nacional de cumplimiento, pero s\u00ed muestran que la implementaci\u00f3n presenta diferentes niveles de avance.<\/p>\n
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