Golpecitos al narco
Freddy Sánchez martes 11, Abr 2017Precios y desprecios
Freddy Sánchez
Más de 500 millones de dólares ordenó un juez gringo incautarle al señor Beltrán Leyva, acusado de delitos de narcotráfico, al que se tuvo preso en nuestro país y se extraditó a territorio norteamericano.
La inmediata reacción de quienes están a cargo de la defensa legal del sentenciado por la justicia de aquel país, fue afirmar que es un absurdo pretender que el procesado pague de multa lo que se catalogó como una desmesurada suma de dinero, una vez que se lo condenó a purgar de por vida una pena carcelaria.
Ciertamente, la cantidad de la que se habla no es poca cosa. Se trata de una cuantiosa fortuna que si los tribunales de justicia y el aparato administrativo y judicial Allende el Bravo, logra trasladar al erario como retribución al estado por crímenes del narcotráfico, dicha acción no puede menos que se reconocida y vitoreada.
Ese tiene que ser el objetivo central en la lucha contra el crimen organizado, puesto que no basta la captura de figuras relevantes en torno a las actividades criminales, sino proceder al decomiso de todo el dinero y bienes materiales que hayan logrado amasar quienes estuvieron o están dedicados al tráfico de drogas y demás acciones delictivas, como el secuestro y la extorsión.
Habría que ver, además, si la penalización para el señor Beltrán Leyva, en verdad equivale a lo que logró obtener como dirigente de una organización delictiva o esos 500 millones de dólares con los que se le pretende multar apenas es una bagatela de lo que le produjeron o siguen produciendo sus negocios criminales.
Porque, tal es el punto medular en la lucha contra el crimen organizado y mientras siga habiendo presos y más presos, pero sus ganancias ilícitas continúen sumando cantidades multimillonarias, a repartir incluso entre personajes de la vida pública, a los que comúnmente no se les toca ni con el pétalo de una rosa, como es natural los gastos en materia de seguridad proseguirán a la alza para desperdicio y desfalco del erario público.
Para evitar pues que eso siga ocurriendo en nuestro país, habría que hacer lo hecho contra Beltrán Leyva en Estados Unidos. Imponer astronómicas multas y obligar a pagarlas a quienes caigan en poder de la justicia y sean sujetos a proceso judicial por su aparente dirección en organizaciones criminales.
Lo que lamentablemente en México, pudiéndose hacer con las reformas legales que lo permitan, en realidad se hace muy poco o nunca se hace, ya que muchas veces los que pisan la cárcel, tras algunos años de condena, recuperan la libertad y lo que es peor: sus bienes les son devueltos gracias a gestiones legales que lo consiguen.
De tal suerte que la captura de narcotraficantes en México sin quitarles hasta el último peso de sus riquezas mal habidas y más su extradición a los Estados Unidos (para que allá les saquen información y les decomisen grandes fortunas), equivale a una táctica fallida contra las organizaciones criminales.
Tal parece que en la lucha contra el delito desde el gobierno se incurre en malgastar mucho dinero de los impuestos (pretendiendo quizás hacer grandes negocios de la corrupción con la adquisición de costosos equipos contra el crimen organizado o vendiendo protección para la continuidad operativa de las organizaciones criminales), en tanto simple y llanamente el gran poderío económico del narcotráfico y el de sus comparsas institucionales se mantiene incólume dado que sólo se propinan insignificantes golpecitos al narco.