¿Son rehenes?
¬ Juan Manuel Magaña viernes 17, Oct 2014Política Spot
Juan Manuel Magaña
Suelto dos preguntas a bocajarro sobre los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa: ¿Son rehenes? ¿El crimen busca negociar la excarcelación de un capo?
De otro modo, no me explico el por qué fueron levantados y por qué no han sido encontrados, no obstante la enorme reacción que provocó la noticia de su desaparición. Ese ha sido un acto vil de terrorismo que mediante la creación de un clima de temor e inseguridad pareciera pretender estar forzando un resultado.
Una pregunta más: ¿sabremos la verdad?
La desaparición de los estudiantes ocurrió el sábado 27. Pasó el 28, el 29, el 30 de septiembre, el 1 de octubre. Y el 2 se dio a conocer que Héctor Beltrán Leyva, “El H”, había sido detenido en el estado de Guanajuato, durante un operativo encabezado por la Procuraduría General de la República (PGR).
¿Los hechos se dieron rigurosamente en ese orden?
Por otro lado y sólo por comentar otro ángulo del problema, se dio a conocer el informe final de la Comisión de la Verdad para el estado de Guerrero. Ahí se afirma que por su magnitud, hay crímenes contra el derecho humanitario, donde la reparación del daño a que el Estado está obligado, es imposible de cubrir.
Entre esos crímenes podría estar ya la desaparición de los 43 jóvenes de Iguala hace 19 días, tal como ocurre con las desapariciones, asesinatos, tortura, vuelos de la muerte y militarización de poblados enteros hace 40 años en dicha entidad, lo que se llamó la guerra sucia. Y según el presidente para este estado del organismo, Enrique González Ruiz, simplemente no hay modo de reparar el daño por la profundidad del daño causado a las víctimas y a la sociedad.
No sólo Guerrero sino el país entero vive en vilo por la desaparición de 43 estudiantes y los hallazgos de numerosas fosas ilegales llenas de cuerpos humanos de desconocidos. Y sin embargo, cuestiona la comisión, la desaparición forzada no está reconocida a estas alturas como un delito.
Por eso, se demandó que el Congreso estatal se aboque con urgencia a reformar el Código Penal local y crear un marco legal para la tipificación del delito de desaparición forzada. Estas modificaciones del Código Penal local deberán ajustarse a los criterios de la Convención Internacional sobre Desaparición Forzada, que incluye decretar la imprescriptibilidad del delito; la prohibición de incinerar cuerpos de personas que se sospeche puedan estar relacionadas con un caso de desaparición; la sanción a policías que no pongan de inmediato a disposición del Ministerio Público a las personas detenidas.
Concluida la labor de la Comisión de la Verdad para el estado de Guerrero, según la ley orgánica de la institución, los organismos de procuración de justicia del estado deben ejercer acción penal sobre los responsables de los hechos denunciados. Este informe fue presenciado por decenas de familiares, principalmente viudas, de desaparecidos de la década de los 70. También varios ex presos en cárceles clandestinas, a quienes el informe aborda como víctimas de desaparición temporal.
Las políticas antisubversivas del estado, se dijo, tampoco terminaron en 1979, sino que continuaron hasta principios de los 80. Al fallar la justicia y encubrirse los hechos las heridas siguen supurando.
El ex rector de la Universidad Autónoma de Guerrero añadió que es inaceptable que existan monumentos y vialidades con los nombres de ex presidentes y gobernadores de ese periodo claramente vinculados con las políticas antisubversivas. El lapso investigado corresponde a las administraciones de Gustavo Díaz Ordaz y Luis Echeverría Álvarez y a las gubernaturas de Israel Nogueda Otero y Rubén Figueroa.
