Incapacidad moral
¬ Francisco Reynoso jueves 8, Dic 2022Triple Erre
Francisco Reynoso
Cuando veas las barbas de tu vecino recortar…
El presidente López ayer perdió el gesto sardónico de los últimos días.
En la mañanera le habrá pasado por la mente la canción de Aroddy, “Ya me vi”.
Y dijo haciendo de tripas corazón: “Si quieren meterme a la cárcel cuando termine ya saben dónde voy a estar”.
Vino a cuento esto porque un tribunal colegiado de tres jueces —hombres que evidentemente no tienen ningún compromiso de gratitud ni le tienen miedo al presidente Alberto Fernández— condenó a la vicepresidenta de Argentina, Cristina Elizabet Fernández de Kirchner a seis años de prisión y le impuso una inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
Y todavía hay más. Porque hay varios juicios en marcha. La viuda de Néstor Kirchner podría acumular más años de sentencia y otras sanciones.
Por lo pronto, también deberá pagar los costos del proceso en el que resultó culpable de operaciones fraudulentas durante los años que ejerció como presidenta de Argentina.
Entre otras acciones ilícitas, la fiscalía acusó y los jueces la condenaron, por otorgar 51 obras públicas de manera discrecional e ilegal. Obras por las que se pagaron más de 1,000 millones de dólares —alrededor de 20 mil millones de pesos mexicanos y 160 mil millones de pesos argentinos—.
López Obrador perdió la sonrisa ladina con la que se burla de los partidos de oposición quizá porque una práctica reiterada en la Cuarta Transformación ha sido la de asignar contratos de obras, adquisiciones y servicios sin licitación. Para la 4T lo más fácil ha sido la adjudicación directa —a los cuates, a los que financiaron la lucha—. Porque a López no le vengan con que la ley es la ley.
Mexicanos contra la Corrupción, que encabeza María Amparo Casar, reveló que, según reportes de la plataforma Compranet, el año pasado la cuatroté otorgó 126 mil 750 contratos mediante adjudicación directa Por un monto de 140 mil 200 millones de pesos —aproximadamente 1 billón 121 mil millones de pesos argentinos—.
Es decir, a ojo de buen cubero, los contratos por asignación directa que hizo la cuatroté en un año tendrían un monto 10 veces mayor a los que le valieron una condena de 6 años de cárcel a Cristina Elízabet Fernández viuda de Kirchner.
Dice López: “Si quieren meterme a la cárcel cuando termine ya saben dónde voy a estar”.
En su fuero interno, López está tranquilo porque en la Suprema Corte, con todo y que termina el magistrado Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, de quien se dice que arrastra cadenas de esclavitud con el sello de la 4T, en el Poder Judicial Federal no se ven tamaños para meter a la cárcel a López Obrador, ni ahora que vive en Palacio Nacional ni cuando se mude a su rancho en Chiapas.
López Obrador sí se atreve y llama corruptos y defensores del neoliberalismo y del capital, a jueces y magistrados. Y ordena investigarlos y los amenaza.
Pero el Poder Judicial de México está lejos de tener verdadera autonomía y aplicar las leyes sin importar que el acusado se apellide López Obrador.
Porque debe quedar claro que el Presidente tiene varias denuncias y carpetas de investigación por delitos diversos, principalmente por violar la Constitución, en la Fiscalía General de la República.
A media mañana, la digestión del desayuno se le habrá complicado a López Obrador con la noticia de que el Congreso de Perú destituyó al presidente Pedro Castillo por “incapacidad moral”.
Castillo intentó lo que López Obrador ha deseado desde que se instaló la 65 Legislatura del Congreso de la Unión, en septiembre de 2021: Disolver la Cámara de Diputados en la que no tiene mayoría calificada para cambiar la Constitución. Y ha tenido que tragarse la derrota, entre otras, de no desintegrar al INE y Trife y de elegir a los consejeros y magistrados electorales con el voto del pueblo sabio y bueno que él manipula a su antojo.
El Poder Legislativo de Perú preparaba la sesión para analizar, discutir y votar la iniciativa de declarar vacancia en la Presidencia de la República.
Ante ello, el presidente Pedro Castillo anunció la disolución del Congreso y la instalación de un gobierno de excepción.
La postura locuaz de Castillo fue considerada como un intento fáctico de golpe de Estado y el mundo se le vino encima.
Hoy Perú estrena presidenta: Dina Boluarte, quien era vicepresidenta. Y Castillo quedó preso en instalaciones de la Policía Nacional. Y como dícese en el vulgo: “No se la va a acabar”.
Lo sucedido en Perú debe analizarse muy detenidamente en el bloque opositor. Y entenderse con claridad meridiana que en las elecciones de 2024 lo más importante no es ganar la Presidencia de la República.
Lo que realmente importa a México es que los partidos de oposición sean mayoría calificada en las cámaras de Senadores y Diputados.
Con ese equilibrio de poderes, López Obrador, así se esconda en La Chingada, tendría que responder por acciones similares a las cometidas por la viuda Kirchner. Y quien lo suceda en Palacio Nacional tendría que portarse muy derechito para no enfrentar el vergonzoso cargo de “incapacidad moral”.
La verdad es la verdad
y no admite otros datos
