Ante las restricciones sanitarias y la crisis económica generada por la pandemia de Covid-19, al menos 190 mil pequeños comercio de los 480 mil que están registrados en la Ciudad de México tuvieron que cerrar, por lo que es incierto el panorama para este sector.
Tras cinco días de bloqueo en la avenida Juárez, el gobierno de la Ciudad de México permitió a los integrantes del Frente Nacional Anti-AMLO (FRENAAA) avanzar hacia el Zócalo capitalino, en respeto a la ley y al amparo promovido por la organización, anunció el secretario de Gobierno, Alfonso Suárez del Real.
Tras 13 semanas consecutivas en semáforo epidemiológico naranja en la Ciudad de México, los gimnasios podrán reabrir a partir del lunes 21 de septiembre; sin embargo, sólo se podrán realizar actividades individuales al 30% de capacidad, informaron autoridades capitalinas.
Claudia Sheinbaum Pardo, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, presentó su Segundo Informe de Gobierno al Congreso de la CDMX este jueves 17 de septiembre de manera virtual, donde afirmó que continuará garantizando el “acceso a los grandes derechos sociales y la protección de derechos humanos para todos”.
Los comercios ubicados en el primer cuadro de la Ciudad de México deberán cerrar del 14 al 16 de septiembre, para desincentivar a la ciudadanía y no asista al Zócalo, en el marco de la conmemoración del 2010 aniversario de la Independencia de México, ante el riesgo de contagios de Covid-19.
La Secretaría de Seguridad Protección Ciudadana a través de la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred) y el Gobierno de la Ciudad de México, mediante la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), iniciaron la campaña conjunta “Ciudad Preparada”.
El presidente del Poder Judicial de la Ciudad de México, magistrado Rafael Guerra Álvarez, enfatizó que las víctimas del delito de trata de personas deben tener un acompañamiento de las autoridades a fin de garantizar su comparecencia no sólo al inicio del proceso, sino hasta el juicio, porque de lo contario se favorece al procesado.
En el Foro Virtual Justicia Electrónica-Retos y Oportunidades “Juicios en Línea”, el magistrado presidente del Poder Judicial de la Ciudad de México (PJCDMX), Rafael Guerra Álvarez destacó que el Consejo de la Judicatura, como órgano administrador del Poder Judicial diseñó y puso a disposición de los juzgados del Tribunal, las tecnologías de la información necesarias para impartir justicia, sin imponer o condicionar su autonomía jurisdiccional.
Durante la presentación del Informe Anual 2019 de Actividades de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHMX) , el magistrado presidente del Poder Judicial de la Ciudad de México, Rafael Guerra Álvarez, al referirse a este organismo autónomo de la Ciudad de México, sostuvo que “25 años de historia respaldan una evolución hacia una justicia restaurativa con perspectiva de género; una apuesta por la mediación y demás medios de justicia alternativa; así como garantizar un acompañamiento más cercano y abierto a las víctimas”.
La Ciudad de México permanecerá por novena semana en semáforo naranja del 24 al 30 de agosto. Sin embargo, a partir de este jueves se reiniciarán actividades en los teatros.
Al rendir un informe de cumplimiento del plan institucional, acciones para el desarrollo institucional y acciones implementadas por el Covid-19, el presidente del Poder Judicial de la Ciudad de México, magistrado Rafael Guerra Álvarez, destacó que en menos de un año se logró pasar de 20 a 44 juzgados civiles de proceso oral.
El Congreso de la Ciudad de México analizará formalmente la iniciativa de Morena para prohibir la venta de refrescos y comida “chatarra” a menores de edad.
A nombre de los tribunales superiores de justicia del país, el presidente de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos (Conatrib), magistrado Rafael Guerra Álvarez, expresó su respaldo a la iniciativa para que el artículo 116 constitucional, fracción III, disponga una garantía institucional de autonomía presupuestal a favor de los poderes judiciales locales.
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