Jueces demuestran que no deciden por consigna
Miguel Ángel Rivera martes 27, Abr 2021Clase Política
Miguel Ángel Rivera
El pasado día 21, el presidente Andrés Manuel López Obrador criticó la suspensión provisional contra la creación del padrón de telefonía móvil y en particular censuró al juez federal que otorgó el amparo, titular del Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa, Juan Pablo Gómez Fierro, que a últimas fechas se ha convertido en uno de sus blancos favoritos, a raíz de que protegió a empresas privadas inconformes con la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica.
“Este juez que otorga así, rápido, amparo por lo de las tarjetas telefónicas a las empresas, es el mismo juez que ampara a las empresas eléctricas. Soy muy respetuoso del equilibrio, de la autonomía, la independencia de los poderes, pero sí hace falta una reforma, urge una reforma al Poder Judicial”, dijo el primer mandatario.
Con este antecedente, resulta más atractivo conocer lo que dirá mañana el jefe del Ejecutivo, cuando se le pregunte su opinión acerca de otros jueces que se han negado a conceder amparo contra el llamado Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (PANAUT), recientemente aprobado en el Congreso de la Unión, como parte de una reforma que obliga a los usuarios de telefonía celular a registrar sus datos biométricos, como huella digital y el iris de los ojos, además de nombre y dirección.
Esto viene al caso en especial porque otro juez que también fue satanizado por el presidente López Obrador por conceder suspensiones provisionales contra la reforma energética, el titular del juzgado Primero en Materia Administrativa, Especializado en Competencia, Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, Rodrigo de la Peza, rechazó un total de 53 amparos contra el PANAUT.
En este caso, el argumento central del juez de la Peza es que los amparos no proceden porque hasta ahora el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) -que conforme a la reforma será el responsable de resguardar la información de los usuarios- hasta ahora no ha dado a conocer las reglas operativas. De hecho, ese organismo tiene de plazo hasta octubre para dar a conocer las normas aplicables.
“De las pruebas aportadas por la parte quejosa, no se desprende que la autoridad reguladora o la compañía telefónica le haya requerido los datos a que se refiere el Decreto reclamado”, dice la sentencia.
Por cierto, cabe destacar que la creación del PANAUT ha generado numerosas respuestas críticas de parte de los partidos de oposición y de organismos de la sociedad civil, por considerar que son más los riesgos que la eventual protección de la sociedad contra los criminales que utilizan teléfonos celulares para cometer sus fechorías.
Por ejemplo, el Instituto del Derecho de las Telecomunicaciones (IDET) advirtió que si bien el propósito de crear el PANAUT -frenar la comisión de prácticas ilícitas como los delitos de extorsiones telefónicas y secuestros- resulta loable, “la capacidad técnica y presupuestal para su instrumentación es prácticamente absoluta y, por el contrario, generará distorsiones significativas al mercado móvil, mayor inseguridad potencial y diversos efectos negativos más.
También indica que en el ámbito internacional “no existe una correlación positiva entre un registro como el PANAUT y la criminalidad. Por el contrario, en algunos países, se han detonado incentivos al uso de la información recabada para la comisión de fraudes y otros delitos”.
El IDET también señala que, con este registro, “México se sumaría a la corta lista de países, autoritarios, por cierto, que requiere el registro de datos biométricos para la contratación de servicios móviles, como Arabia Saudita, Bahréin, Bangladesh, China, Emiratos Árabes Unidos, Nigeria, Pakistán, Tanzania, Uganda y Zambia.
Esto impone barreras a la contratación de servicios para los usuarios, siendo los más afectados aquellos que se encuentran en zonas rurales y semi-urbanas.
El mencionado Instituto destaca asimismo que el organismo responsable de organizar el Registro, el IFT, deberá destinar alrededor de 100 millones de pesos al año para la administración del PANAUT, además de que no dispone de las capacidades técnicas ni de capital humano para una encomienda semejante.
Además, indica que, “si el propósito es frenar las extorsiones telefónicas, que por cierto 9 de cada 10 de esas llamadas se originan desde de centros penitenciarios, lo más efectivo, menos costoso y más conveniente habría sido dedicar recursos al bloqueo de las comunicaciones de entrada y salida de estos 447 penales”.
Pero, bueno, lo que apuntamos es el interés por conocer la opinión del presidente de la República acerca del diferente comportamiento de los jueces acerca de un mismo tema, el PANAUT, lo que en opinión de los especialistas demuestra que los jueces no actúan por consigna, sino a partir de sus conocimientos del Derecho.
AMLO insiste: sólo el ministro Zaldívar
puede conducir la reforma del Poder Judicial
Los juicios del presidente López Obrador acerca de la actuación de los jueces de distrito están íntimamente vinculados con la reforma al Poder Judicial Federal recientemente aprobada en el Congreso y, la cual, en opinión del primer mandatario, sólo puede ser llevada a cabo bajo la conducción del actual presidente de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo de la Judicatura, el ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea.
Conforme lo han expresado tanto el Ejecutivo como el Judicial, la iniciativa de reformas -que por cierto casi no originó resistencias en las cámara de Diputados y Senadores- fue preparada por el ministro Zaldívar, quien la presentó primero al presidente López Obrador, quien la hizo suya al grado de promoverla ante el Legislativo y la recomendó a las fracciones parlamentarias de su partido, Morena, que la aprobaron sin cambios y con toda celeridad, como todos los casos en que se trata de asuntos de interés del jefe del Ejecutivo.
El problema surgió de un artículo transitorio, el número 13, que amplía el mandato de Zaldívar como presidente de la Suprema Corte de Justicia de cuatro a seis años, para que termine en 2024 cuando concluye también el periodo para el cual fue electo López Obrador.
El transitorio fue introducido de última hora en el Senado y luego ratificado en la Cámara de Diputados, a pesar de la resistencia de los partidos de oposición y de las opiniones en contrario de reconocidos juristas que consideran esa ampliación como una medida anticonstitucional y violatoria de la autonomía del Poder Judicial, pues la Carta Magna establece claramente que el presidente de la Corte debe ser elegido por los once ministros que integran ese máximo tribunal y su periodo no puede ser de más de cuatro años.
En contra del transitorio se manifesaron inclusive algunos legisladores de Morena, como Lorena Villavicencio, Pablo Gómez y, de manera destacada, el experimentado Porfirio Muñoz Ledo, quien a sus 84 años abadonó el aislamiento obligado por la pandemia y se presentó en la tribuna de la Cámara de Diputados, para una larga exposilción acerca de la anticonstitucionalidad de esa reforma y la violación de la autonomía del Poder Judicial.
En contra de las críticas, el presidente López Obrador defendió la reforma y la calificó de constitucional, pero lo que mayor sorpresa ocasionó es su afirmación de que sólo el ministro Zaldívar puede llevar a cabo la reforma del Poder Judicial Federal y su descalificación del resto de los ministros, a pesar de que tres de ellos fueron aprobados por los legisladore a recomendación del propio primer mandatario.
Todavía ayer, en su conferencia mañanera, el presidente López Obrador repitió la descalificación de los ministros del máximo tribunal. Dijo que, si no aprueban la ampliación de dos años de Arturo Zaldívar al frente de la Suprema Corte, se convertirían en cómplices de la corrupción.
En otra declaración, en referencia a los críticos, el Presidente expresó: “ahora se rasgan las vestiduras los intelectuales porque quieren que el Poder Judicial siga al servicio de la mafia del poder, hablando en plata, quisieron que los jueces no amparen no protejan al pueblo, sino a los representantes de las corporaciones financieras, eso es lo que quieren, entonces la reforma va a significar que se ampare a todos los mexicanos, que no haya nepotismo, que se acabe con el influyentismo y mantengan su independencia, su autonomía”.