Entre funcionarios “patito” y nepotismo
Luis Muñoz viernes 26, Ene 2024Segunda vuelta
Luis Muñoz
Los funcionarios “patito” son como el nepotismo: un mal que no se debería tolerar ni aceptar, pero que ahí están, incrustados en los gobiernos sean de izquierda o de derecha, a nivel local o federal. En el caso del nepotismo, siempre se recordará la frase pronunciada por el entonces presidente de México, José López Portillo, quien muy ufano calificó como “el orgullo de su nepotismo” la designación de su hijo José Ramón, como subsecretario de Programación y Presupuesto.
En el caso de los funcionarios “patito”, está el ejemplo de Esteban Moctezuma Barragán, ex secretario de Educación Pública, quién, de acuerdo con el diario El Norte, reconoció haber incurrido en falsedad al ostentarse como licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, sin haberse titulado porque debía (o debe) algunas materias.
El caso más reciente de estos especímenes lo representa Ulises Lara, que logró un título en Derecho gracias a su cuñado Martí Batres y el tráfico de influencias en el Gobierno de la Ciudad de México. Asuntos que deben tomarse muy en serio porque van contra toda ética.
El Grupo Parlamentario del PAN en el Congreso de la CDMX, frente a esta situación, presentó una iniciativa que tiene como objetivo sancionar y evitar que los servidores públicos se ostenten con la profesión, para la que no tienen la capacidad técnica en el desempeño de un cargo, en concordancia al mandato Constitucional al derecho a una buena administración pública, de carácter receptivo, eficaz y eficiente.
El diputado Luis Chávez García indicó que los servidores públicos con responsabilidades técnicas o especializadas, están sujetos a procesos de selección de méritos personales, en los que se toman en cuenta su instrucción, experiencia y capacidades específicas (aunque no siempre sea así). Está como muestra el caso de Ulises Lara, quien no es abogado y logró un título en Derecho gracias al nepotismo, que no es otra cosa que la utilización de un cargo público para favorecer a familiares o amigos, lo cual también puede considerarse como una especie de corrupción.
Volviendo a lo dicho por el panista Chávez García, éste señala que en los hechos, algunos nombramientos suelen ser a beneficio político de quien los designa o a la protección de determinados intereses particulares, o de grupo, en perjuicio del bienestar público. “Como sucede con la corrupción de Morena en la Ciudad de México. A Ernestina Godoy se le buscó proteger hasta el último día de su gestión al frente de la Fiscalía local”.
El relevo de la ex fiscal Godoy, Ulises Lara López, que se desempeñaba como vocero de la dependencia y en su último día en el cargo su jefa Godoy lo nombró Coordinador General de Investigación Territorial, hecho que le permitió quedarse al frente de la Fiscalía en la capital. Los panistas sostienen que el nombramiento de Lara fue más una maniobra política que una designación basada en méritos, en este caso la lealtad fue más importante, como dice el Presidente. “Para este gobierno, la preparación académica no interesa, no se requiere capacidad alguna y la deshonestidad se desborda significativamente. Los métodos utilizados por Ulises Lara para obtener un título y una cédula profesional son cuestionables”.
Ante ello, el diputado del PAN mencionó que para perseguir delitos y tratar con las víctimas, se requiere experiencia, preparación, capacitación, méritos y no recomendaciones políticas. De lo que se trata es de mejorar la profesionalización y los valores éticos. Por eso, dijo, se presenta ante el pleno la iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforma el Código Penal del Distrito Federal, con un artículo de nueva creación, el 259 BIS, quedando de la siguiente manera:
Capítulo II. Ejercicio legal y abandono del servicio público.
ARTÍCULO 259 Bis. Comete el delito de servicio público fraudulento, la persona que labora en la administración pública, en los Órganos de Seguridad Ciudadana, en la Fiscalía General de Justicia o en el Poder Judicial de la CDMX, sin contar con los conocimientos para el servicio público, o bien se ostente con un grado de estudios que no posee.
De igual manera comete este delito el servidor público que de manera ostensible y en plazos de tiempo reducidos, presenta documentos que lo acreditan con un grado de estudios que no poseía y para los que en la práctica se requieren protocolos de tiempo amplios.
Se impondrá prisión de dos a seis años, al servidor público que teniendo conocimiento de no contar con los estudios y conocimientos que el servicio público requiere, ostenta el cargo de servidor público en la Administración Pública, en Órganos de Seguridad Ciudadana, en Órganos de Procuración de Justicia, en la Fiscalía General de Justicia o en el Poder Judicial de la Ciudad de México.
En noviembre de 2022, El diario Basta realizó una investigación que demostró que Toluca, capital del Estado de México, está plagado de funcionarios “patito”. Algunos solamente tienen carreras técnicas, pero hay quienes a duras penas acabaron la primaria o la secundaria, sin embargo, cobran como si fueran unas eminencias en sus áreas de trabajo.