Corrupción, reto para el próximo gobierno
Luis Muñoz jueves 1, Feb 2024Segunda vuelta
Luis Muñoz
México es el peor evaluado entre los países que conforman la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico); se mantiene estancado en 31 puntos y ocupa la posición 126 de 180 naciones.
Transparencia Internacional y Transparencia Mexicana presentaron el Índice de Percepción de la Corrupción 2023, en el que “por cuarto año consecutivo, México mantuvo la misma calificación en el IPC”.
México comparte puntuación con El Salvador, Kenia y Togo, todos con 31/100 puntos. Los puntajes más altos del IPC corresponden a Dinamarca (90/100), Finlandia (87/100) y Nueva Zelanda (85/100). Los países peor calificados son Sudán del Sur (13/100), Siria (13/100), Venezuela (13/100) y Somalia (11/100). Entre el grupo de países que conforman la OCDE, México se ubica en el último lugar. En el grupo de las 20 economías más grandes del mundo (G20), México se encuentra en la penúltima posición, sólo por encima de Rusia (26/100 puntos).
De acuerdo con el Índice, en América Latina, México se ubica por encima de Bolivia (29/100), Paraguay (28/100), Guatemala (23/100), Honduras (23/100), Haití (17/100), Nicaragua (17/100) y Venezuela (13/100).
Cabe señalar que desde 2020, México no ha tenido cambios en su puntaje ni en su posición en el IPC. A pesar de que la sociedad mexicana identifica a la corrupción como uno de los principales obstáculos para el desarrollo social y la reducción de las desigualdades, las grandes tramas de corrupción no han sido sancionadas.
Ninguno de los grandes casos de corrupción ha llegado a sentencias definitivas. Ni la “estafa maestra” (con un desvío estimado en 7 mil millones de pesos), ni el caso Agronitrogenados-Pemex (donde se estima un desvío de 200 millones de pesos de las arcas mexicanas) o el caso Segalmex-Diconsa-Liconsa (con una desvío estimado en cerca de 9,500 millones de pesos) han llegado a sentencias en firme. Casos de corrupción internacional, como el de Odebrecht, tampoco.
“Aunque se abren cientos de carpetas de investigación por posibles actos de corrupción, las sanciones no llegan. Tampoco se han recuperado los activos desviados o se ha conducido una apropiada reparación de daño para las víctimas. De hecho, el Estado mexicano no reconoce a los ciudadanos y contribuyentes del país como víctimas en las tramas de corrupción que han sido documentadas y expuestas ante la opinión pública”, señaló Transparencia Mexicana. Señala, además, que a unos días de que inicien formalmente las campañas presidenciales, Transparencia Mexicana enfatizó que la corrupción será un reto para la siguiente administración, especialmente por el avance del crimen organizado en numerosas jurisdicciones del país. Entre las recomendaciones para México, destacan las siguientes: Dado que el Sistema Nacional Anticorrupción es la suma de las instituciones de control, fiscalización e investigación de la corrupción en el país, la fuerza de las partes es la fuerza del sistema. Si cada una de las instituciones que lo conforman falla en su tarea institucional, el sistema anticorrupción no podrá dar los resultados que exige la población.
La recuperación de activos y una profunda discusión sobre quienes son las víctimas de la corrupción y cuál es la forma de reparar apropiadamente el daño, es una oportunidad para cicatrizar la herida social dejada por años de corrupción e impunidad. Además de la protección a denunciantes y alertadores de corrupción, México debe dar garantías a quienes investigan la corrupción de que no recibirán represalias o que serán amedrentados.
Las fiscalías no sólo deben ser independientes, sino contar con apropiados mecanismos para la protección de quienes cumplen tareas de procuración de justicia, entre otras.
Solapa IECM elección de alianza
El Grupo Parlamentario de Acción Nacional respaldó al representante local ante el Instituto Electoral de la Ciudad de México, Andrés Sánchez Miranda, quien ha expresado su preocupación por el proyecto de candidaturas comunes de Morena, PT y Verde Ecologista, que, de acuerdo a su criterio, es contrario al Código Electoral y altera las disposiciones del Tribunal Electoral en materia de coaliciones y candidaturas comunes. Sánchez Miranda señaló que los criterios vigentes de la Sala Superior del Tribunal Electoral limitan a las candidaturas comunes al 25 por ciento del total de las candidaturas. Sin embargo, Morena, PT y PVEM buscan aliarse con esta figura, en más del 95% de los distritos y en 16 de las 16 alcaldías. El legislador advirtió que, “al aprobarse nos veremos a ir nuevamente a una instancia jurisdiccional para hacer notar las omisiones, deficiencias técnicas y la ilegalidad de los acuerdos por los que se busca declarar procedentes los convenios de candidaturas comunes entre Morena y sus satélites”.
Sánchez Miranda explicó que a través de las candidaturas comunes es la forma en la que se transfieren votos entre las diversas fuerzas políticas, dándoles más presupuesto y curules a los partidos aliados de Morena.