Michoacán, lo que le falta
Ramón Zurita Sahagún viernes 25, Nov 2011De frente y de perfil
Ramón Zurita Sahagún
Se equivocan quienes piensen que Michoacán es un caso concluido, con la recuperación del estado para las huestes priístas. El libro de los comicios del 13 de noviembre no tiene escrita, todavía, su última página.
Las señales establecen una ardua disputa en tribunales locales y federales, a los que acudirán los partidos derrotados en la contienda, los que no asimilan cómo perdieron esa batalla.
Silvano Aureoles Conejo y Luisa María Calderón sintieron que tenían ganada la elección, más la segunda que el primero, ya que fueron convencidos por sus asesores de la victoria y el mismo día de los comicios salieron a pregonar su triunfo.
Es la primera ocasión en que tres candidatos al mismo cargo salen, cada uno por su lado, a proclamar una victoria en las urnas, la que finalmente no fue alcanzada por dos de ellos.
Como los fríos números no les dieron la razón, ahora los dos perdedores recurren a los tribunales para dilucidar ante ellos la legalidad del proceso electoral.
Lanzan descalificaciones a diestra y siniestra, las mismas que no vieron en el momento en que confiaron en los datos que les fueron proporcionados por empresas encuestadoras.
Pero ya no buscan que se haga un nuevo recuento, sino que transitan por otras rutas para mostrar la intervención de grupos delictivos, la inducción al voto y la inequidad del proceso.
Michoacán, se sabía, no fue un proceso electoral fácil, ya que intervinieron muchos factores y se advertía de la posibilidad de la presencia del crimen organizado.
Tan era factible que le costó la vida al alcalde de La Piedad, de extracción panista, mientras los tres candidatos (Fausto Vallejo Figueroa, Luisa María Calderón y Silvano Aureoles Conejo) se pronunciaban en contra de la eventual intervención de los grupos delincuenciales.
La referencia era muy obvia, ya que en Michoacán ocurrieron demasiados eventos que dejaban en claro la presencia ineludible de esos grupos del crimen organizado. Dos de esos grupos se formaron en el estado y hasta han ampliado su presencia fuera de los límites del estado. “La Familia” y “Los Templarios” son dos de esas organizaciones fortalecidas durante la administración quinquenal de Leonel Godoy Rangel.
Pero además de ello, Michoacán fue el estado donde se inició la lucha del gobierno federal en contra del crimen organizado. Fue la entidad en la que se escenificó el principal ridículo de las autoridades, cuando con lujo de difusión se realizó la operación conocida como “el michoacanazo”, en que una treintena de personajes políticos, entre alcaldes y autoridades policíacas fueron detenidas, arraigadas y dejadas en libertad, al no comprobarse ningún nexo con los delitos que les eran imputados, luego de pasar largos meses detenidos, sin pruebas fehacientes de su culpabilidad.
Michoacán es también la entidad que representaba el llamado narcodiputado, Julio César Godoy, por cierto, hermano del actual gobernador, quien se encuentra prófugo.
Son muchos los factores que han convertido a Michoacán en uno de los cincos estados con mayores índices de violencia en el país, con grandes porciones del territorio, en los que la ley que rige es la del más fuerte, acatada por autoridades y ciudadanos en general.
Por eso, no sorprende la grabación que circula sobre los magos del crimen organizado a los electores de Tuzantla, para sufragar a favor de uno de los candidatos.
La veracidad de la grabación y de los personajes que dialogan sobre el tema corresponde a las autoridades, aunque se les ha dado la certidumbre de realidad y será usada como prueba cruda de la existencia de presiones en contra de la ciudadanía.
Sin embargo, no es por ahí, por donde los partidos buscar anular el proceso electoral, aunque más que eso, lo que quieren es armar ruido y mantener vigente el tema durante las semanas previas al registro de candidatos.
Y es que lo que Luisa María y Silvano no fueron capaces de conseguir en las urnas, buscan ahora justificarlo, mediante las quejas, recursos e impugnaciones en un proceso electoral que no fue cuestionado, sino hasta que confirmaron que habían perdido.
Este es el antecedente más cercano a la elección presidencial, la que se vislumbra como algo similar, con tres partidos disputando en tercios los votos de los electores. Por eso, depende del ruido que hagan los perdedores para saber cuán enconados estarán los ánimos cuando se inicie la verdadera disputa por la Presidencia de la República.
FOCOS DE VIOLENCIA
Dos estados en los que la expresión violenta parecía mínima, ante los grandes escenarios nacionales, demandaron su sitio dentro de las entidades con grandes problemas de inseguridad.
Súbito, Sinaloa y Jalisco reclamaron su presencia como estados con graves problemas en ese terreno, cuando por un lado aparecen una veintena de muertos, 17 de ellos calcinados y en el otro, arrojan (26) cadáveres en la calle, al estilo Veracruz.
La preocupación no es poca en los ámbitos del gobierno federal, toda vez que esas dos entidades no formaban parte del círculo que integran los estados de Chihuahua, Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz, Michoacán y Guerrero, con mayores expresiones de violencia.
Por lo pronto, la aparición de mensajes de amenazas en contra de los gobernadores de Sinaloa, Mario López Valdez, y de Jalisco, Emilio González Márquez, generó todavía mayor preocupación.
Eso sí, con la diligencia que caracteriza al gobierno federal, la Secretaría de Gobernación manifestó su condena ante tales hechos y expresó que brindará todo su apoyo para la búsqueda de los responsables de los hechos, para que éstos no queden impunes.
Con estas palabras marca su estilo político Alejandro Poiré, el nuevo titular de Segob.