Prensa masacrada
Freddy Sánchez martes 23, May 2017Precios y desprecios
Freddy Sánchez
El asesinato de un periodista hace muchos años, no sólo conmocionó al país, sino que echó a caminar toda la fuerza del Estado para penalizar a los culpables, sin importar su estatus político, influencias y poder.
Así que el artero crimen contra Manuel Buendía, no quedó impune.
Pero, eso fue hace muchos años.
Porque en los últimos 15 por lo menos, mueren y mueren comunicadores, victimados cruelmente, sin que la mano de la ley logre poner freno a la metralla sanguinaria que se afana en intimidar y silenciar la libertad de prensa en México.
Y en torno a este panorama dramático y aterrador que se vive en los medios de comunicación (a causa de la ola de asesinatos que impunemente se han venido cometiendo en contra de distintos comunicadores a lo largo y ancho del país), diversas preguntas son inevitables.
¿De dónde provienen las órdenes asesinas?
¿Sólo la delincuencia organizada mata periodistas o también hay políticos metidos en la orquestación de estos crímenes?
¿Se trata de actos aislados o más bien de un plan criminal fraguado entre políticos coludidos con mafiosos y sicarios que matan a sangre fría?
¿Acaso la vida de Buendía, valía más que la de los periodistas asesinados a posteriori?
¿Será que Manuel fue alguien muy distinto a los informadores victimados en los últimos 15 años y sus críticas y denuncias sobre la corrupción de políticos, empresarios y delincuentes también lo fueron?
¿Es verdad que antaño desde el poder público se respetaba y protegía con esmero a los periodistas por considerarse que la libertad de prensa, de crítica y opinión constituían algo sagrado que se debería de cuidar?
¿Cierto es quizás que en otros tiempos en el ejercicio del poder se preconizaban valores éticos y existían límites en la moral pública para no incurrir en abusos ni excesos, lo que de varios años a la fecha ha sido suplantado por una prepotencia criminal ilimitada?
¿Qué resultados concretos se deben esperar de las nuevas acciones institucionales para proteger el ejercicio periodístico y a los comunicadores?.
¿Lo que se ha planteado hacer a partir de ahora en realidad servirá para garantizar la libertad de prensa o con el paso del tiempo se demostrará que todo quedó en mera pirotecnia demagógica?
¿No es acaso indispensable sancionar con firmeza la falta de diligencia y efectividad en las acciones institucionales para aclarar los asesinatos de periodistas?
¿Qué plazo máximo se les debería imponer a los responsables de preservar la seguridad a los comunicadores y a quienes están a cargo de las indagatorias para dar con los asesinos de periodistas y de no hacer lo que deben proceder a su destitución?
A falta pues de acciones institucionales que brinden auténtica protección a los comunicadores, sólo preguntas y más preguntas podría uno seguir haciendo.
Una más en particular sería indispensable: cuándo se hará justicia para los muertos y se pondrá fin a los actos sangrientos que impunemente vulneran la libertad de una prensa masacrada.