Apuestas
Ramón Zurita Sahagún martes 25, Feb 2014De frente y de perfil
Ramón Zurita Sahagún
La aplicación de la ley en los diversos casos emprendidos contra figuras consideradas sumamente mediáticas, pero bajo las que existía la presunción de la comisión de delitos, provoca que la población exija más resultados sobre personajes políticos señalados como probables responsables de ilícitos.
Es una lista amplia de ex servidores públicos y de otros que continúan en activo y que por razones diversas mantienen sospechas, alguna de ellas fundadas, sobre endeudamiento de las entidades que gobernaron y de enriquecimiento con el erario público.
Claro que los personajes en cuestión cuidaron sus respectivas salidas de los cargos públicos que detentaron, en el caso de los ex gobernantes, otros buscaron el cobijo de la inmunidad legislativa y los menos quedaron, aparentemente, descobijados.
Lo más difícil para la justicia es encontrar las pruebas que acrediten la comisión de los delitos de los que son acusados estos personajes, aunque el acopio de las mismas no es, precisamente, una tarea de titanes. Es por eso que corren las apuestas en torno a quién será el siguiente personaje sobre el que caerá todo el peso de la ley, o cuando menos, recibirá un castigo por los excesos cometidos en sus funciones como servidor público.
Cuatro gobernadores que tomaron posesión como tales, como resultado de la elección de julio de 2012, revelaron que las finanzas públicas eran un desastre y responsabilizaron a sus antecesores de posibles malos manejos.
De los cuatro, hasta el momento, solamente se actuó en contra de uno de ellos (Andrés Rafael Granier Melo) recluido en prisión y quien fue víctima de sus propios excesos. Desde su toma de posesión, el hoy gobernador de Tabasco, Arturo Núñez Jiménez, clarificó que se actuaría en contra de Granier Melo, por el desfalco de las finanzas estatales y la desaparición de más mil de millones de pesos.
Los otros tres, Manuel Velasco Coello, Chiapas; Graco Ramírez Garrido, Morelos, y Jorge Aristóteles Sandoval, Jalisco, denunciaron públicamente los excesos, aunque no presentaron denuncia formal ante las autoridades judiciales, con excepción de Ramírez Garrido. En los tres estados mencionados se produjo la alternancia, producto de los excesos de los anteriores gobernantes Juan José Sabines, Chiapas; Marco Antonio Adame, Morelos, y Emilio González Márquez, Jalisco.
Chiapas era gobernado por el PRD y ahora por el Verde, en alianza con el PRI; Morelos lo tuvo por dos administraciones el PAN y hoy es gobernado por el PRD, y Jalisco mantuvo a los panistas por tres gobiernos consecutivos y hoy lo hace el PRI.
Pero las apuestas no solamente apuntan hacia ellos, sino que señalan también a otros ex gobernantes sobre los que se mantienen serias dudas sobre la comisión de excesos y abusos en sus respectivos gobiernos. Humberto Moreira Valdés, ex gobernador de Coahuila y quien dejó la dirigencia nacional del PRI involucrado en el endeudamiento del estado que gobernó y sobre el que radican señalamientos realizados por su ex tesorero, quien fue detenido en Estados Unidos.
Mario Marín Torres, ex gobernador de Puebla, denunciado públicamente por su presunta relación con el empresario Kamel Nacif y quien expuesto en varias grabaciones que, si bien no son prueba de delito en su contra, sí muestran el talante de este ex gobernante.
Fidel Herrera Beltrán, ex gobernador de Veracruz, a quien una y otra vez se le acusa de omisión en el caso del crecimiento del narcotráfico en la entidad que gobernó y se le señala como responsable del gran endeudamiento del estado que hoy gobierna Javier Duarte de Ochoa. Ulises Ruiz Ortiz, ex mandatario de Oaxaca, es otro de los priístas que gobernaron una entidad que han sido señalados una y otra vez, como presuntos responsables de la comisión e ilícitos, pero lejos está de que se le pruebe algo.
Los cuatro ex gobernadores mencionados han sido relegados por su propio partido, aunque en el caso de Ruiz Ortiz se continúa aprovechando sus conocimientos electorales y fue el artífice de la victoria priísta en los comicios de Quintana Roo el año pasado, donde el partido tricolor pudo recuperar los ayuntamientos perdidos.
Pero también los senadores priístas Carlos Romero Deschamps y Joel Ayala, el diputado verde Fernando Espino y otros más, han sido objeto de acusaciones por los abusos que cometen en los sindicatos que encabezan desde hace varios lustros cada uno de ellos.
CAMBIOS
La semana pasada se realizaron una serie de cambios dentro del gobierno de Javier Duarte de Ochoa, con los que se inicia una nueva etapa de la administración estatal veracruzana. Dentro de esos ajustes se produjo la llegada de Alberto Silva Ramos como coordinador de Comunicación Social del estado, en sustitución de Georgina Domínguez, enviada a la Secretaría Técnica del Programa de Gobierno de Veracruz.
La salida de Silva Ramos de la Secretaría de Desarrollo Social estatal abrió una vacante para que el ex secretario particular del gobernador Duarte de Ochoa, Jorge Carvallo, asumiera la titularidad de la dependencia. Jorge Carvallo se convierte en el nuevo secretario de Desarrollo Social, una dependencia que ha generado muchos problemas al gobierno, ya que se lanzaron acusaciones que establecían el uso faccioso de la misma como parte de la estrategia electoral del PRI.
La Secretaría de Desarrollo Social, considerada como una de las más importantes por las funciones que desarrolla y el alto presupuesto con que cuenta, se convirtió en el talón de Aquiles del gobierno veracruzano. Ranulfo Márquez, uno de los principales operadores del PRI, fue el primer secretario de la actual administración. Con la llegada de Carvallo a la misma, éste repunta como uno de los principales aspirantes a convertirse en candidato del PRI al gobierno de Veracruz en 2016.
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