Pesadilla interminable
¬ Juan Manuel Magaña lunes 1, Sep 2014Política Spot
Juan Manuel Magaña
Los datos son escalofriantes. Indican que la pesadilla iniciada en México con Felipe Calderón, lejos de acercarse a su fin, se vuelve más intensa.
Lo indica la cifra oficial de las 22 mil 322 personas que se encuentran actualmente en el estatus de ‘‘no localizadas’’, eufemismo con el que no se quiere decir la palabra desaparecidas.
Para la organización Fundar, 12 mil 532 personas de ese total corresponden a reportes presentados durante el último tramo del sexenio calderonista y 9 mil 790 a hechos registrados durante la actual administración, la del regreso del PRI al poder.
Quiere decir, por un lado, que en sólo dos años de esta administración ya se tiene registro de un volumen equivalente al 78 por ciento de los casos de desaparición forzada que se registraron en los seis años del “gobierno” de Calderón.
También todo esto quiere decir, como hace una semana informó el gobierno, que de 2011 a la fecha han sido denunciados 52 mil 941 casos de personas no localizadas, extraviadas, ausentes o desaparecidas. Qué revelación, ¿no?
Y aquí el problema estriba en que sin una metodología aceptable se ha dicho que de ese gran total han sido ubicadas 30 mil 619, la mayoría con vida y mil 524 fallecidos. Las organizaciones no gubernamentales en la materia sencillamente no creen o toman con mucho recelo estos últimos datos.
Lejos de demostrar que está atendiendo los reclamos de los familiares de personas desaparecidas, el gobierno ha dejado que prevalezca la confusión sobre temas tan sensibles como la cantidad de víctimas de este crimen de lesa humanidad, señaló al respecto Amnistía Internacional.
La cuestión es como lo señala la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos: México enfrenta una situación crítica en materia de desaparición de personas, pues a las víctimas de los años recientes se suman las que fueron desaparecidas de manera forzada en las décadas de los años 60, 70 y 80, quienes merecen justicia, verdad y reparación del daño.
Este 30 de agosto se conmemoró el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas. Pareciera ya un día dedicado a México, donde la gente desaparece desde hace más de 50 años. En esta ocasión, el organismo llamó al Estado mexicano a reconocer la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU y a emitir una legislación general e integral en materia de desaparición de personas.
Y eso está difícil. La gente desaparece cada vez más en terrenos cuya propiedad y gobierno va siendo algo indefinido; en tierra de nadie, pues, si se toma en cuenta el peso real del crimen y el narco en bastantes lugares del territorio o si se considera la ocupación presente y futura de zonas concedidas para explotaciones de recursos diversos, de donde la población es o será barrida.
Un hecho curioso en esta efeméride lo fue la declaración del presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Raúl Plascencia, en el sentido de que en el transcurso del año no se ha reportado ningún caso de desaparición forzada atribuible al Estado, si bien “sigue habiendo levantones o situaciones donde el crimen organizado va privando de libertad a las personas”.
De lo menos que se le acusa por esa declaración es de ciego e ignorante. Las organizaciones se le fueron encima por querer “congraciarse con las autoridades para lograr su reelección en noviembre de este año, haciendo a un lado su obligación de defender a las víctimas”.
Se dice que Plasencia pretende ignorar que el Estado mexicano tiene responsabilidad en todas y cada una de las desapariciones en el país, con independencia de quiénes sean los autores materiales. Y también el hecho de que esos crímenes trascienden por mucho a los ocurridos en el marco del clima actual de violencia delictiva.
Precisamente ignorar todo esto es lo que justifica la idea anterior de la tierra de nadie, donde todo está revuelto y confuso, comenzando por las “instituciones”.