Otro gobernador inepto
Augusto Corro viernes 14, Nov 2014Punto por punto
Augusto Corro
¿Alguien gobierna en Guerrero? Parece que no. Así lo refleja la espiral de violencia desatada a raíz de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
En todo México, y en el mundo, ya se vieron las fotografías de coches e inmuebles en llamas, que reflejan ciudades en caos: Iguala y Chilpancingo, por ejemplo.
Los padres de los normalistas desaparecidos tienen todo el derecho de manifestarse, de presionar a las autoridades para que les devuelvan a sus hijos. Sus protestas e inquietudes son más que legítimas.
Los familiares de las víctimas no aceptan las versiones oficiales sobre el destino de los jóvenes. Tienen razón, porque se trata de la vida de un ser querido, cuya ausencia produce un dolor inenarrable.
Las autoridades federales informaron con testimonios verosímiles que los 43 jóvenes fueron levantados, asesinados, quemados y sus cenizas arrojadas al río San Juan de Cocula.
Ahora se espera, con impaciencia, los resultados sobre el ADN que podrían reconfirmar que los normalistas sí fueron sacrificados en el basurero municipal de Cocula.
Mientras llega la resignación a los padres de los jóvenes, las manifestaciones de protesta continúan en diferentes ciudades del país con gente extraña involucrada en ellas, para generar caos y violencia.
No se trata de personas que exigen justicia, sino de infiltrados que persiguen intereses mezquinos, que intentan desestabilizar aún más al vapuleado estado de Guerrero.
¿Y qué papel juega el gobernador Rogelio Ortega Martínez? La pregunta es obligada ante la violencia que parece incontrolable.
La respuesta es sencilla: Ninguno. Nada hace el mandatario estatal. Se encuentra pasmado ante las acciones de los manifestantes. Su ineptitud muy grande.
Según sus biógrafos, se trataba de una persona de amplios conocimientos, de izquierda, inclusive hasta lo relacionaron con los guerrilleros colombianos; pero en la realidad representa todo lo contrario. Los manifestantes tienen el consentimiento de prenderle fuego a lo que gusten, la fuerza pública no intervendrá.
Con esto no queremos dar a entender que debe reprimirse a quienes protestan. De ninguna manera. Pretendemos plantear que la población guerrerense tiene derecho a vivir tranquila. Se trata pues, de una responsabilidad del mandatario estatal.
Las autoridades se encuentran obligadas a brindar seguridad a la población, tarea que no desempeña Ortega Martínez. Su corta inteligencia no lo permitirá.
URGE EL ROMPECABEZAS ARMADO
No es fácil llevar a cabo una investigación, como el caso de Ayotzinapa, en el que confluyen un sinnúmero de intereses que se conjugan con la bestialidad de los asesinos.
Sin pruebas del delito, las autoridades tienen que irse con pies de plomo. Será difícil atenerse a los dichos. Materialmente, los jóvenes fueron desaparecidos. Los métodos diabólicos de los criminales no dejaron huellas. Las cenizas, poco o nada ayudarán a esclarecer la verdad de la tragedia.
Las autoridades federales cuentan con las declaraciones de los autores materiales de la matanza que sirvieron para empezar a armar el rompecabezas derivado de los hechos demenciales.
Tienen el material suficiente para evitar cualquier resquicio de incredulidad. Para esto, se necesita juntar todas las piezas para conocer que originó, realmente, la muerte brutal de los normalistas. Es importante que se sepa en qué consistió el móvil que desató la matanza.
Saber la participación de las autoridades municipales y estatales que, indudablemente, sabían lo que ocurría en Iguala y no movieron un dedo para prevenir la tragedia.
¿Cuál es la responsabilidad del ahora ex gobernador Angel Aguirre Rivero? ¿Nadie supo que en Iguala el narco tenía su centro de operaciones con el cártel de los Guerreros Unidos?
¿Cuántos sicarios, relacionados con la tragedia de los jóvenes, siguen prófugos?
Sí, sería conveniente que una información más pormenorizada y ordenada del caso llegue a una población, por muchas razones, incrédula.
JUSTICIA RÁPIDA
Los manifestantes en México y otras partes del mundo claman justicia; pero esta tiene sus tiempos. En México es muy lenta. No estaría mal que, en este caso de los normalistas de Ayotzinapa, se agilizara y se aplicara todo el rigor de la ley. Por lo menos habría un poco de conformidad con la actuación de las autoridades.
En el presente nos encontramos como al principio, con el agregado de la violencia de los incendiarios. Se tiene la impresión que a diario partimos de cero. Como que las autoridades se encuentran dormidas. Tienen que despertar. Esto apenas empieza.