Reducción del aparato público
Francisco Rodríguez viernes 23, Oct 2015Índice político
Francisco Rodríguez
Desde hace cuatro décadas se instaló en todos los foros internacionales el debate sobre el tamaño burocrático que debía tener cada país. Obviamente, esta discusión fue el resultado inmediato de los modelos neoliberales de la Escuela de Chicago.
Detrás de él se encontraba la idea central del desmantelamiento del Estado, del abandono de sus funciones rectoras, del despido a la intervención del aparato en presupuestos y políticas públicas que pretendieran abogar por suplir las deficiencias de los desposeídos.
La idea era abatir los empeños de un Estado que pretendiera suplir las deficiencias del mercado. No. A éste había que adorarlo con una pasión irrefrenable, porque las reglas ciegas del mercado, por sí mismas, eran portadoras de buenas nuevas, del equilibrio socioeconómico deseado.
En esos 40 años se han redactado infinidad de teorías políticas correlativas, tratando de explicar la lógica occidental de la reducción de los aparatos públicos y, por consecuencia, la contracción de los espacios dedicados al servicio oficial.
Hubo quienes consideraron el adelgazamiento de las estructuras como fuente de la eficiencia —como Carlos Salinas de Gortari, cuando él era quien mandaba en el sexenio fatídico de Miguel de la Madrid—, hasta las que denostaron la obesidad de las administraciones como pretexto para el abandono de tareas de gobierno fundamentales.
Ambas posiciones tenían sus razones y compartían franjas sectoriales de raciocinio. Pero es mentira que esas explicaciones tangenciales determinaran las verdaderas intenciones y objetivos de la contracción administrativa.
Dos teorías del desarrollo, durante la era de prosperidad mundial, privilegiaron la intervención decisiva del Estado en la orientación de los procesos: la sustentada por John Maynard Keynes, en pro del Estado de bienestar, a favor de las acciones multiplicadoras del empleo… para superar la Gran Depresión de 1929- causada por el espejismo del auge bursátil -y las acciones preventivas de nuevas crisis, que se ejercieron desde los puestos de mando del Welfare State, concepción originada en la otra alternativa: la legislación social alemana de Weimar.
Maniobras para aparentar la redistribución del ingreso
La experiencia latinoamericana en esos años fue apoyada en la sustitución de importaciones y buscaba aprovechar las ventajas comparativas que ofrecían los mercados.
Desafortunadamente, estas medidas sólo consolidaron diferencias abismales entre potencias industriales y países pastoriles, diseñando perfectamente zonas de influencia hegemónica, términos desfavorables de intercambio comercial y una nueva forma de división internacional del trabajo, que demostró a cabalidad la ausencia de la solidaridad proletaria.
Algunos modelos políticos que las acompañaron, sobre todo acá “en el rancho grande”, resultaron formas de pretender ser nacionalistas para defenderse del acoso del jefe imperial.
Otras formas fueron maniobras de esconder la falta de ideas para combatir la pobreza y la marginación, planteamientos de programas políticos mínimos que no iban más allá de perjudicar un poco a las clases medias, para aparentar que intentaban redistribuir el ingreso.
El nacionalismo revolucionario que pregonaba como condición la rectoría e intervención del Estado en las ramas decisivas, bosquejado en constituciones de avanzada social, vivió momentos estelares, desgraciadamente aislados y específicos, desde aparatos, cuyo tamaño resultaría hoy ridículo.
Cuando se instaló la crisis de la deuda latinoamericana, a principios de los ochentas, se enseñoreó la estanflación recesiva, haciendo fracasar todas las ilusiones de buscar el bienestar a través del Estado rector de la vida económica.
En los centros de poder le echaron la culpa a las obesidades del Estado, gracias a Milton Friedman, quien dedicó toda su vida a encubrir la voracidad de los financieros, verdaderos responsables de una crisis de liquidez que llegó para quedarse.
Durante los últimos 30 años y gracias al entreguismo económico de Carlos Salinas, el famoso combate a la inflación se argumenta como una forma eficaz de luchar contra la presencia del Estado en cualquier proceso productivo, industrial, comercial o de servicios.
Ha sido la bandera fundamental del neoliberalismo que, a falta de ideas para enfrentar el presente, se propuso ofrecer el vacío del poder público ante un futuro catastrófico, que ellos mismos habían provocado. El amancebamiento de políticos y financieros del exterior llevó a la ruina al país. Nadie más es culpable.
Al restringir la fabricación de moneda y cubrir el déficit, se redujo el gasto público y se estrecharon las prestaciones a las capas más pobres.
Como corolario, la desregulación y la apertura comercial y financiera indiscriminada, llevaron a grados de histeria colectiva la privatización de los modelos y los servicios. La intervención del Estado en la dirección económica para beneficio de las mayorías se convirtió en una quimera y en una vulgaridad.
Tecnócratas reparan ante canalización del gasto social
Está más que demostrado: cuando se trata de canalizar recursos a la inversión y al gasto social, los tecnócratas inmediatamente reparan. Dan para atrás y prefieren seguir su camino de quedar bien con los financieros del exterior, aunque el pueblo se esté muriendo de hambre.
Podrán esgrimir las teorías que quieran con tal de esquivar sus obligaciones constitucionales. El hecho concreto es que son unos desarraigados, que buscan succionar otra vez el circulante, sabiendo que nadie les podrá comprobar nada.
Porque, ¿quién va a saber cuáles serán los destinos de ese dinero? ¿Quién podrá meterse en el laberinto de sus computadoras a investigar si efectivamente se está pagando el servicio de la deuda o se está escondiendo en títulos accionarios al portador para poder navegar libremente a escondidas de la opinión pública?
Se hace válido el conocido refrán: cuando el pobre tiene para sombreros, nacen los hijos sin cabeza y cuando tiene para comprar carne, sucede que es vigilia.
Director de Pro-México se avoraza sobre el presupuesto
Pero la crisis y el estrangulamiento financiero no toca a recomendados que jefaturan posiciones estratégicas del aparato, a salvo de restricciones.
A nadie lo tocará la astringencia presupuestal.
Como ejemplo, Francisco González Díaz, director del fastuoso fideicomiso paraestatal Pro-México, dos torres de 14 pisos en el Periférico, desde donde medra, junto con su cómplice Carlos Casas Guerrero, de todas las prebendas y contratos off shore para exprimir un jugoso presupuesto.
Ex empleados del Bancomext, ahora absorbieron todas las funciones del extinto Instituto Mexicano de Comercio Exterior para adjudicarse todos los contratos de publicidad, encuestas y marketings para “convencer al mundo que México es uno de los países más competitivos a nivel internacional…
… debido a su estabilidad macroeconómica y política, baja inflación, fortaleza de su mercado interno, altas tasas de crecimiento económico (!?) y su capacidad para generar manufactura avanzada…
… coordinan las estrategias dirigidas a fortalecer la participación de México en la economía internacional, aparte de captar inversiones extranjeras” según rezan sus alocadas consignas, que distribuyen en 31 países, donde seguro se burlan de sus estupideces. Nadie sabe a qué país se refieren!
Complicidades, contratos, demandas entre “favoritos”
El otro protegido de Francisco González Díaz es Gabriel Padilla Maya, inhabilitado después de todas las tropelías que cometió en el área de fomento a las exportaciones de Sagarpa. Ahora tiene demandado a Pro-México por consejos de su cómplice, el director.
No obstante, la feria de contratos es imparable. Francisco González Díaz le sigue dando dinero para celebrar todas las ocurrencias de ferias comerciales que no llevan a ningún lado, aunque Gabriel Padilla labore en una empresa extranjera, la SCI Business Management & Promotion Consulting. Todo, a cargo del erario mexicano.
Así, entre “pagos de la deuda” y apoyo a los favoritos navegará los próximos tres años está sufrida nave de mexicanos harapientos. Sin saber que a lo mejor ya vamos en “La Barca de Guaymas” y todos “traemos la muerte en el alma”. ¡Qué desgracia! ¡Qué desgraciados altos burócratas!
Índice Flamígero: A la chita callando Telcel es el mayor espía de los mexicanos que tenemos contratado su pésimo servicio de telefonía celular. Le digo el porqué: Un amigo muy cercano platica que en su aparato telefónico dejó de recibir el servicio. Acudió, como muchos otros que ahí estaban, a una sucursal de Telcel para que repararan el funcionamiento de internet, a lo que le dijeron que le faltaba la aplicación APN (?). Se llevaron el adminículo a la parte posterior. Y cinco minutos después se lo entregaron ya “arreglado”. El cliente preguntó cuál era el número para acceder a esa aplicación o cuál clave debería usar. Y la respuesta del mal pagado y mal encarado empleado fue que “a ningún usuario se le da esa información, porque es reservada para ellos”. Tal quiere decir que “ellos”, con esa clave, pueden acceder a todas las comunicaciones, mensajes, fotografías, igual si son recibidas que enviadas, con lo cual tienen del cogote, con domicilio y número telefónico a quien se les antoje. Ni el CISEN, ni la PGR, ni el SAT, ni la Comisión Nacional de Seguridad —menos con “Sales— tienen esa capacidad de intrusión “legalizada” a nuestra vidas privadas… A usted, seguro, le ha sucedido.