Mensajes agoreros

Ramón Zurita Sahagún miércoles 20, Jul 2016

De frente y de perfil

Ramón Zurita Sahagún

 

 

Hace más de 40 años el entonces presidente de la República, José López Portillo, pidió perdón a los mexicanos, en lo que fue considerado como un acto de honestidad, valentía  y humildad, aunque resultó ser preámbulo del desastre que vendría después en su administración.

Una y otra vez, “Jolopo” (como era conocido) incurrió en ese método que le funcionó, hasta que ya fue imposible creerle sobre sus disculpas y llanto.

Terrible fue el término de su gestión, dejando al país en una grave crisis financiera, aunque ello no repercutió en los comicios presidenciales, ya que eran los tiempos de partido único.

El actual Ejecutivo federal, Enrique Peña Nieto hizo lo propio, ofreció disculpas y pidió perdón a los mexicanos por la indignación causada con la “casa blanca”.

Son actos similares, aunque por distintas razones, pero para ambos representan intentar provocar un voto de confianza de parte de la ciudadanía.

Es cierto que en el caso actual, el acto de contrición llega, tal vez, tardío, pero aún es tiempo de reanudar el camino y trazar una nueva ruta para el país.

Claro que para ello será necesario que desde el gobierno federal se maneje una nueva estrategia que conlleve acciones contundentes que muestren que el recién lanzado Sistema Nacional Anticorrupción es realmente efectivo.

Lo primero que se espera que exista voluntad política para la aplicación contundente de la ley, sin excepciones de ninguna clase, sin importar el tamaño o peso específico del personaje o personajes en cuestión.

El reclamo de la sociedad en contra de los gobernantes o servidores públicos corruptos es clamor generalizado y el actuar en contra de ellos una urgente necesidad para el actual gobierno.

La oportunidad que se le presenta al presidente Peña Nieto es inigualable y su disculpa deberá ir acompañada de otras acciones, entre las que destacan la selección del nuevo titular de la Función Pública y los personajes que formarán parte del Consejo Ciudadano del SNA.

Está verificado que la indignación ciudadana en torno a los supuestos y reales actos de corrupción repercute sensiblemente en los resultados electorales, como dan cuenta la alternancia sufrida en los procesos electorales de Nuevo León y Sonora el año pasado y Chihuahua, Durango, Quintana Roo y Veracruz, el presente año.

Y es que entre los electores priva el criterio de castigar a los partidos y sus candidatos votando contrario al abanderado del partido gobernante, si es que su mandatario o sus colaboradores se encuentran insertos en esa dinámica acusatoria de corruptos.

Por eso, liberada un poco la presión, mediante las disculpas públicas presidenciales, el Ejecutivo tiene varios caminos para mostrar a la sociedad las bondades del Sistema aprobado y cuyas leyes fueron promulgadas el lunes pasado.

El camino que muchos esperan es actuar en contra de los gobernantes, cuyas administraciones desastrosas derivan en grandes actos de corrupción.

Lo que se espera, que ya no causaría asombro, pero que redituaría en un voto de confianza hacia las instituciones federales sería la aplicación de la justicia para aquellos gobernantes señalados una y otra vez con índice de fuego, por los abusos cometidos por ellos y una gran parte de sus colaboradores.

César Duarte, Jorge Herrera o Javier Duarte,  todos ellos podrían ser los primeros en sentir el rigor de las nuevas leyes, aunque no sean retroactivas.

Tampoco están exentos de ello Rodrigo Medina y Guillermo Padrés, así como otros gobernantes que lucraron con bienes públicos y cuyas sospechas de desvío de recursos, enriquecimiento ilícito y de otras perversiones existentes en el sistema político persisten.

La realidad es que en la historia moderna del país, pocos son los políticos de nivel, cabezas de gobiernos estatales o de dependencias que han ido a la cárcel.

Si acaso se recuerda a los ex secretarios de Comunicaciones y Transportes, Eugenio Méndez Docurro y de la Reforma Agraria, Félix Barra García, así como al ex director de Pemex, Jorge Díaz Serrano y Arturo Durazo Moreno, director de la Policía del Distrito Federal, como parte de esa cuota de políticos caídos en desgracia.

Entre los gobernadores están los nombres de Mario Villanueva Madrid, Quintana Roo; Andrés Granier Melo, Tabasco, y Jesús Reyna García, Michoacán, como parte de esa fauna de gobernantes que han pisado la cárcel, aunque por delitos distintos.

Las apuestas corren y los favoritos para engrosar esa clientela de penales son César Duarte Jáquez y Javier Duarte de Ochoa.

Curiosamente los dos gobernantes mencionados son, hasta el momento, militantes del PRI, lo que provoca que algunos duden sobre si se ejercerá presión sobre ellos o simplemente terminando sus administraciones marchen tranquilos hacia sus casas, como ha sucedido con tantos personajes del pasado.

CRISIS EN CUERNAVACA

Y hablando de corrupción, no pasaron muchos meses para que el alcalde de Cuernavaca, Morelos, Cuauhtémoc Blanco, diera muestras de su destreza como futbolista y se desmarcara de sus promotores que lo guiaron a la victoria política.

Blanco rompió en definitiva con el partido que lo llevó al triunfo, el Partido Social Demócrata y con la familia Yáñez, dueños de la franquicia en esa entidad.

Dijo que él no pertenece a ningún partido y que su propósito es el de hacer las cosas bien, acusando a sus ahora ex amigos de intentar desestabilizar el ayuntamiento que preside.

Claro que con esta acción, Cuauhtémoc se convirtió en un bocado apetitoso para los partidos políticos, ya que su intención es la de competir por el gobierno del estado en 2018.

ramonzurita44@hotmail.com
zurita_sahagun@hotmail.com