Verdugo de bolsillo
Freddy Sánchez jueves 10, Nov 2016Precios y desprecios
Freddy Sánchez
El que roba es un ratero y el que mata es un asesino y por lo mismo ambas conductas delictivas deben ser castigadas sin excusa ni pretexto.
La ley tiene que ser aplicada a cualquier responsable de delito, incluso con la máxima severidad.
Bajo esos criterios, obviamente, el hombre que mató a cuatro asaltantes en la carretera México-Toluca, tras de que aquellos sujetos despojaron de sus pertenencias a los pasajeros de un autobús, no tendría atenuante que le valga para eludir la acción de la justicia. Como asesino tiene que ser juzgado y condenado.
Algo con lo que difícilmente alguien podría discrepar, tomando en cuenta que las leyes se hicieron para su aplicación y más que eso como medio para preservar el orden y el respeto a los derechos colectivos.
Claro que eso sería en una sociedad civilizada con bajos índices de criminalidad y no un altísimo porcentaje de impunidad delictiva.
Así, que ante una delincuencia al alza, escasa efectividad institucional para actuar pronta y expeditamente contra toda clase de rufianes, logrando su inmediata captura y consignación penal como sería lo deseable, cuesta trabajo no solidarizarse con quienes siendo personas aparentemente de bien, agobiadas por un acoso criminal que nadie desde el poder público logra contener radicalmente, se ven en la necesidad de portar y hacer uso de una arma para defenderse.
Tal parece haber sido el caso del individuo que hizo uso de una pistola y mató a cuatro delincuentes que reiteradamente, según se ha dicho, consumaron a placer distintos atracos contra pasajeros de autobuses hasta que alguien armado y decidido a detener sus fechorías, les disparó y los privó de la vida.
Lo que naturalmente, no exime de responsabilidad penal al hombre que mató a cuatro ladrones, pero en el sentir de cientos de miles de indefensas víctimas de delitos, probablemente tal conducta debería ser vista como un acto de legítima defensa.
Y si no fuera el caso, es menester que lo sucedido de margen a una revisión de los procedimientos penales en vigor, a efecto de dar un trato especial para casos como el que nos ocupa.
No se trata por supuesto de alentar a la ciudadanía para que como lo propone una iniciativa de ley promovida por un legislador del Partido Acción Nacional, los particulares gocen de mayores derechos para la posesión, la portación y consecuentemente el uso de armas para defenderse de los delincuentes, pero no cabe duda que si las autoridades policiacas no pueden actuar eficazmente para ofrecer amplia seguridad colectiva, resulta imperioso adecuar las leyes en favor de quienes se vean forzados a defenderse por sí mismos de los delincuentes.
Y es que no es lo mismo portar y usar un arma para delinquir que traerla a la mano y verse en la necesidad de usarla cuando esté en riego la propia vida o el patrimonio.
A falta pues de mejores medios institucionales para combatir el delito, al menos deberían aprobarse reformas legales que amplíen el derecho a la legitima defensa, (precisando exactamente en qué casos y como podría ejercerse), ante un acto criminal y sin que ello por supuesto provoque que en nuestras ciudades impere la ley de la selva porque cada quien pueda contar con su verdugo de bolsillo.