Transparencia total
Freddy Sánchez martes 17, Ene 2017Precios y desprecios
Freddy Sánchez
Los cuatro ejes rectores de acción institucional para salvaguardar la economía familiar, la inversión, la estabilidad económica y la legalidad tienen exactamente el mismo punto de vulnerabilidad: la opacidad.
No bastará pues anunciar acciones oficiales tendentes a poner a salvo a las familias mexicanas de abusos comerciales y deficiencias en los servicios públicos, medidas que estimulen la inversión a efecto de que se mantenga a flote la actividad económica en todos sus órdenes, procedimientos encaminados a la estabilidad en cuestiones relacionadas con las economía ni tampoco simplemente decir que se hará respetar la ley y se sancionará la corrupción con firmeza. Todo eso habrá que probarlo.
Y la mejor forma de hacerlo es obligando a todos los encargados de la administración pública, a dar cuenta puntual y absolutamente clara de lo que cada uno haga con el manejo de los fondos públicos.
Cada peso que se gaste y el destino que tenga ese dinero se tiene que informar a la sociedad sin que prevalezcan los más mínimos intentos institucionales, en ninguna área pública, desde la más alta esfera gubernamental hasta la de menor rango, con la idea de ocultar a dónde exactamente está yendo a parar el dinero de nuestros impuestos.
Los montos salariales, la cuantía de las prestaciones a recibir, los bonos especiales, el tiempo extra que se pague, los gastos en viáticos, lo que se ocupe en el arreglo, reparación o contratación de oficinas, vehículos, materiales de trabajo, (incluyendo lápices, gomas y papel), lo que se utilice mediante cajas chicas para afrontar requerimientos menores, en fin, cualquier ejercicio presupuestal para el gasto oficial, necesariamente debe darse a conocer entre la población.
Del mismo modo las circunstancias del momento obligan a trasparentar las compras de bienes y servicios, informando a la gente los detalles de los concursos y licitaciones, con la descripción escrupulosa de los procedimientos a seguir, los antecedentes de los participantes y cualquier información que permita estar ciertos de que los servidores públicos no podrán incurrir en sus habituales triquiñuelas para favorecer intereses de ciertos particulares que a cambio de contratos y concesiones ofrezcan beneficios por debajo de la mesa a sus “benefactores” institucionales.
Toda acción que tenga por objeto procurar la estabilidad económica en el país, requiere explicaciones concretas sobre lo que se intenta proteger, y más que eso, una garantía de que en el corto y mediano plazo en efecto tales acciones contribuirán a favorecer el interés de la sociedad en áreas y con resultados específicos.
El tema de la legalidad no puede quedarse en las promesas acostumbradas de que se actuará sin miramientos contra la de corrupción. Eso requiere ser demostrado a carta cabal.
Y para conseguirlo, es preciso reformar las normas legales que lo permitan, rendir cuentas claras sobre indagatorias en cada dependencia donde exista la más mínima sospecha de actos indebidos por parte de funcionarios, empresarios y demás habituales cómplices de la corrupción pública.
Porque no bastará el nombramiento de un fiscal anti corrupción, por más buena reputación que tenga, ni el surgimiento de futuras acciones de control, aparentemente encaminadas a prevenir y castigar actos corruptos, lo que pudiera constituirse en modernas herramientas burocráticas de mero relumbrón.
Lo justo y necesario es que la limpia de los corruptos en las áreas oficiales se dé sin rezago y con inquebrantable probidad y para que así sea aparte de voluntad política se necesita que en los asuntos del gobierno se aplique trasparencia total.