Alianza nacional por la seguridad
Luis Muñoz jueves 10, Ago 2017Segunda vuelta
Luis Muñoz
Especialistas en el tema han señalado que el impacto de los accidentes de tránsito y sus consecuencias hacen necesario abordar este problema con políticas y acciones concretas, articuladas, integrales, medibles y controlables, ya que involucran la salud pública, la seguridad de los ciudadanos y la movilidad del país.
El problema y su intención por mitigarla o reducirla, ocupan y preocupan, al menos, a México y Colombia. Sus males en este renglón son iguales o similares.
Unos, los colombianos, han señalado que esta preocupación generalizada los induce a formular e implementar lineamientos de políticas públicas que impulsen y faciliten la coordinación institucional e intersectorial de acciones en seguridad vial, para la consecución de objetivos comunes que prevengan, reduzcan y/o mitiguen el impacto de los accidentes asociados al tránsito.
Otros, legisladores mexicanos, dicen que la Alianza Nacional por la Seguridad Vial tiene, entre otros objetivos, el propósito conformar un espacio de encuentro y diálogo entre organizaciones y líderes, a favor de la seguridad vial, así como promover una agenda amplia e incluyente en la materia.
La asambleísta Janet Hernández Sotelo, al referirse a este tema, se pronunció a favor de la ruta para la Agenda Nacional 2018-2024, que diversas organizaciones y empresas privadas proponen para que los tres niveles de gobierno retomen la estrategia de seguridad y política pública que suscribe los compromisos del Decenio de Acción por la Seguridad Vial y del Plan Global para la Seguridad Vial de las Naciones Unidas y lo refrenden más allá de dicho decenio.
Adicionalmente, la legisladora estará proponiendo un punto de acuerdo para que la Asamblea Legislativa se sume a la mencionada Alianza, que pretende, por supuesto, reducir el número de personas que pierden la vida en accidentes de tránsito.
Para México y Colombia queda claro que el impacto de los accidentes de tránsito y sus consecuencias hacen necesario abordar este fenómeno con políticas y acciones concretas.
Es un hecho que se debe promover una agenda amplia e incluyente en materia de Seguridad Vial en México, además de incorporar a la Alianza como órgano de consejo y vigilancia ante el poder ejecutivo federal para dar seguimiento a las acciones vinculadas al tema durante 2018-2024.
La asambleísta comentó que la Alianza respalda el Programa Visión Cero Accidentes de Tránsito, que impulsa el Jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera y que “ya da resultados” al reducir el número de muertes por accidentes de tránsito.
Por su parte, el Gobierno de Colombia ha definido como una prioridad y como una política de Estado la Seguridad Vial, la cual se concreta,, también, en su Plan Nacional de Seguridad Vial 2011 – 2021.
Para esta nación, el Plan se convierte en una “carta de navegación” que orienta y propicia medidas concertadas, indicativas e integrales en todo el territorio nacional, fomenta la formulación y aplicación de políticas y acciones a nivel regional, departamental y municipal, con el objetivo de reducir el número de víctimas fatales y no fatales a nivel nacional.
Hernández Sotelo sostiene que la Agenda Nacional por la Seguridad Vial debe estar presentes en el Plan Nacional para 2018, pues las políticas públicas que cuentan con objetivos como la seguridad vial son fundamentales en el quehacer diario de la sociedad mexicana.
En Colombia las acciones han iniciado a partir de un trabajo consensuado de la ciudadanía, así como de los principales agentes y actores de la seguridad vial en las regiones y el sector central del país, el cual permitió delinear una política contextualizada que da respuesta a las mayores problemáticas generadas por accidentes asociados al tránsito.
En consecuencia, tanto la Alianza en México como el Plan en Colombia, van por el mismo camino. Podrían intercambiar experiencias o conocimientos sobre la materia. ¿O no?
Condenan desaparición
Perseguidos y desaparecidos parece ser una constante en algunos países latinoamericanos. Esta ocasión, el problema se centra en la hermana república de Argentina, conde organizaciones reprueban y condenan la desaparición de Santiago Maldonado, un joven de 28 años que, según CLACSO (Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales), fue visto por última vez “mientras huía de la persecución de los efectivos militares”, en la comunidad mapuche Pu Lof en Resistencia, del departamento de Cushamen, provincia de Chubut, una de las veintitrés que componen la República Argentina.
El Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas consideró que la desaparición de Santiago exige “la acción urgente del Estado para buscarlo y localizarlo”, así como para identificar a los responsables.
Testimonios sobre este hecho, indican que el pasado 1 de agosto, unos 100 efectivos de la Gendarmería Nacional Argentina ingresaron de manera irregular y violenta al territorio de la comunidad mapuche Pu Lof, disparó balas de plomo y de goma y quemó objetos pertenecientes a las familias.
Agregan que Santiago corría para resguardarse de los disparos, refugiándose bajo un árbol, donde fue capturado. A partir de ese momento, no se sabe nada de él, informaron mediante un comunicado Julián Rebón, representante argentino ante el Comité Directivo de CLACSO, y Pablo Gentili, Secretario Ejecutivo de CLACSO, respectivamente.