Abusos policiacos
Freddy Sánchez jueves 21, Mar 2019Precios y desprecios
Freddy Sánchez
Las herramientas legales que hacen falta para que la Guardia Nacional cumpla cabalmente con su cometido de enfrentar a la delincuencia organizada, logrando una disminución sensible en la comisión de los delitos que tanto agreden el bienestar colectivo, requieren la más absoluta claridad y precisión.
Cero ambigüedades que provoquen desviaciones de autoridad en el combate a las bandas delictivas, es indispensable para no dar cabida a excesos en contra de la población civil.
En ese tenor, dos leyes por discutirse y aprobarse en el poder legislativo, son de trascendental importancia y es menester que las normas legales que entren en vigor, ofrezcan la plena seguridad de que ni detenciones arbitrarias ni abusos flagrantes contra los derechos humanos, se cometerán en aras de restablecer la seguridad en México.
Se trata de la ley de registro de detenidos y la ley del uso de la fuerza pública.
Dos grandes vertientes en materia de persecución a la delincuencia que ameritan asumir con especial cautela el otorgamiento de facultades legales que de ningún modo se traduzcan en acciones prepotentes y arbitrarias.
Dejar en claro lo que sucederá con los detenidos, así como la forma legal disuasiva y combativa en la que se podrá actuar contra el hampa, en caso del uso de la fuerza, evidentemente, son cuestiones de vital importancia.
La Guardia Nacional debe gozar de las facilidades indispensables para el cumplimiento de sus tareas persecutorias contra la criminalidad en todas sus modalidades, desde la falsificación, tráfico de drogas, trata de blancas, secuestros, robos, homicidios, entre otras conductas criminales, porque de lo contario, los hampones seguirán muy por delante en su capacidad de delinquir y evadir las acciones de la justicia.
El hecho de que en varios sexenios, a pesar de los logros contra los grupos delictivos, mediante la captura de importantes operadores del narcotráfico y otras figuras delictivas, las organizaciones dedicadas a la comisión de delitos más que replegarse se expanden a sus anchas en territorio nacional, obliga a cambiar de tácticas oficiales para combatirlas.
De ahí que la Guardia Nacional requiera no solo de la confianza ciudadana y del apoyo del gobierno federal para contar con los equipos y el financiamiento necesario para el buen desempeño de sus funciones, sino que ambas cosas deben complementarse con las leyes que cambien la capacidad de acción por parte de las instituciones hasta lograr que con nuevas facultades y técnicas contra las mafias se logre su verdadero desmantelamiento.
Por eso es preciso, que se legisle en materia de uso de la fuerza pública, emparejando el piso en la lucha contra los criminales, definiendo claramente qué sí se puede o qué no se puede hacer en defensa de la integridad de los elementos a cargo de restablecer la seguridad.
En ese aspecto, lógicamente, contar con una ley para el registro de los detenidos, a fin de saber quiénes son, desde cuándo, cómo y en dónde se los tiene cautivos, debe ser parte de las medidas oficiales para evitar abusos de autoridad.
Por lo demás, resulta conveniente que la ley de extinción de dominio, que será la fórmula legal para expropiar bienes mal habidos de la delincuencia, igual se someta a los ajustes y precisiones pertinentes para que en realidad sirva a los fines de convertirse en el instrumento fundamental en la lucha contra las mafias criminales.
Un propósito que requiere mano de hierro con guante blanco.
Es menester entonces garantizar con la aprobación de las leyes de apoyo para que funcione la Guardia Nacional, una legislación que le pueda dar efectividad a la lucha contra el crimen organizado sin propiciar ni solapar abusos policiacos.