Descubrir la mano detrás de los “sicarios”
Miguel Ángel Rivera jueves 5, Sep 2019Clase Política
Miguel Ángel Rivera
“Becarios sí, sicarios no”, dice uno de los “spots” grabados por el presidente Andrés Manuel López Obrador por su reciente informe de gobierno. Pues bien, llegó el momento de demostrar que no son sólo palabras.
Debido a los actos violentos que un grupo de encapuchados ocasionó en las instalaciones de Ciudad Universitaria, sede principal de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el gobierno del presidente López Obrador y de su correligionaria, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, deben demostrar que están dispuestos a llevar a la práctica lo que predican.
Los dos mandatarios, el federal y la capitalina han reiterado que no reprimirán, pero también se han comprometido a castigar a los delincuentes.
Pues bien, a raíz de lo ocurrido en CU el reciente 3 de septiembre, existen evidencias de que los encapuchados cometieron delitos y que deben ser castigados por ello.
Además, es dable suponer que se trata de sicarios, es decir, que reciben instrucciones de otros individuos y esos personajes deben quedar al descubierto para conocer cuáles son sus intenciones y, claro, para que reciban el castigo que les corresponde.
El gobierno de López Obrador está comprometido, también, a demostrar que, efectivamente, no es igual a sus antecesores y este caso de la violencia en CU está “como mandado a hacer”, para que se manifiesten las diferencias.
El anterior ataque de enmascarados ocurrió precisamente el 3 de septiembre de 2018, cuando el desalentado equipo de trabajo del ex presidente Enrique Peña Nieto ya iba de salida y dejaba toda la carga al presidente electo.
En aquella ocasión hubo testimonios, videos y otras evidencias de los transportes utilizados por los “porros” que fácilmente pudieron conducir a quienes financiaron la operación, pero no se llegó a ellos, sólo se castigó, en colaboración con el gobierno capitalino, encabezado entonces por el ahora senador del PRD Miguel Ángel Mancera, a algunos autores materiales.
Si el equipo de Peña Nieto hizo poco o nada, ahora los colaboradores de AMLO tienen la oportunidad de demostrar que, en materia de administración de justicia, hay una verdadera “Cuarta Transformación”.
Aclarar la segunda agresión en CU es mucho más urgente por cuanto la UNAM está en proceso de elegir rector para los próximos cuatro años.
Al respecto, circulan versiones en el sentido de que, al menos, algunas corrientes al interior de Morena, pretenden llevar a su esfera de atracción a la UNAM.
El actual rector, Enrique Graue, tiene muchos simpatizantes para continuar un periodo más, pero la decisión definitiva la tiene la Junta de Gobierno.
Moverle el piso a un rector para tratar de que renuncie o se someta no es nuevo.
Cuando en los años 70 los mercenarios “estudiantes” Miguel Castro Bustos y Mario Falcón se apoderaron de la Torre de la Rectoría y encabezaron un movimiento de “protesta” – que culminó con una “huelga de trabajadores” – contra el rector Pablo González Casanova, la opinión pública señaló como instigador al presidente Luis Echeverría Álvarez, quien pretendía tener el control de todos los sectores de nuestra sociedad, incluido el académico.
Luego de este nuevo ataque, la UNAM condenó lo que calificó como una burda provocación e informó que levantó las actas contra quienes resulten responsables.
La “toma de conciencia” de Muñoz Ledo
Por cuestiones de horario, en la columna de ayer no pudimos dar cuenta de cómo terminó la sesión de la Cámara de Diputados en donde se discutió la iniciativa para permitir que Morena se quedara con la Presidencia y apuntamos que seguramente sería aprobada.
Pero no ocurrió así. Es difícil ser adivino y menos en una situación de conflicto.
Después de horas de escuchar críticas y recriminaciones por haber traicionado sus principios, Porfirio Muñoz Ledo, regresó al máximo sitial del Palacio Legislativo para anunciar que renunciaba a la Presidencia y, obviamente, ya no pretendía la reelección.
El anuncio de Muñoz Ledo dejó algunas dudas, pues en su conferencia matutina del día siguiente, miércoles, el presidente López Obrador calificó de vergonzosa la intención de reformar la ley “a modo”.
La sospecha de que hubo órdenes “de arriba” se confirmó luego de que los “duros” de Morena filtraron una llamada a su coordinador, Mario Delgado – ¿usted le cree? –, de parte de la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, donde hace explícita la inconformidad del Ejecutivo con el intento de perpetuar a Morena al frente de la Cámara de Diputados.
El hecho es que Morena desistió de llevar adelante la controvertida reforma a la Ley Orgánica del Congreso de la Unión, pero al mismo tiempo confirmó su negativa a cederla al PAN, pues hubo otra votación, donde nuevamente la mayoría “morena” rechazó la planilla encabezada por una diputada del partido azul y blanco.
Grupo Azteca desmiente al New York Times
Mientras el presidente López Obrador fortalece los vínculos con el sector empresarial, algunos jugadores políticos buscan debilitarlos. Desde una posición reaccionaria se esfuerzan en atacar a empresarios para mermar su prestigio, esperando que el presidente marque distancia con ellos, comentaron fuentes del Grupo Salinas al desmentir un artículo del influyente diario The New York Times acerca de supuestas irregularidades en la compra-venta de Fertinal.
Las fuentes del Grupo Salinas – que incluye a TV Azteca – indicaron que el diario estadounidense retomó declaraciones inconexas, sin sustento, publicadas y desmentidas en medios nacionales e internacionales, con el único objetivo de mermar la relación de su fundador y guía, Ricardo Salinas Pliego, con López Obrador.
Recordaron que Fertinal, como se ha documentado, al momento de su venta, era una empresa productiva, generadora de empleo y exportadora. Si hoy está detenida, solo puede atribuírsele a la administración anterior de Pemex.
Habría que dilucidar, indicaron las fuentes, por qué hay tanto interés en trastocar la armonía que hay entre AMLO y la iniciativa privada si se están sentando las bases para una renovada etapa de colaboración.
Se equivocan quienes buscan alejar al presidente de los empresarios pues su trabajo conjunto es necesario para lograr el crecimiento y el desarrollo de México, agregaron las fuentes.
Los informantes recordaron que los daños ocasionas por el huracán Juliette, en 2001, obligaron a Fertinal a cerrar su mina en Baja California Sur y la planta en Michoacán. Fue hasta 2008 que sus accionistas solicitaron a Banco Azteca una línea de crédito para reactivar sus operaciones.
Tras un análisis exhaustivo de Fertinal, su capacidad de pago, situación financiera, viabilidad crediticia y activos, Banco Azteca le aprobó un crédito por 400 millones de dólares, el cual le permitió reiniciar actividades hasta convertirse en una empresa líder en la producción de fertilizantes fosfatados. Al momento de su venta, Fertinal exportaba a 25 países y cumplía los estándares de calidad más estrictos.
Más dinero para proteger al campo
La Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero (FND); la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS); y el Organismo Nacional de Fondos de Aseguramiento (OINFA) firmaron un convenio de colaboración con el objetivo de promover el seguro agrícola, ganadero, acuícola, daños, vida y otros, como un instrumento encaminado en aumentar la viabilidad de las operaciones de financiamiento, la protección de los productores y la mejora en su capacidad de pago.
Como parte del Nuevo Sistema de Financiamiento Rural Integral, la FND, colaborará conjuntamente con los fondos de aseguramiento y las compañías aseguradoras, con el propósito de promover el uso de los servicios y productos de seguro, como una herramienta financiera que proporcione certidumbre a la actividad agroalimentaria.
El convenio signado por el director general de la FND, Javier Delgado Mendoza, los presidentes de la AMIS, Manuel Santiago Escobedo Conover, y del OINFA, Juan Pablo Mendoza Molina, busca fomentar la cultura del aseguramiento beneficiando en mayor medida, a los productores del país, así como ampliar en cinco millones de hectáreas la superficie asegurada, la cual, supera actualmente las 10 millones de hectáreas, además de ayudar en casos de desastres.
