Reforma energética pendiente hasta después de las votaciones
Miguel Ángel Rivera miércoles 2, Jun 2021Clase Política
Miguel Ángel Rivera
Mientras está a la espera de que las votaciones del domingo venidero le consoliden una mayoría calificada en la Cámara de Diputados para poder emprender nuevas reformas constitucionales, la llamada Cuarta Transformación tiene que soportar que sus anteriores cambios queden sin efecto, precisamente porque contravienen lo establecido en nuestra llamada Carta Magna.
En ese ínterin, los que son exhibidos como supuestos villanos son los jueces federales que conceden amparos a particulares y empresas que se consideran afectadas por esas reformas que les cambiaron las reglas de juego sobre las cuales planearon y realizaron sus inversiones.
Esto es particularmente efectivo en el caso de Petróleos Mexicanos (Pemex) y a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), las dos grandes empresas nacionales en materia de energéticos, que deben respetar los principios de libre mercado, aprobadas en anteriores sexenios precisamente con la finalidad de atraer inversiones privadas en la explotación de hidrocarburos y en la generación de electricidad para los cuales no tenían capacidad esas instituciones ni el gobierno federal.
Con la suspensión definitiva o provisional de las reformas impulsadas por la llamada Cuarta Transformación (Morena y satélites), por ejemplo, Pemex debe cumplir con las reformas de 2014 que le obligan a vender parte de sus productos a empresas particulares que a su vez los llevan hasta los consumidores finales, por lo cual obtiene una utilidad. CFE, por su parte, está obligada a comprar la energía generada por plantas de energía limpia propiedad de particulares, nacionales y extranjeros, proceso que en opinión del presidente Andrés Manuel López Obrador y sus colaboradores imponen una excesiva carga financiera a la empresa nacional, que así no tiene capacidad para reinvertir y mejorar o crear nuevas plantas generadoras.
Se trata de los jueces federales Juan Pablo Gómez Fierro y Rodrigo de la Peza López Figueroa —titulares, respectivamente, de los juzgados segundo y primero de distrito especializados en competencia económica, telecomunicaciones y radiodifusión— los cuales concedieron suspensiones contra la Ley de Hidrocarburos (LH) y el acuerdo de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), conocido como “Ley Nahle”, con lo cuales el gobierno de la llamada Cuarta Transformación pretendía revertir la anterior reforma energética, en particular el sistema de “regulación asimétrica” que se impuso Pemex debido a que se le atribuye un efecto monopólico en el mercado de combustibles.
Lo peor es que, al contrario de lo usual en materia de amparo, que era proteger sólo a persona física o moral que interponía la demanda, en este caso los jueces determinaron que suspensión de la aplicación de las leyes impugnadas tuviera aplicación general.
Especialistas en Derecho Constitucional estiman que, cuando estos amparos sean revisados a fondo, los ministro de la Suprema Corte de Justicia darán la razón a los jueces de distrito porque las normas combatidas contradicen principios constitucionales y la única salida que tendrá el gobierno del presidente López Obrador es ordenar a sus huestes en el Congreso de la Unión emprender una nueva reforma a la Carta Magna.
Para ello, la llamada 4T requiere de una mayoría calificada que deberá provenir de las votaciones del domingo venidero. En el Senado, el coordinador de la bancada de Morena, Ricardo Monreal, tendrá que hacer efectivas las negociaciones que ya lleva adelantadas para romper el bloque de contención y conquistar el respaldo de legisladores de oposición de que debe preservarse la posición dominante de Pemex y CFE.
La Cofece intentará anular prácticas monopólicas
El aspecto legislativo y las eventuales reformas constitucionales no constituyen el único frente en el esfuerzo por conseguir que operen realmente los mecanismos reguladores derivados de la verdadera libre competencia. También se debe impedir que otros agentes económicos aprovechen en su beneficio los controles que se han impuesto a la empresa petrolera nacional.
En este sentido, es de tenerse en cuenta el anuncio de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) —uno de los repudiados organismos autónomos por parte del presidente López Obrador— de realizar una investigación acerca de supuestas prácticas monopólicas de las empresas privadas que surten de gas LP a los hogares en gran parte de la República.
De acuerdo con denuncias recibidas por las autoridades, las empresas del ramo, en vez de competir con mejores precios, se han amafiado para repartirse sectores del mercado y para fijar los precios de venta al público, a fin de asegurarse altas utilidades.
“El mercado materia de la declaratoria está relacionado con la venta de gas LP mediante recipientes portátiles (cilindros) y auto tanques (pipas), que surten a los domicilios y negocios que cuentan con tanques estacionarios. Por tanto, excluye la distribución por medio de ductos”, dice un comunicado de la Cofece en donde informa de esta verificación.
“Esta investigación se inicia de oficio, derivado de la actividad de monitoreo de los precios en ese mercado, y es independiente y distinta a otros procedimientos que actualmente tramita la Comisión en esta industria. Por un lado, está en la etapa de procedimiento seguido en forma de juicio, es decir ya hay imputados que iniciaron su proceso de defensa, un expediente por la posible realización de prácticas monopólicas absolutas consistentes en acuerdos para manipular precios o repartirse el mercado de la distribución y comercialización de gas LP en el país. Por otro lado, se encuentra en trámite una investigación por la posible realización de prácticas de abuso de poder en la importación, comercialización, transporte, almacenamiento, distribución y expendio al público de dicho combustible”, añade el comunicado.
¿Aceptará la Corte ampliar el periodo de su presidente?
Otro tema pendiente para los ministros de la Suprema Corte de Justicia tiene que ver directamente con la conducción interna de ese máximo tribunal.
Se trata de la llamada “Ley Zaldívar”, el artículo transitorio introducido de última hora por “morenos y asociados” al aprobarse la reforma al Poder Judicial, por el cual se conceden dos años adicionales al ministro Arturo Zaldívar, como presidente de la SCJ, a pesar de que contraviene la Constitución.
En un foro para analizar el tema, juristas y legisladores sostuvieron que se trata de una reforma “abiertamente inconstitucional” y advirtieron que la llamada “Ley Zaldívar” es parte de una estrategia del Ejecutivo para cooptar al Poder Judicial y tenerlo de su lado en temas relevantes para el gobierno federal.
Advirtieron, además, que quienes propusieron y aprobaron el artículo décimo tercero transitorio para ampliar dos años el mandato del ministro Arturo Zaldívar como presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) pueden ser sujetos de responsabilidades.
El caso fue tema de un foro especial organizado por las diputadas Martha Tagle, Pilar Ortega, Verónica Juárez y Lorena Villavicencio, en donde el director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Pedro Salazar Ugarte, alertó sobre la estrategia de confrontación, presiones y amenazas del gobierno federal para socavar la autonomía del Poder Judicial.
“Todas estas advertencias las hemos visto retórica, discursivamente y en los hechos desde el Poder Ejecutivo hacia la autonomía Poder Judicial (…), así que no es teoría, es una estrategia documentada en gobiernos hegemónicos para capturar, neutralizar, cooptar a la judicatura y a quienes tienen la tarea de salvaguardar la Constitución”, remarcó el jurista.
En el seminario virtual “Autonomía e independencia judiciales, división de poderes y democracia” el catedrático Hugo Concha coincidió en señalar la probable intención del Ejecutivo de “capturar” al Poder Judicial e inclinar las decisiones de los ministros a favor del gobierno federal.
Además, advirtió que legisladores y funcionarios que juraron cumplir y hacer cumplir la Constitución podrían ser sujetos de responsabilidad. Cuidado, porque cuando un funcionario no cumple con lo que tiene ordenado, entre otras cosas proteger a la Constitución, es sujeto de responsabilidad”, sostuvo Concha.
