Ultraje democrático
Freddy Sánchez martes 2, Ago 2022Precios y desprecios
Freddy Sánchez
Como experimento democrático, previo a la discusión sobre una reforma electoral, las elecciones internas de Morena dejaron en claro lo que unos aseguran, otros niegan y unos más cavilan y dudan qué tan cierto podría ser.
La descarada y tramposa manipulación electoral en manos institucionales y morenistas, sin la presencia nacional del INE.
Lo que por supuesto igual podría ocurrir si el Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Federal Electoral fueran sustituidos por nuevos órganos oficiales o autónomos con presencia predominante en cargos de consejeros o magistrados de aliados partidistas, empleados de empresarios o peor aún: sirvientes del crimen organizado.
De modo que si alguna lección a tomar en cuenta ha dejado el proceso interno morenista para la designación de sus futuros consejeros, es que entre más “manoseo” se pueda dar en los manejos y controles de los procesos electorales por parte de uno o varios grupos políticos con intereses de “llevar agua a su molino”, inevitablemente habrá trampeo, chanchullos y un sinnúmero de maniobras truculentas para un fin indeseable.
De que la fuerza política, empresarial o criminal que mayormente logre imponer su voluntad en la nominación de encargados de asuntos electorales para resolver controversias y dictar medidas de cualquier naturaleza a favor o en contra de intereses partidistas, inequívocamente contará con una especie de “títeres” manipulables al servicio de sus “amos”.
Por eso es de fundamental importancia que el Instituto Nacional electoral y el Tribunal Federal Electoral, en caso de tener que sujetarse a reformas constitucionales que modifiquen sus esquemas de funcionamiento, mantengan al máximo posible sus características de independencia, autonomía, imparcialidad y respeto por la ley en acciones de cualquier índole.
Y desde luego, que entre más ciudadanización haya en los puestos de consejeros y magistrados electorales, menos riesgos se correrá de que las instituciones electorales en operación actualmente o las que pudieran sustituirlas más adelante, incurran en actos propios de la complicidad y el encubrimiento para bien de tal o cual grupo que desde el exterior influya en sus decisiones.
De modo que no bastaría que los responsables institucionales en tareas electorales tengan la calidad de ciudadanos, sino que en realidad sean independientes y por lo mismo, no ligados de ninguna manera a las estructuras del poder público, organizaciones partidistas o cúpulas empresariales ni mucho menos mafias de la delincuencia organizada.
He ahí pues, el punto más sensible e importante en cualquier intento de modificar la constitución en materia electoral, porque de obrar sin especial meticulosidad para impedir que una u otra fuerza con gran poder político, económico o delictivo cuente con aliados, (“mascotas”, “paleros”, o “corcholatas”), en el manejo de los asuntos electorales, obviamente, la democracia perdería capacidad para representar los intereses populares.
Y si de por sí existen resquemores con las conductas de no pocos funcionarios electorales en los tres niveles de gobierno, más desconfianza en esos personajes habría de darse un “golpe mortal” al manejo de los procesos electorales en México, que si bien en la actualidad no son ajenos a deficiencias e irregularidades de distintos tipos, sin duda son menos deplorables de lo que serían estas actividades en manos exclusivas de cualquier camarilla deseosa de poder y más que dispuesta a “atropellar” los intereses de la sociedad.
Bajo esta perspectiva es de demandar a los legisladores que si en verdad no quieren actuar como “traidores a la patria”, se esmeren en proteger en caso de una reforma electoral la autonomía e independencia de las instituciones electorales, puesto que solamente de ese modo se impedirá el surgimiento de nuevas y quizás peores formas de manipulación electoral en el país.
Los traidores serán pues lo que permitan que mediante normas legales a modo de intereses facciosos se incurra en un ultraje democrático.