La pena de muerte
Alberto Vieyra G. lunes 27, Mar 2023De pe a pa
Alberto Vieyra G.
¿El gobierno de Andrés Manuel López Obrador reanudó con “El Chueco” la pena de muerte en México? ¿Cuántos chuecos más correrán la misma suerte que José Noriel Portillo, el asesino de los curas jesuitas en Chihuahua? ¿México vive otra era de “mátenlos en caliente y después viriguan”? ¿Con las ejecuciones clandestinas se hace justicia en la nación azteca? ¿Quién o quienes fueron los asesinos de “El Chueco” y por qué los gobiernos federal y de Chihuahua dan por concluido el macabro suceso de la Sierra Tarahumara?
Vaya preguntas con las que algunos de mis tres lectores y radioescuchas me ponen a parir chayotes.
La pena de muerte en México, por decreto de Vicente Fox, fue suprimida en el Código de Justicia Militar, sustituyéndose por la pena de prisión y la Constitución fue reformada en 2005 para prohibir expresamente la pena de muerte. En el artículo 22 de la Ley Fundamental se señala que: Quedan prohibidas las penas de muerte.
Durante el porfiriato la temible policía rural aplicaba en prácticamente todos los casos la llamada ley fuga y muchos de los delincuentes y hasta inocentes eran asesinados por la espalda y justificaban el hecho macabro diciendo que “el reo intentó pelarse”.
¿Sería el caso de “El Chueco” o fue ejecutado por sicarios al mando de sus jefes o por policías y soldados del ejército federal? ¿De qué calibre fueron los plomazos que recibió y cuántos fueron? ¿No le parece a usted que el gobierno de la República se metió en un lío, principalmente con Iglesia católica, sí, la Compañía de Jesús a la que pertenecían los curas jesuitas, Javier Campos y Joaquín Mora? ¿Con la extraña ejecución de “El Chueco” se da por caso juzgado ese asunto de grueso calibre?
Por demás ingenua resultó la declaración de la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, cuando dijo que el asesinato de El Chueco, “es respuesta a los operativos coordinados. No se dio por magia: Es parte de la investigación y los operativos que se han realizado…”.
Por su lado, el presidente AMLO presumiría en la mañanera de el jueves y sin que ningún reportero le preguntara sobre la ejecución de “El Chueco”, se apresuró a declarar: “Bueno, miren, se confirmó que sí es José Noriel Portillo Gil la persona que encontraron muerta en Choix, Sinaloa, una comunidad rural. Ya se confirma por los estudios. Me acaban de pasar la información”.
Pero, para la Compañía de Jesús el caso de “El Chueco” no queda cerrado y seguirá siendo para el gobierno de AMLO una molesta piedra en el zapato, pues advierten: “Su aparición sin vida de ninguna manera puede considerarse como un triunfo de la justicia ni como una solución al problema estructural de violencia en la sierra Tarahumara. La ausencia de un proceso legal conforme a Derecho con relación a los homicidios implicaría un fracaso del Estado mexicano frente a sus deberes básicos y confirmaría que en la región las autoridades no detentan el control territorial”.
Mientras el gobierno de AMLO no encuentre al asesino o asesinos de “El Chueco”, José Noriel Portillo, estaremos en México en la hipotética idea de que en México se reanudó la pena de muerte de manera clandestina lo que pondría a la nación a la par de los países barbaros como la India, Irán, Estados Unidos, China y otros más en donde la vida no vale nada.