Senadores oficialistas retan al Poder Judicial al mantener incompleto al INAI
Miguel Ángel Rivera jueves 7, Dic 2023Clase Política
Miguel Ángel Rivera
Simulación, engaño, trampa, chicana… los adjetivos son muchos. El hecho es uno: Los senadores oficialistas escenificaron ayer una pantomima para encubrir su incumplimiento de nombrar un comisionado (faltan tres) del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y dejar evidencia de que cumplen al pie de la letra los mandatos que reciben desde Palacio Nacional.
Es bien sabido que el presidente Andrés Manuel López Obrador repudia al INAI, como a muchos otros organismos autónomos, porque le obliga a informar al pueblo cómo ejerce el presupuesto y, en particular, cuánto destina a sus obras insignia (el Tren Maya, el Corredor Interoceánico del Istmo y los aeropuertos de Palenque, Chetumal y Tulum), a las cuales ha clasificado de “seguridad nacional” sea para ocultar información.
Claro, el jefe del Ejecutivo federal ha negado que su interés sea ocultar la información y que sólo trata de protegerlas de sus enemigos, como lo dijo en su mañanera del pasado 19 de mayo, cuando argumentó que su decisión es para blindar las obras de “antipatriotas” y “corruptos” que dijo, “son capaces de parar sus obras y cancelar los beneficios para el sureste mexicano”.
“Tenemos que proteger estas obras porque estos insensatos, irresponsables, corruptos, muy antipatriotas pueden parar las obras… Tenemos que proteger, blindar, estas obras de seguridad nacional y de interés público, imagínense los beneficios para la gente del sureste cancelados nada más por capricho de estos fifís, corruptos. Entonces tomamos la decisión en el Consejo de Seguridad Nacional de decretar todas obras de seguridad nacional”.
Por si la justificación presidencial no fuese suficiente, la tarde de esa misma fecha, el Diario Oficial de la Federación publicó el decreto presidencial en el cual se declaran de interés público esas obras consideradas prioritarias por el inquilino de Palacio Nacional. Cabe precisar que el mandato presidencial apareció sólo una horas después de que la Suprema Corte invalidara el decreto anterior que las declaraba de la misma forma.
Aquí es donde confluyen dos de las fobias de López Obrador: su renuencia a dar informes de su actuación —a pesar de que supuestamente ha dado decenas de informes al pueblo— y su repudio a la Suprema Corte de Justicia porque los ministros se niegan a plegarse a sus caprichos.
“¿Qué hora es?” “La que usted diga, señor presidente”
Todo lo contrario ocurre con los senadores del bloque oficialista, Morena, PT y PVEM, que no sólo se apresuran a ejecutar las instrucciones de su líder y guía, sino que inclusive intentan adivinarle el pensamiento.
Esta actitud servil se manifestó a plenitud en la sesión de ayer de la injustificadamente llamada “Cámara alta”, en donde los legisladores oficialistas aparentaron cumplir con su obligación de nombrar a los comisionados faltantes del INAI.
A final de cuentas, nada avanzó. Se cumplió la voluntad presidencial y, además, se intentó simular que se cumplía con un mandato del Poder Judicial Federal, pues hay una sentencia de una juez federal, ratificada por la Suprema Corte de Justicia, que ordena, no sugiere, obliga, a los senadores a nombrar a los comisionados faltantes.
El engaño empezó con la presentación de dos propuestas de la Junta de Coordinación Política, el verdadero (Fuerza y Corazón por México) órgano de gobierno de la Cámara, con la presentación de dos acuerdos supuestamente con la finalidad de nombrar comisionados del INAI.
Uno de los acuerdos, aclaró la directiva de la Cámara encabezada por la morena tlaxcalteca Ana Lilia Rivera Rivera, tiene como finalidad dar cumplimiento a las resoluciones dictadas en el juicio de amparo 1714/2022, correspondiente a la vacante de comisionado Rosendoevgueni Monterrey Chepov; y otro para dar cumplimiento al juicio de amparo 803/2023, correspondiente a la vacante del comisionado Francisco Javier Acuña Llamas, ambas vinculadas por los resolutivos de la sentencia antes mencionada.
Todo bien, en el documento se detallaba el proceso para nombrar nuevo comisionado y lo que procedería en caso de no haber un acuerdo.
Esto último fue lo que motivó la intervención del senador panista Danián Zepeda Vidales, quien se manifestó en contra, pues puso al descubierto la trampa ya preparada.
“Una vez más estamos aquí en el Senado de la República intentando o simulando, diría, que se intenta nombrar el órgano que garantiza la transparencia, el acceso a información y la protección de datos personales en México”, manifestó el legislador, quien luego recordó todo el fallido proceso para llenar las vacantes en el INAI, desde el veto del presidente, hasta las sesiones en donde, oficialmente, “no se pudo llegar a un acuerdo”
“Resulta ser que tenemos como dos años con vacantes en el órgano de transparencia y acceso a información; son varias, tres”, manifestó también Zepeda Vidales, quien recordó que la juez que emplazó al Senado a cumplir con su deber de nombrar a los comisionados faltantes, advirtió que aplicará sanciones.
“Ya me agotaste la paciencia, te doy tres días para que me pruebes lo que están haciendo para nombrar, y si tienes una actitud contumaz, dice, que no es casualidad, es porque han estado retando a la autoridad y diciendo no me puedes obligar, si me retas te advierto que eso tiene una pena de cinco a diez años de cárcel, y te puedo destituir”.
Los senadores oficialistas evidenciaron que, para cumplirle al Presidente, están dispuestos a retar el mandato judicial a pesar del riesgo de perder el cargo y, por eso no aprobaron a ninguno de los aspirantes a comisionados.
Lo notable de las votaciones —pues el subterfugio fue utilizado dos veces— es que pusieron de manifiesto que el acuerdo resultaba imposible, pues más de 50 de los legisladores oficialistas anularon sus votos. No votaron en contra, ni repartieron sus sufragios entre los candidatos para que ninguno lograra alcanzar la meta de las tres quintas partes, simplemente los anularon, en una demostración que no tenían ningún interés por satisfacer la exigencia que les impuso la juez federal.
Los senadores oficialistas se escondieron en la muchedumbre. Con esa tendencia colectiva, le dejan a la juez —en caso de que decida aplicar las sanciones previstas en la ley, como son la destitución e inclusive la cárcel— el dilema de castigar a todos o escoger casos ejemplares. Es más, en las actuales condiciones de nuestro país resulta casi imposible pensar que una juez o inclusive el pleno de la Suprema Corte de Justicia decidan destituir a uno solo de los legisladores. No se olvide que ya tienen un enfrentamiento con el titular del Ejecutivo federal, provocado no por ellos, sino por el presidente López Obrador, pero vigente, y no les convendría distanciarse más del Legislativo, con el cual ya han tenido desacuerdos porque supuestamente se entrometen en asuntos que son exclusivos del Congreso.
Los culpables son las víctimas
En su repetitivo discurso de culpar de todos los males a los gobiernos del pasado, a los conservadores y neoliberales, López Obrador disculpó las fallas del sistema educativo nacional que fueron puestas en evidencia por la prueba PISA que aplica la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en 81 naciones y en la cual México está por debajo de la mitad.
Los resultados exponen que los estudiantes mexicanos retrocedieron su nivel en matemáticas, lectura y ciencias. Eso es algo concreto y ocurrió totalmente dentro del gobierno de López Obrador, pues la anterior prueba se hizo hace tres años. Sin embargo, el inquilino de Palacio Nacional respondió que esos parámetros fueron creados en la época neoliberal.
Las víctimas son esos niños y jóvenes que, al llegar a su edad laboral, tendrán que competir en desventaja frente a quienes saben sumar y restar y que comprenden cabalmente lo que leen y la llamada Nuevo Escuela Mexicana no les ofrece nada mejor.
También resultaron víctimas los jóvenes estudiantes asesinados hace unos días en Celaya, quienes, según el Presidente, murieron por entrar a terreno de una organización dedicada al tráfico de drogas.
No, no dijo nada acerca de la responsabilidad de su gobierno de ofrecer seguridad en todo el territorio nacional, ni tampoco dio cuenta de acciones para castigar a los homicidas.
