Si los científicos no aceptan principios de la 4T, hay que cambiar de científicos
Miguel Ángel Rivera lunes 4, Mar 2024Clase Política
Miguel Ángel Rivera
CIENCIA.– Conjunto de conocimientos objetivos acerca de la naturaleza, la sociedad, el hombre y su pensamiento (Nueva Enciclopedia Larousse).
Creado en 1970, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) nació con la misión de impulsar y fortalecer el desarrollo científico y la modernización tecnológica de México, mediante la formación de recursos humanos de alto nivel, la promoción y el sostenimiento de proyectos específicos de investigación y la difusión de la información científica y tecnológica.
Las principales líneas de acción del Consejo se refieren a la organización de un sistema de otorgamiento de becas-crédito para estudios de posgrado en el país o en el extranjero, al impulso a la investigación científica, al fomento para el desarrollo y modernización tecnológica, a la promoción del desarrollo científico y tecnológico regional, a la coordinación del Sistema Nacional de Investigadores y a la difusión de la información científica y tecnológica.
Es necesario mencionar estos antecedentes, por el reciente anuncio de la titular del mencionado organismo, la doctora María Elena Álvarez Buylla, anunció su renuncia a la Academia Nacional de Ciencias, en lo que resulta el más reciente capítulo del enfrentamiento de la funcionaria con la comunidad científica del país.
Ganadora del Premio Nacional de Ciencias, durante el gobierno del priista Enrique Peña Nieto, a pesar de su aparentemente sólida formación científica, lejos de utilizar los caminos de la ciencia, como es el intercambio de ideas, Álvarez Buyllá recurre, como se acostumbra en su idolatrada Cuarta Transformación, a imponer opiniones preconcebidas.
De acuerdo con su profesión de fe, Álvarez Buylla sostuvo que abandona la Academia Nacional de Ciencias, por ser un organismo privado que “fue capturado por grupos de poder conservadores y usada para golpear al actual gobierno con el propósito de defender intereses particulares so pretexto de la promoción de la ciencia, anulando el interés público”.
A través de las redes sociales, y en una extensa carta pública, donde da cuenta de los avances en la política pública del sector, entre ellas la aprobación de una Ley General en materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación, la funcionaria federal expone que dichos grupos se han opuestos a la construcción del nuevo Conahcyt, que “requirió la transformación radical del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) del periodo neoliberal”.
Los hechos demuestran que son la llamada Cuarta Transformación y la científica Álvarez Buyllá los que llegaron con ideas preconcebidas.
Para empezar, como ha sucedido con otras fallidas promesas de campaña, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador en vez de aumentar el presupuesto para educación y desarrollo de la ciencia y la tecnología, lo ha reducido. Por eso nuestro país aparece entre los últimos sitios entre los países que menos dinero destinan a la formación de sus jóvenes, como lo evidencia el estudio Panorama de la Educación 2023, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), donde México es uno de los tres países, junto con Colombia y Turquía que menos invierte en educación, con un gasto menor a 5,000 dólares anuales por cada estudiante.
En contraste, Luxemburgo, una de las naciones con mayor inversión en este sector, destina 25,000 dólares estadounidenses al año por alumno. En promedio, los países de este organismo gastan 11,400 dólares en educación básica y 13,200 en media superior por cada estudiante.
La UNAM y otras universidades públicas,
las primeras afectadas por los recortes
Desde el inicio del sexenio que está por concluir, con los argumentos de la austeridad y el combate a la corrupción, empezaron los recortes a los presupuestos para educación, ciencia y tecnología.
Al respecto, en el primer año de gobierno de López Obrador (2019) investigadores de la UNAM, UAM, Centros Conacyt, Cinvestav, entre otras instituciones, entregaron una carta en Palacio Nacional, respaldada por más de 11 mil firmantes, en donde demandaban terminar con las reducciones presupuestales del sector y revertir las agresiones gubernamentales de las que han sido objeto.
Los investigadores crearon el movimiento Pro Ciencia (@ProCienciaMx) con el objetivo de sumar a más científicos y generar un impacto mayor. Entre los que encabezaron la manifestación se encuentra Antonio Lazcano, profesor de la Facultad de Ciencias de la UNAM.
Con fecha 16 de diciembre de 2018, es decir, apenas una quincena después del arranque del actual gobierno federal, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) expresó inconformidad con el recorte a su presupuesto.
“La sorpresiva e inusitada propuesta de reducir el presupuesto de la UNAM en más de seis por ciento no corresponde a la trascendente e importante labor de la institución de enseñanza superior más grande de América Latina, ni al esfuerzo cotidiano que realiza para atender a una comunidad de más de 350 mil alumnos, además de que pone en riesgo el adecuado cumplimiento de sus tareas sustantivas de docencia, investigación y difusión de la cultura”, dice la misiva dirigida a la Cámara de Diputado por la Máxima Casa de Estudios, que agregó:
“La Universidad Nacional es una institución comprometida con la formación de los cuadros que el país requiere; con la generación y extensión del conocimiento y la cultura, y ha sabido responder históricamente a las necesidades y a los retos de la nación. Una prueba de ello es que durante el presente año logró incrementar su matrícula hasta el límite de sus recursos y de su capacidad instalada. Representa un proyecto educativo fundamental para el desarrollo de México, para la movilidad social y para los anhelos de mayor bienestar de los mexicanos y las mexicanas. La Universidad de la Nación hace un respetuoso exhorto a los diputados y diputadas para que analicen y hagan las modificaciones necesarias al proyecto de presupuesto elaborado por las autoridades hacendarias, a fin de hacerlo consecuente con el deseo de la población de contar cada vez con una educación de mejor calidad, así como con el compromiso que el presidente de la República contrajo con los rectores de las universidades públicas mexicanas de mantener al menos, para 2019, el mismo presupuesto del presente año, más el porcentaje de la inflación.
La demanda no tuvo ningún efecto. Los diputados oficialistas aprobaron sin cambios la propuesta del inquilino de Palacio Nacional.
El plan preconcebido en los altos niveles del gobierno de la llamada Cuarta Transformación se confirmó con la modificación del Conacyt, al que sin mayor justificación le agregaron las humanidades, para quedar en Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (Conahcyt).
El cambio sirvió para que el régimen se librara de la incómoda vigilancia de instituciones a las que ha acusado de haberse colocado al servicio de conservadores y neoliberales. En el su nuevo Consejo Directivo ya no aparecieron ni la UNAM ni el Instituto Politécnico Nacional (IPN).
En esta transformación participaron la Presidencia, el Congreso y, por supuesto, la directiva encabezada por Álvarez Buylla, pero ella en lo personal tiene en su haber varias acciones como parte de su cruzada contra los “malos” científicos.
Así, se encargó de eliminar a todos los funcionarios y académicos que no comulgan con los principios que pregona la llamada cuarta transformación.
Tal es el caso del mencionado Antonio Lazcano, a quien se quitó de su cargo con el pretexto de haber faltado a dos sesiones de la Comisión Dictaminadora del Sistema Nacional de Investigadores, a pesar de que realizaba actividades académicas y avisó oportunamente al director del Sistema Nacional de Investigadores (SNI), Mario De Leo-Winkler. Todavía más, la titular del Conhacyt desatendió una orden de un juez para reinstalar al destacado científico.
Por si hiciera falta, también son de recordar el desmantelamiento del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE) y el fracasado intento de encarcelar a 31 científicos que supuestamente incurrieron en malversación de recursos. La acusación no estuvo bien sustentatada o falló la “autónoma” Fiscalía General de la República, encargada de llevar la denuncia que nunca se justificó.