Inútiles las elecciones para integrantes del Poder Judicial, todo se decidirá en una tómbola

CLASE Miguel Ángel Rivera

Una muestra más del autoritarismo y la necedad de hacer las cosas (en este caso reformas constitucionales) a la carrera, sin respeto a los principios del Derecho y sin atender las razones de otros sectores de la sociedad.

Nos referimos a los problemas derivados de la renovación del Poder Judicial del país, únicamente sobre la base de las ideas y los proyectos de una sola persona que intentó, con éxito, centralizar todos los poderes federales, sin atender a los principios sobre los que se fundó la República Mexicana: la división del gobierno en tres poderes, Ejecutivo, Legislativo y Judicial, con funciones específicas, pero con igual alcance, de manera que, unos vigilaban a los otros, de manera que se mantenía un equilibrio.

En la práctica, el Ejecutivo adquirió más fuerza, pues el sistema presidencialista hacía y hace que la totalidad de los miembros del grupo dominante se sometan al primer mandatario, quien tiene el privilegio de decidir sobre su destino, ya sea que vayan en ascenso o que llegue el momento del retiro.

También, durante largo periodo desde Palacio Nacional se decidía quienes desempeñarían los cargos de juzgadores, desde los niveles inferiores hasta el máximo tribunal, la Suprema Corte de Justicia, pero por su esmerada preparación académica y profesional y, por su larga duración en el cargo, los ministros podían decidir con libertad de criterio. Además, a partir de la reforma al Poder Judicial durante el gobierno de Ernesto Zedillo, que arrancó en 1994 y, con el agregado del avance de la naciente democracia nacional, los integrantes de ese tribunal constitucional cumplieron en conciencia con su función de poner límites a los otros dos poderes.

Precisamente el ejercicio de esa facultad fue lo que causó molestia en la llamada Cuarta Transformación, en particular en su caudillo, el ex presidente Andrés Manuel López Obrador.

Las primeras manifestaciones de descontento en la llamada Cuarta Transformación aparecieron en las filas del Poder Legislativo, pues senadores y diputados del oficialismo, en su afán de cumplir a rajatabla las instrucciones de su líder y guía se saltaron procedimientos, además de aprobar reformas que contradecían los principios de la denominada Carta Magna.

Los legisladores oficialistas llegaron al grado de acusar a la Suprema Corte de invadir sus funciones, por considerar que las sentencias del máximo tribunal al interpretar los principios constitucionales en realidad creaban o modificaban leyes.

Esas protestas no fueron a más porque no había recurso contras las sentencias del Tribunal Constitucional, pero Morena y sus aliados en el Congreso aguardaron el momento de tomar desquite.

Las decisiones de la Suprema Corte de declarar inconstitucionales algunas de las modificaciones intentadas por la llamada Cuarta Transformación causaron mayor impacto en Palacio Nacional, en donde su ex inquilino, primero, intentó debilitar al máximo tribunal introduciendo quintacolumnistas o “caballos de troya”, aprovechando la facultad presidencial de proponer a los candidatos a ministros, cuya aprobación estaba asegurada por una sumisa mayoría en el Senado. Pero ni eso le funcionó al jefe del Ejecutivo, pues los primeros juristas a los que promovió respetaron el principio de autonomía y votaron en conciencia, apegados a lo que establece la Constitución.

Ya muy cerca del final del anterior sexenio, el Ejecutivo logró colocar tres piezas incondicionales, pero no fueron suficientes, pues los ocho ministros restantes siguieron en funciones con total independencia de criterio y, por su número, sus sentencias tenían total vialidad.

Ese equilibrio de poderes se hubiese roto a finales del reciente 2024, pues López Obrador hubiera podido colocar a otro incondicional en reemplazo de Luis María Aguilar Morales, cuyo encargo de quince años finalizaba el 30 de noviembre.

Pero el líder de la 4T optó por una acción más radical. Propuso una reforma constitucional para transformar por completo del Poder Judicial, que presentó como una medida democrática, al proponer que los cargos de juzgadores sean elegidos mediante votación universal.

Como reformas anteriores, estos cambios también fueron aprobados a toda prisa y sin atender las opiniones de expertos que advertían acerca de violación de principios constitucionales y la generación de mayores problemas que los existentes. Menos, se escucharon las quejas de la declinante oposición.

El resultado fue una reforma con errores y enormes vacíos, que fueron admitidos inclusive por el entonces coordinador de los senadores del oficialismo y ahora con el mismo cargo, pero en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal.

Por ejemplo, había contradicciones acerca de la forma de elegir y el periodo que debe cumplir el presidente de la nueva Suprema Corte de Justicia. Esto sin mencionar el grave reto que significa para el Instituto Nacional Electoral (INE) realizar tan complicadas elecciones y sin el suficiente dinero para capacitar personal o instalar el suficiente número de casillas, pues su presupuesto fue recortado por los diputados del oficialismo a la mitad, aunque a últimas fechas se han iniciado negociaciones para asignarles partidas adicionales, pero sin llegar al total de lo solicitado en principio.

Los errores han sido corregidos sobre la marcha o simplemente obviados, con el resultado de que no se sabe bien a bien si el Poder Judicial está en activo o simplemente está en receso, pues ni el Ejecutivo ni el Legislativo acatan sus mandatos.

Precisamente de este vacío, viene uno de los problemas que tienen semiparalizado el proceso para designar a los futuros juzgadores que saldrán de las elecciones programadas para junio venidero.

Varios jueces federales han concedido amparos (suspensiones de las leyes) contra aspectos de la mencionada reforma al Poder Judicial, pero tales fallos no han sido acatados ni por los legisladores federales ni por el gobierno, cuyos representantes alegan que los tribunales no tienen facultades para revisar temas electorales.

En cambio, la Suprema Corte de Justicia ha respetado tales decisiones de sus compañeros del Poder Judicial, al que pertenecen, y por tanto han dejado en suspenso el proceso para proponer candidatos para llenar los sitios vacantes que dejaron jueces, magistrados y ministros obligados a renunciar como resultado de los cambios constitucionales impulsados por la llamada Cuarta Transformación.

La posición del oficialismo ha sido respaldada por un incondicional e incompleto Tribunal Electoral, el cual ha ordenado continuar con el rebuscado proceso para nombrar a los candidatos que deberán aparecer en las boletas que se usarán para las mencionadas elecciones de junio venidero.

Cabe recordar que el mencionado Tribunal es parte del Poder Judicial y que, efectivamente, es la máxima instancia en materia electoral, así que esto ha causado en enfrentamiento interno, que se inició desde que caudillo de la llamada Cuarta Transformación ordenó a sus huestes dejar incompleto ese organismo.

Con el pretexto de la austeridad, el anterior gobierno federal incumplió su responsabilidad de nombrar a los siete magistrados integrantes de la Sala Superior del Tribunal, que tuvo que sesionar con sólo cinco miembros.

El motivo para no llenar este vacío se apreció cuando esa Sala Superior validó la asignación de senadores y diputados de representación proporcional acordada por un también incondicional INE que le dio a Morena y socios una amplia mayoría (que no obtuvo en las casillas) que, a su vez, permitió al oficialismo realizar las reformas constitucionales que padecemos en la actualidad. Vale precisar que son tres los magistrados que siempre están del lado del oficialismo, mientras que sólo dos mantienen la independencia de criterio, pero siempre superados en número.

Como los ministros de la Suprema Corte no acataron la orden del Tribunal, ahora los tres magistrados del oficialismo le dieron la vuelta y ordenaron que el Senado sustituya al Comité de Evaluación del Poder Judicial.

En realidad, todo resulta una pantomima, pues, primero, todos los elegidos por los senadores serán incondicionales de la 4T y, a final de cuentas, los nombres de los aspirantes saldrán de una tómbola, como lo dispuso, también, el Tribunal Electoral.