Sin respaldo en alguna ley, el TEPJF se erige en máxima autoridad
Miguel Ángel Rivera, Opinión miércoles 12, Feb 2025CLASE POLITICA Miguel Ángel Rivera
Para cumplir con los principios de la igualdad de género y con el lenguaje inclusivo, vale recurrir a la “décima musa”, sor Juan Inés de la Cruz, para juzgar a los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal (TEPJF) que intentan silenciar a los ministros de la Suprema Corte de Justicia.
La estrofa que viene al caso es la clásica que casi todos hemos escuchado desde la escuela primaria:
Hombres necios que acusáis
a la mujer sin razón,
sin ver que sois la ocasión
de lo mismo que culpáis
Esto porque, ese Tribunal que, como su nombre lo dice, pertenece al Poder Judicial Federal y, por tanto, debería someterse a las reglas que rigen a ese sector del gobierno nacional, para empezar con la Constitución General de la República, pero, en vez de ello, pretende erigirse en la máxima autoridad en la materia.
En efecto, la magistrada presidenta del Tribunal Electoral, Mónica Soto, anunció que este tribunal solicitó a la SCJN que excluya de la discusión del proyecto sobre las suspensiones de la elección judicial, a cuatro ministros, incluyendo la presidenta Norma Piña, por haberse pronunciado públicamente sobre el tema.
A través de una solicitud de recusación y declaratoria de impedimento, el TEPJF busca que la ministra presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña, así como los ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Javier Laynez y Jorge Pardo Rebolledo, se abstengan de conocer y participar en la discusión de este proyecto, por una posible imparcialidad judicial.
El dictamen del Tribunal, sostiene que, el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, quien es autor del proyecto a discutir, “desde un inicio ha mostrado falta de objetividad y de imparcialidad, al haber incurrido en actitudes irónicas y de sarcasmo que han provocado la burla”.
Esta exigencia del TEPJF es el más reciente episodio de un distanciamiento que se inició desde que la mencionada magistrada Mónica Soto Fregoso se asoció con sus pares, Felipe de la Mata y Felipe Fuentes Barrera, para dar un golpe de fuerza contra el entonces presidente del Tribunal Reyes Rodríguez Mondragón, a quien obligaron a renunciar al cargo diez meses antes de concluir su mandato.
El presidente depuesto fue acusado de diversas irregularidades, pero el verdadero fondo de la lucha dentro del Tribunal se apreció de inmediato con un sólo vistazo al calendario electoral: a la nueva presidenta le correspondería encabezar el proceso de calificación de las elecciones federales del pasado 2 de junio de 2024, en el cual se decidieron la Presidencia de la República y cientos de cargos federales más.
Las pinzas se cerraron con la omisión del gobierno federal, incluidos los poderes Ejecutivo y Legislativo, de elegir a los dos magistrados faltantes, pues con cinco que se mantenían en activo se aseguraba la mayoría favorable encargada de cuidar los intereses de Morena y sus satélites.
El derrocado Reyes Rodríguez y la magistrada independiente Janine Otálora fueron incapaces de contener a esa mayoría artificial, como se comprobó cuando los tres incondicionales de la 4T avalaron la asignación de senadores y diputados a favor de Morena y sus rémoras, con una abrumadora mayoría que no lograron en las urnas y que violó el principio constitucional que ordena que ningún partido puede tener una sobrerrepresentación superior al ocho por ciento de su porcentaje de votación nacional emitida; logrado en las casillas.
Sin embargo, como resultado de las decisiones, primero del Instituto Nacional Electoral (INE) -también dominado por mayoría incondicional de la llamada Cuarta Transformación- y luego del TEPJF, Morena y satélites alcanzaron el 74 por ciento de las diputaciones federales y otro tanto en el Senado, a pesar de que su votación sólo alcanzó 54.7 por ciento de los sufragios. Una diferencia de más de 20 por ciento, la cual le permitió al oficialismo alcanzar mayoría calificada en San Lázaro, mientras que en Reforma e Insurgentes (sede del Senado) se quedó un poco corto, diferencia que subsanó al adquirir a tránsfugas de la oposición, ya sea mediante prebendas o con amenazas.
La defensa de la llamada Cuarta Transformación, por parte de esa mayoría incondicional de magistrados del Tribunal Electoral, no se limitó a los temas electorales, sino que se extendió a otros cambios impuestos por la llamada Cuarta Transformación, como es la reforma (desaparición o extinción) de un Poder Judicial independiente, a pesar de ser parte de ese poder fundamental de la República.
Esa reforma al Poder Judicial, generada por el resentimiento del caudillo de la 4T, el político tabasqueño Andrés Manuel López Obrador, porque los ministros de la Suprema Corte, detuvieron algunas de sus reformas por lo mal hechas, con violación de los procedimientos legales.
Como consecuencia, desde diversas corrientes de la sociedad mexicana surgieron protestas y demandas de amparo que fueron atendidas por jueces federales. Pero, como ha ocurrido con mucha frecuencia, durante el actual régimen, esos amparos concedidos por jueces federales no han sido acatados por la llamada Cuarta Transformación.
La Suprema Corte, también dividida por la evidente incondicionalidad de tres ministas, Lenia Batres, Loretta Ortiz Ahlf y Yasmín Esquivel, se negó a avalar irregularidades, inclusive las derivadas de la maltrecha reforma que les endilgó su líder y guía.
Entre los aspectos que dejó pendientes la mayoría independiente de ministros fue la formación de la lista de candidatos a llenar las vacantes que en el propio poder judicial había generado la reforma impuesta por el oficialismo.
Sin que exista una ley o alguna aproximación en esa materia, el TEPJF salió en auxilio de la llamada Cuarta Transformación con un mandato, según el cual, el Senado (Poder Legislativo) debía suplir la ausencia de la comisión especial del Poder Judicial que decidió acatar el mandato de un juez federal que ordenó suspender el proceso de designar candidatos. Inclusive, los representantes del Poder Judicial renunciaron en masa a sus cargos. Fue entonces cuando los magistrados leales a la 4T entraron al rescate y designaron suplente al Senado.
En todo este proceso, el oficialismo, incluidos los magistrados electorales, han acusado a los juzgadores federales, en particular a los ministros de la Suprema Corte de asumir responsabilidades que no les confieren las leyes. Esto ha sido una denuncia reiteradamente expresada en particular por senadores y diputados al señalar que los ministros han asumido la condición de legisladores.
El hecho es que, con la mencionada orden al Senado de suplir a la Suprema Corte en la designación de candidatos a cargos en el futuro Poder Judicial, tampoco aparece en ninguna ley, ni siquiera en la mal hecha reforma promovida por Morena y sus rémoras.
Tampoco tienen autoridad para acallar a los ministros de la Suprema Corte, al tratar de impedirles que opinen acerca de la reforma al Poder Judicial.
Por cierto, en su temida ponencia, el ministro Gutiérrez Ortiz Mena sostiene que todas las autoridades que han incumplido con las suspensiones contra la reforma judicial y la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) han contribuido a demoler el sistema constitucional de México.
Ortiz Mena propondrá a sus compañeros exhortar a todas las autoridades a cumplir con las suspensiones y, al mismo tiempo, ordenar a los jueces de Distrito revisar de oficio si las mismas fueron emitidas adecuadamente.
En esa oportunidad, se habrá de confirmar lo denunciado por Sor Juana: se acusa a otros de incurrir en las faltas que uno mismo comete.
Mientras tanto, surge la oportunidad de juzgar a los funcionarios públicos, en particular a los más inmediatos a los ciudadanos, los presidentes municipales.
En una encuesta realizada por Demoscopia Digital, correspondiente a enero de 2025, la alcaldesa de Valle de Bravo, Michelle Núñez, ha logrado posicionarse entre los cinco alcaldes con mayor aprobación en el Estado de México.
Además, su gestión destaca a nivel regional, ubicándose entre los diez mandatarios municipales mejor evaluados en la quinta circunscripción electoral del país, conformada por Colima, Estado de México, Michoacán y Guerrero, lo que refleja el respaldo ciudadano a su administración y las políticas implementadas en su gobierno.
