La Corte invalida mandato del TEPJF, pero también deja pendientes juicios de amparo

CLASE POLITICA Miguel Ángel Rivera

A pesar de estar prácticamente cesados, los ministros de la Suprema Corte de Justicia dejaron ayer en claro quién manda en esta casa (República).

Dichos miembros del supremo tribunal del país están prácticamente cesantes como resultado de la reforma constitucional diseñada por el cacique de la llamada Cuarta Transformación, el ex presidente Andrés Manuel López Obrador y aprobada a toda prisa por los incondicionales senadores y diputados que gozan de una mayoría calificada que artificialmente los concedieron los sectarios consejeros y magistrados del Instituto (INE) y Tribunal (TEPJF) electorales.

Lo que no se atrevieron los adeptos del actual régimen fue a quitarle a la Suprema Corte la condición de cabeza del Poder Judicial, una de los tres potestades en las que teóricamenre se divide el gobierno nacional, aunque en la práctica el Ejecutivo tiene el control absoluto, como lo demuestra el hecho de que no acata ninguno de los mandatos de los tribunales federales.

Pero los que sí se respetan a sí mismos y a su mandato son la mayoría de los integrantes de lo que queda de una Suprema Corte de Justicia, quienes en apariencia estaban acotados por un mandato del Tribunal Electoral que, a pesar de ser también parte del Poder Judicial Federal pretendieron erigirse por encima de los ministros de la SCJN.

De acuerdo con esa orden, los magistrados electorales pretendían que los ministros declinaran de su facultad de juzgar la irregular reforma judicial impuesta por Morena y sus rémoras con violación a las reglas legales que regulan el proceso electoral, abusos que han generado sentencias de juzgados federales que han ordenado se supenda la aplicación de las nuevas normas impuestas por la llamada Cuarta Transformación, lo que comúmente se conoce como amparos.

Dichos amparos no han sido acatados ni por el Ejecutivo ni por el Legislativo, pues consideran inútil obedecer instrucciones de un órgano de gobierno al que ellos condenaron a la extinción, pues está en proceso una atropellada elección, programada para el 1 de junio venidero, de la que saldrá la mitad de los integrantes de los tribunales federales, integrados por nuevos partidarios de la llamada cuarta transformación, surgidos de listas de leales debidamente seleccionados por el oficialismo.

Los magistrados electorales afiliados al oficialismo -con una mayoría artificial creada por el Ejecutivo y el Legislativo al incumplir su obligación de nombrar a los magistrados faltantes- el TEPJF pidió que cuatros ministros, la presidenta Norma Lucía Piña, así como  Jorge Mario Pardo Rebolledo, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Javier Laynez Potisek se excusaran de participar en el proceso  por haberse pronunciado abiertamente contra la reforma judicial, de manera pública, incluso participando en manifestaciones.

Lejos de acatar un mandato de un Tribunal de menor alzada -aunque sea la máxima instancia en materia electoral-  los ministros autónomos de la Suprema Corte decidieron en sesión de ayer rechazar el mandato del TEPJF, por considerar que ninguna ley les impide participar en ese juicio.

En particular, la repudiada por la llamada Cuarta Transformación presidenta de la Corte, Norma Piña, puntualizó que el alto tribunal no va a revisar la reforma constitucional sino las sentencias relativas los mandatos de detener el proceso de elección de los candidatos a juzgadores federales.

De esta manera, a pesar de tener a la resitencia dentro de sus propias filas -tres ministras incondicionales de la 4T, Lenia Batres, Loretta Ortiz y Yasmín Esquivel- el Pleno de la Corte declaró improcedente la solicitud del TEPJF para que cuatro ministros se declararan invalidados para participar en la revisión de los impugnados amparos.

Por mayoría de seis votos contra tres, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró improcedente la solicitud de la Sala Superior del TEPJF, para que cuatro ministros se declararan impedidos de participar en la sesión de este jueves para discutir el proyecto que critica las resoluciones del órgano electoral y da 24 horas a jueces para que revisen sus amparos contra la Reforma Judicial.

En la sesión se votó caso por caso, debido a que la ministra presidenta y los otros ministros impugnados, no votaron en su caso particular.

Por separado, el ministro Javier Laynez rechazó el posicionamiento del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para que él y tres ministros más sean excluidos de la discusión sobre la elección judicial por pronunciarse en contra y pidió que, en todo caso, el impedimento aplique para todos.

En entrevista para Radio Fórmula, Laynez dijo que la exclusión debería aplicarse para todos los ministros, debido a que todos han emitido opiniones al respecto.

También mencionó que “curiosa o convenientemente” la recusación de parte del TEPJF se da por opiniones vertidas en contra, pero que también debería de aplicar a las ministras Lenia Batres, Loretta Ortiz y Yasmín Esquivel, quienes están como candidatas en la elección judicial y se han pronunciado al respecto en múltiples foros y espacios.

“Si es por opiniones pues se da para todos los que hayamos emitido una opinión, por eso me parece hasta burdo esta manera de pretender excluirnos a cuatro”.

Las ministras del oficialismo, Yasmín Esquivel Mossa, Loretta Ortiz Ahlf y Lenia Batres Guadarrama se pronunciaron por abrir un incidente de suspensión para confirmar el impedimento de los cuatro impugnados, y por pretender modificar aspectos de la reforma judicial.

Con las nuevas condiciones impuestas por la reforma impuesta por la llamada Cuarta Transformación, la mayoría independiente de ministros decidió seguir adelante con la revisión de los amparos.

Una de las voces decisivas fue la del ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, quien propuso que la Suprema Corte exhorte a todas las autoridades involucradas, incluido el INE, acatar las suspensiones dictadas contra la reforma judicial como “un requisito mínimo de vivir en Estado de derecho”, pues el Tribunal Electoral “es incompetente” para opinar sobre amparos y sus sentencias serían sólo “opiniones de una mayoría”.

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dio este jueves un plazo de 24 horas -a partir de que sean notificados- a todos los jueces de distrito a revocar las suspensiones definitivas contra la reforma judicial que violen sólo el terreno electoral, no en materia de protección de derechos humanos; además, determinó que las resoluciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) “son opiniones que no tienen la capacidad de invalidar órdenes de suspensión en juicios de amparo” contra la elección judicial.

Una vez decidido que no tenían impedimento, los ministros de la Corte entraronn en materia.

De esta manera, fue aprobado por siete votos contra tres el proyecto del ministro Alfredo Gutiérrez que determinó que todas las autoridades responsables en los juicios de amparo contra la elección de jueces, magistrados y ministros (incluido el Instituto Nacional Electoral y el Senado) tomaron atribuciones que no les competen, lo que definió como “un atropello del Estado de Derecho”.

En lo que resultó un fallo “salomónico”, los ministros confirmaron su rechazo a las exigencias de la mayoría oficialista del Tribunal Electoral, también ordenaron a los jueces y magistrados del Poder Judicial revisar sus sentencias de amparo y desechar las que estuvieran relacionadas con leyes electorales, con lo cual decidieron respetar las facultades del referido TEPJF, como máxima instancia en esa materia.

“Las suspensiones de los jueces de amparo estuvieron mal concebidas por versar sobre materia electoral y deben revocarse, pero esto no autoriza a la Sala Superior para irrumpir la cadena impugnativa del amparo”, dijo el ministro Gutiérrez.

Sin embargo, la propuesta no alcanzó el mínimo de seis votos para aprobar el resolutivo cuarto de la sentencia que proponía que la corte “exhortara” a todas las autoridades responsables de la elección judicial a que acaten las suspensiones emitidas por los jueces.

Las ministras Lenia Batres Guadarrama, Yasmín Esquivel Mossa y Loretta Ortiz Ahlf votaron en contra del mismo.

En resumen, el caso todavía no puede considerarse por concluido. Vienen más capítulos.