La oposición reafirma: la reforma del Poder Judicial es profundamente antidemocrática

CLASE POLITICA Miguel Ángel Rivera

Desde septiembre del año anterior, después de que fue iniciada por la Cámara de Diputados, el Senado ratificó la reforma al Poder Judicial impulsada por el ex presidente Andrés Manuel López Obrador, pero de ninguna manera se puede considerar concluida.

Además de los problemas de los cuales he dado cuenta acerca del difícil y embrollado proceso para elegir a quienes serán los nuevos juzgadores, los legisladores federales tienen la responsabilidad de adecuar una serie de leyes secundarias, para rellenar huecos generados por las modificaciones, no siempre bien pensadas, a la denominada Carta Magna.

Explicar esta nueva fase del proceso legislativo le correspondió al diputado morenista Julio César Moreno Rivera, presidente de la Comisión de Justicia. Le correspondió explicar los cambios a la Ley de Amparo, que básicamente consisten en eliminar la facultad que tenía la casi extinta Suprema Corte de Justicia, de declarar inválidas leyes que no respetan los principios constitucionales.

El aplicar esa facultad por parte de los ministros del máximo tribunal, al detener reformas que, a toda costa deseaba imponer el caudillo de la llamada cuarta transformación, fue lo que dio motivo al ex mandatario para impulsar esos cambios que, en el fondo, le conceden al Ejecutivo el control sobre otro de los poderes fundamentales de la República, el Judicial.

Al respecto, el diputado Moreno Rivera recordó que, cuando esta reforma fue revisada en el Senado, le correspondió a la senadora Ernestina Godoy Ramos -ahora con licencia y ahora nombrada Consejera Jurídica de la Presidencia de México, para confirmar a qué intereses responde- justificar tales modificaciones.

El legislador “moreno” recordó que Godoy Ramos (Morena), entonces presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales, aseguró que la selección de las personas candidatas a reemplazar a los juzgadores orillados a la renuncia, “será riguroso y exhaustivo, incluso, se añade además el requisito de ser votada democráticamente mediante elecciones libres”.

También mencionó que otra senadora, presidenta de una de las comisiones dictaminadoras expuso, además, que la iniciativa asegura la autonomía, independencia, la especialidad de los órganos jurisdiccionales, la participación ciudadana y la administración de justicia pronta y expedita.

La obligación de justificar las acciones y decisiones del caudillo de la llamada Cuarta Transformación, justifica esas afirmaciones del diputado Moreno Rivera, pues la realidad – conflictos que todavía no terminan- han puesto evidencia que la reforma fue mal planeada y todavía peor ejecutada.

En su afán de justificar la reforma, el diputado “moreno” comentó también que la iniciativa original “fue enriquecida con más de 100 modificaciones y revisiones”, por lo cual la senadora encargada de justificar los cambios “aseguró que la reforma fortalece la democracia en los asuntos públicos y afianza la división de poderes, ya que el Poder Judicial surgirá de la voluntad ciudadana”.

Agregó que “lo que buscamos (los diputados) en esta comisión es también que el dictamen que presentamos esté a la altura del momento en que nos encontramos, porque es preciso mencionar que estamos en tiempo crucial en la consolidación de un sistema de justicia más eficiente y en sintonía con las necesidades del pueblo de México”.

Los optimistas razonamientos (por llamarles de alguna forma) del diputado del oficialismo, pronto fueron puestos en duda, cuando no totalmente invalidados por los diputados de oposición.

De inicio, el representante de MC, Gustavo Adolfo de Hoyos Walther, refutó: “quiero empezar siendo muy claro, no podemos considerar a esta asamblea constitucionalista y democrática si permitimos que restrinja la justicia constitucional en los términos que lo hacen las iniciativas que hoy discutimos.

“Sería una contradicción patente considerarlos respetuosos del orden constitucional si lo que se pretende aprobar el día de hoy, evidentemente, desconoce y despoja de todo contenido los principios más básicos que sustentan el Estado de Derecho, como son la División de Poderes y la supremacía constitucional.

“Decir que las reformas a la Ley de Amparo y a la Ley Reglamentaria del artículo 105 Constitucional tienen como objetivo proteger la supremacía de la Constitución, es mentirle descaradamente al pueblo de México. Realmente estas iniciativas, como única finalidad, tienen blindar de la revisión judicial las leyes inconstitucionales aprobadas por el oficialismo”, continuó el legislador de MC, quien todavía sostuvo:

La realidad es evidente, no existe una motivación constitucional y tampoco existe una motivación que sea acorde con el principio de progresividad de los derechos humanos. La única motivación que existe detrás de las iniciativas que hoy discutimos es profundamente antidemocrática y anticonstitucional: seguir erosionando los mecanismos de control que previenen la arbitrariedad en el ejercicio del poder y seguir destruyendo el andamiaje institucional del país”.

El diputado De Hoyos todavía mencionó otros aspectos negativos de esta embrollada reforma: “se limita la acción del Poder Judicial, porque jueces y juezas valientes declararon inconstitucionales leyes que violaban el derecho a la protección de datos personales, como lo fue el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil.

“Se rompe el equilibrio de Poderes por la molestia del oficialismo ante la actuación de jueces y juezas valientes que declararon inconstitucionales leyes que violaban el derecho al medio ambiente sano, a la libre competencia y a la concurrencia económica”, aseguró.

En el esfuerzo de evidenciar los negativos de la reforma, el representante del PRI, Arturo Yáñez Cuéllar, de entrada, sostuvo: “si la prioridad de Morena es destruir al Poder Judicial y al Estado de derecho de este país, déjenme decirles diputados del oficialismo que lo están logrando, han puesto primero la agenda del Ejecutivo y han olvidado la agenda de México”.

El legislador del tricolor prosiguió: “no nos vamos a cansar de decirles a ustedes lo que han provocado que es un desastre en el proceso de renovación del Poder Judicial, un desorden como lo ve el pueblo de México con este tipo de leyes.

“No le llamemos Ley de Amparo, llamémosle ley Morena, de verdad de nada les va a servir a ustedes diputados del oficialismo los jueces, los magistrados y los ministros que van a imponer y que públicamente ya se conocen como jueces, magistrados y ministros del bienestar. Si seguimos apoyando estas reformas que vulneran derechos y que son un claro retroceso al Estado de derecho de nuestro país vamos a llevar al país a una incertidumbre.

“Hay que hablarles a los mexicanos con la frente en alto y permítanme explicarles el contenido de esta reforma, cuando un mexicano promueve un juicio de amparo contra una reforma inconstitucional si la corte declara o alguna autoridad judicial declara dicha inconstitucionalidad, los efectos beneficiarían a todas las personas no solo a quien promovió el amparo.

“Ahora, con esta reforma lo que sucederá es que quien tenga dinero va a promover un amparo y lo hará, se declarará inconstitucional, pero los efectos sólo beneficiarán a quien promovió el amparo. Por lo tanto, quién sufrirá más. Lo vamos a decir claro y fuerte, sólo quienes tengan la posibilidad económica pagarán un amparo, pero quienes no lo tengan, lamentablemente, no tendrán acceso al amparo.

“Por ello, en el Grupo Parlamentario del PRI les queremos dejar en claro que no hemos dejado de señalar y lo haremos siempre, estar en contra de estas reformas. Estamos en contra desde el proceso de reforma constitucional. Siguen ustedes, diputados del oficialismo, con la estrategia de poner primero al poder que al pueblo de México”.

Yáñez agregó que, a partir de los cambios propuestos por el cacique de la llamada Cuarta Transformación y aprobados con toda premura por los legisladores de Morena y sus rémoras del PT y PVEM, “el único poder de defensa que tenía todo mexicano era el Juicio de Amparo, y con esta reforma lo van a anular. Siguen en la ruta de la dictadura y se les ha olvidado lo que le prometieron al pueblo de México”.

A pesar de los juicios negativos, a final de cuentas, la reforma será aprobada por la abrumadora mayoría oficialista.